El Consejo de Gobierno de Andalucía ha autorizado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para requerir al Gobierno de España que modifique el reparto del objetivo de déficit fijado para el periodo 2014-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas.
El Consejo también ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de no ser atendido el requerimiento.
Los objetivos de déficit para los próximos tres años fueron establecidos en sendos acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de junio y 12 de julio. A juicio del Gobierno andaluz, no respetan las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo referido al objetivo de estabilidad y a la distribución entre los subsectores de las administraciones públicas: Administración General del Estado y Seguridad Social, y Comunidades Autónomas.
Esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, si bien fija un periodo transitorio en el cual deberá reducirse paulatinamente hasta su desaparición total en 2020, de acuerdo con la senda de reducción fijada en el procedimiento de déficit excesivo que la Unión Europea abrió a España en 2009.
Concretamente, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica recoge que la reducción anual debe repartirse entre el Estado y el conjunto de las comunidades conforme al porcentaje de déficit estructural alcanzado en 2011. Es decir, se regula el esfuerzo que debe realizar cada administración en la reducción del déficit estructural.
Sin embargo, los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros establecen unos objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías. Ante este hecho, el Gobierno andaluz ejercerá las acciones necesarias para que se revisen los acuerdos y para que el Consejo de Ministros fije unos nuevos objetivos ajustados a la Ley Orgánica 2/2012.
El Gobierno central aprobó el Programa de Estabilidad 2013-2016, en el que fijó de manera unilateral su propuesta de reparto vertical, reservándose el margen más amplio de la flexibilización otorgada por lograda por la Unión Europea.
Así, en 2013 el objetivo de déficit inicialmente fijado era del 4,5% del PIB. Tras la flexibilización concedida por la UE, ese tope pasó al 6,5%. De ese margen ampliado (dos puntos), el Gobierno central, junto con la Seguridad Social, decidió reservarse el 70% (1,4 puntos) dejando para las comunidades autónomas el 30% restante (6 décimas).
Para los tres próximos ejercicios, el reparto de los objetivos de déficit se establece del siguiente modo: por un lado, 4,8%, 3,5% y 2,6% la Administración Central y la Seguridad Social, y por el otro, 1,0%, 0,/% y 0,2% las comunidades autónomas.
A juicio del Gobierno andaluz, este reparto sitúa el objetivo de déficit por administraciones muy lejos de la estructura de gasto existente en la actualidad. Además, supone que las comunidades autónomas alcanzarán el superávit estructural a corto plazo, cuando la normativa de estabilidad lo sitúa en el año 2020.
Como consecuencia de este reparto el Gobierno central hace recaer el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, justicia o empleo.
