Una devaluación de 12 por ciento del peso en poco más de una semana trajo de regreso los fantasmas de una crisis como las que tantas veces han vivido los argentinos y puso en primer plano las promesas incumplidas de Mauricio Macri, quien no logra encarrilar la economía, informa Daniel Gutman [1] (IPS) desde Buenos Aires.
El presidente había intentado, en marzo 2018, infundir confianza a una población mayoritariamente castigada por el deterioro del poder adquisitivo del salario, cuando, en su mensaje anual ante el legislativo Congreso Nacional, dio por terminada la época de austeridad: «Lo peor ya pasó y ahora el país va a crecer», anunció entonces, optimista.
Sin embargo, el viernes 4 de mayo de 2018, el gobierno dio a conocer duras medidas de ajuste del gasto público y una significativa suba de las tasas de interés.
El objetivo buscado es contener la creciente desconfianza del poder financiero nacional e internacional, aun al precio de sacar dinero de la calle y postergar para mejor oportunidad los planes de crecimiento.
Las novedades fueron anunciadas un día después de lo que los medios locales llamaron «jueves negro», en el cual el peso argentino se derrumbó siete por ciento en pocas horas y alteró los nervios de buena parte de una sociedad experimentada en sobresaltos cambiarios y que desde hace décadas está acostumbrada a ahorrar en dólares, por la fragilidad de la moneda local.
El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió que las medidas tomadas «pueden generar un menor nivel de actividad», pero explicó que, según el punto de vista del gobierno, no había otra alternativa, ya que «evitar una crisis es lo más importante».
«El gobierno no le habló a la sociedad sino a la corporación financiera. Le pidió que no se vaya y a cambio le ofreció una extraordinaria tasa de interés del 40 % anual y el compromiso de que hará un ajuste más importante del gasto público», dijo a IPS el sociólogo Carlos de Angelis, especialista en opinión pública.
A pesar de los anuncios, el lunes 7 la cotización del dólar volvió a mostrar alzas de más de uno por ciento, lo que arroja incertidumbre sobre la eficacia de las nuevas medidas gubernamentales.
Para De Angelis, la abrupta caída del peso fue una herida en el flanco más fuerte de la construcción política que llevó a Macri a la presidencia, en diciembre de 2015.
«La gente sabía que votaba a un empresario promercado, capaz de resolver los problemas económicos que tanto erosionaron la figura de la presidenta Cristina Fernández (2007-2015), especialmente la inflación», explicó.
Por esa razón, argumentó, «los sucesos de los últimos días fueron un cachetazo a la presunción de que Macri iba a poder ordenar la economía y le produjeron un enorme desgaste político».
Luego de un 2017 que cerró con 25 por ciento de inflación, el gobierno fijó para este año una meta del 15 por ciento. Se trata de un objetivo que ya no podrá ser cumplido, según el consenso de los economistas, debido a que, sólo en el primer trimestre de 2018, el costo de vida en la Argentina aumentó un 6,8 por ciento, de acuerdo a la estadística oficial.
Las consultoras privadas recalcularon sus estimaciones de inflación para este año en las últimas horas y la fijaron alrededor de una tasa anual de 24 por ciento, debido a que históricamente en Argentina las devaluaciones producen aumentos de precios.
Pese a ello, por presión del gobierno, muchos sindicatos acordaron este año con las patronales aumentos salariales de alrededor de 15 por ciento, con lo que se consolida una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En este contexto, «la situación social está empeorando de manera acelerada. Muchísimas familias se están sobreendeudando porque se quedan sin dinero 10 o 15 días antes de que termine el mes», dijo a IPS el académico y político Daniel Arroyo, quien fue viceministro de Desarrollo Social y actualmente es diputado nacional del opositor Frente Renovador, una corriente del peronismo.
Arroyo relativizó el anuncio que el presidente Macri hizo a fines de marzo, de que la proporción de personas en situación de pobreza en el país se redujo a 25,7 por ciento de la población total, contra 30,3 por ciento de 2016.
En números absolutos, 1 900 000 personas salieron de la pobreza, ya que la cifra se redujo de 12 300 000 personas a 10 400 000, en un país con una población de 44 millones de habitantes.
«Esa baja de la pobreza corresponde al segundo semestre del año pasado, cuando no hubo aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la obra pública tuvo un impulso importante», analizó Arroyo.
Sin embargo, «hoy la realidad es otra y se va a agravar porque el gobierno acaba de anunciar un ajuste clásico, que debería resultar en un aumento de la pobreza y la desocupación», dijo.
Entre las nuevas medidas figura una reducción en la meta de recorte del déficit fiscal para este año, del 3,2 a 2,7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Esa baja se logrará con recortes en lo que el gobierno ha promocionado reiteradamente como «el plan de obras públicas más importante de la historia argentina», medida que, según los economistas, afectará a la toda la actividad.
«La estrechez económica complicará al mercado laboral. Además, hay un 35 por ciento de trabajadores que son informales, cuya fuente de ingresos está asociada a la construcción, que ahora va a sufrir», dijo Arroyo.
La cuestión de las tarifas es especialmente delicada. La expresidenta Fernández las mantuvo congeladas durante años y hasta el final de su mandato, gracias a subsidios estatales que hicieron crecer el déficit fiscal, en una decisión que el actual gobierno calificó de «populista».
Desde la asunción de Macri hubo aumentos en los servicios de electricidad, gas, agua y transporte público que en algunos casos superaron 500 por ciento.
En el comienzo de este año los incrementos continuaron y despertaron malhumor social, que se vio reflejado en recientes encuestas que, en promedio, sitúan la desaprobación a la gestión de gobierno en alrededor de 54 por ciento.
Pero el salto de las tarifas también generó cuestionamientos de la oposición y hasta cortocircuitos al interior de la coalición electoral de centroderecha Cambiemos, que llevó a Macri al gobierno.
Los dos socios menores de esa alianza –la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica- reclamaron públicamente al gobierno que revise la política tarifaria.
«Los aumentos de servicios públicos provocaron una transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos hacia las empresas», explicó a IPS el economista Cristian Folgar, especialista en servicios públicos.
«Por eso, aun cuando la economía crece moderadamente, pero crece, la mayor parte de la gente siente que está peor que en 2015. Y, objetivamente, tiene menos bienestar», aseguró.
A su juicio, «el gobierno de Macri alentó expectativas muy altas de que iba a bajar la inflación y a generar una lluvia de inversiones que iban a impulsar la economía sin necesidad de un importante ajuste fiscal».
«Hoy se tiene que enfrentar con sus propias promesas y ha dañado su credibilidad porque la sociedad ya no lo compara con el gobierno anterior sino con las expectativas creadas», cerró Folgar.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
