Bolivia: tres semanas de conflictos sociales en Potosí

Uno de los departamentos más pobres de Bolivia mantiene veintitres días de conflicto con el gobierno de Evo Morales, en procura de la atención al pliego de demandas suscrito el año 2009, entre el Comité Cívico de Potosí (CONCIPO) y el gobierno boliviano, informa Omar Qamasa Guzman Boutier.

Foto elpotosi.net
Foto elpotosi.net

El conflicto social se ha expresado en una huelga general indefinida en el departamento potosino, numerosos piquetes de huelga de hambre y en el bloque de los caminos que comunican a ese departamento, con el resto del país y con las vecinas repúblicas de Chile y Argentina.

En el transcurso del conflicto cerca de cinco mil ciudadanos potosinos traslados a La Paz, ciudad sede de gobierno, han protagonizado violentas manifestaciones, convulsionando a esta ciudad. La más llamativa, se produjo el pasado miércoles 21, mantuvo cercado el edificio del Ministerio de Gobierno y provocó un incendio en la sede de la embajada de Alemania, ubicada en pleno escenario de la convulsión social. Además, se registró la detención de una treintena de manifestantes, el destrozo del edificio del viceministerio de Seguridad ciudadana y lesiones de diversas consideración, entre empleados públicos y manifestantes potosinos.

Evo Morales y la alta política

De acuerdo al viceministro Alfredo Rada, el presidente Evo Morales no podría atender una de las demandas de CONCIPO, consistente en la reunión entre el Presidente y la dirigencia cívica, porque el primer mandatario estaba “para atender asuntos de alta política del país”. Entre las actividades cumplidas por Morales correspondientes a asuntos de “alta política” y por las cuales no podía reunirse con los representantes potosinos, figuraban desplazarse a Buenos Aires (Argentina), para acompañar a la presidenta de ese país en el descubrimiento de una estatua, en los jardines del Palacio de gobierno, la asistencia a concentraciones en pequeñas poblaciones bolivianas para acusar a Chile de estar “detrás de las movilizaciones potosinas” y la disputa de un partido de fútbol de salón, a las mismas horas en las que en La Paz se producían las manifestaciones convocadas por CONCIPO.

El gobierno tampoco viabilizó la mediación de la Iglesia Católica, la Asamblea de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, como posible mecanismo de diálogo entre las partes. Sin embargo, luego de la violenta jordana de protesta del miércoles 21 de julio y después de la liberación, a los tres días, de los manifestantes potosinos detenidos, ministros de Estado y dirigentes cívicos potosinos lograron sentarse en la mesa de diálogo.

Iniciado el diálogo y ante la presión de la dirigencia cívica potosina para el cumplimiento de los acuerdos suscritos el 2009, la ministra de Transparencia dijo que aquellos acuerdos habían sido suscritos en otro contexto, por lo que no correspondía debatir en torno a su incumplimiento. El año 2009, meses antes de las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente y parlamentarios, Evo Morales firmó un pliego de demandas con la dirigencia cívica de Potosí, consistente en 36 puntos y aseguró que durante su nueva gestión los mismos serían cumplidos.

Dilación, por medio del diálogo

Transcurrido los primeras tres días de diálogo y ante el estancamiento del mismo, en los temas considerados estratégicos (el aeropuerto internacional en para la ciudad de Potosí, la aprobación de una política de reactivación minera y la planificación de la red caminera en ese departamento), los desacuerdos distanciaron nuevamente a las partes en conflicto.

Según dirigentes potosinos, el gobierno estaría utilizando el diálogo como medida dilatoria, para obligar a la suspensión de la huelga general indefinida y provocar el fracaso de la movilización. Por su parte, miembros del gobierno aseguraron que el diálogo estaría ofreciendo los primeros frutos para la pacificación de Potosí. Según señaló el vicepresidente, en caso que la dirigencia cívica presente proyectos de factibilidad en las demandas consideradas conflictivas, garantizando la viabilidad económica de los mismos, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de desembolsar los recursos demandados y concluir la protesta.

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