Los parlamentos de América Latina han fallado en proteger los bosques y en garantizar su uso sostenible, a pesar de la existencia de leyes forestales en varios países, aseguraron legisladores de la región durante una cumbre mundial en la capital mexicana, informa Emilio Godoy (IPS).
Entre los temas que exhiben déficits figuran el respeto a los derechos de las comunidades, la asignación presupuestaria para esa protección, la certeza de la tenencia de la tierra, la propiedad del carbono del suelo forestal y el reparto justo y equitativo de los beneficios del aprovechamiento sostenible.
«No tenemos trabajo con las comunidades, ni capacidad técnica para incluir los estándares internacionales, el gobierno es temeroso y está más preocupado en captar inversión extranjera en actividades como la minería, sin ninguna responsabilidad ambiental», criticó ante IPS el senador colombiano Mauricio Ospina, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
Ospina es uno de los cerca de 500 parlamentarios de más de 90 países que participaron en Ciudad de México entre el viernes 6 y el domingo 8 en la segunda Cumbre Mundial de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International).
Esta cumbre de legisladores centra su agenda en la lucha para afrontar el cambio climático, la protección forestal y el capital natural.
Colombia cuenta con unos 60 millones de hectáreas de bosque. El país sudamericano pertenece al Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (ONU REDD), que se lanzó en 2007 y en que participan 18 naciones del Sur en desarrollo.
El programa obedece a que la reducción de estas emisiones es un mecanismo valioso en la lucha contra el cambio climático. Por ello, financia programas nacionales para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.
En el REDD participan la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el PNUMA, (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Su fin es promover la conservación, el manejo sostenible y el aumento de los depósitos de carbono en los bosques existentes.
Los bosques atrapan el carbono de la atmósfera y lo resguardan en sus troncos y en el suelo y de ahí la importancia de evitar la deforestación, pues esta libera ese carbono. Además, los árboles controlan el ciclo hidrológico, al permitir la evaporación del agua y alimentar la lluvia.
En junio de 2013, ONU REDD aprobó cuatro millones de dólares a Colombia para actividades como difusión de información, la construcción de un inventario forestal e identificación de beneficios y establecimiento de salvaguardas sociales y ambientales.
Paralelamente, Colombia desarrolla 10 proyectos REDD+ y otras 23 iniciativas forestales. Desde 2008, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) ha aprobado 3,6 millones de dólares adicionales para el país.
REDD+, el plan de acción de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, es una plataforma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático que incorpora elementos como la conservación y mejoramiento del carbono forestal y el manejo sustentable de los bosques.
Perú también avanza en el diseño para una estrategia de REDD+, con desafíos similares a los del resto de la región.
«Tenemos que trabajar en las comunidades, dando herramientas. Quienes cuidan los bosques son los guardianes y se les debe pagar por ello. Esperamos que las nuevas leyes beneficien esa nueva perspectiva de apoyar a los bosques», declaró a IPS la congresista Marisol Espinoza, del gobernante Partico Nacionalista Peruano.
Perú desarrolla una estrategia nacional REDD+ que tiene el hándicap de carecer de mecanismos de resolución de conflictos referentes a los derechos de propiedad de la tierra, según resalta el estudio «Progreso en la preparación de REDD+ entre países: tiempo para la reconsideración», publicado en mayo en la revista británica Climate Policy y elaborado por 20 especialistas.
En esa nación andina hay 19 proyectos REDD+ y otras 18 iniciativas forestales. Además, está por recibir 3,8 millones de dólares del FCPF.
Los autores, que analizaron los casos de Perú, Indonesia, Vietnam y Camerún, hallaron un progreso evidente en la planeación, la coordinación, la demostración y los planes piloto. Pero la medición del carbono forestal, el reporte, la verificación, las auditorías, el financiamiento, el reparto de beneficios, las políticas, leyes e instituciones enfrentan grandes retos.
Por ello, sugieren repensar la actual infraestructura de preparación de REDD+, «dadas las brechas serias observadas en el tratamiento de los motores de la deforestación y la degradación forestal».
México, que avanza a trompicones en su estrategia nacional REDD+, tiene unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles, que son parte de los territorios de unas 2300 comunidades, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
«Aún quedan importantes pasos a seguir para crear un marco legal que proporcione una base sólida y coherente para la aplicación exitosa de REDD+. La prioridad es apoyar a los productores forestales sostenibles y otorgar facilidades a los pequeños productores», indicó a IPS la diputada mexicana Lourdes López, copresidenta de la iniciativa forestal de Globe International.
López, del Partido Verde Ecologista, promueve la reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de 2003, para disminuir los trámites forestales, fomentar las plantaciones forestales comerciales e intensificar la certificación de buen manejo.
La diputada también quiere regular los negocios madereros, como carpinterías y mueblerías, para identificar el origen legal de la materia prima.
En México hay 11 proyectos REDD+ y otras 38 iniciativas forestales. El FCPF y el gobierno firmaron en marzo un acuerdo por 3,8 millones de dólares para concluir el proceso de consulta y preparación de la Estrategia Nacional REDD+.
El gobierno planea hacer la consulta en el segundo semestre de este año, para que la estrategia comience a aplicarse el año próximo.
La declaración de la segunda Cumbre Mundial de Globe International, a la que tuvo acceso adelantado IPS, solo alude, indirectamente, al tema forestal, al enfatizar en la aprobación de leyes robustas que apoyen el desarrollo sostenible, incluyendo bosques y REDD+.
Los parlamentarios instan a los gobiernos y a la ONU a incidir en organismos financieros internacionales para que los programas ambientales, como REDD+, involucren a los parlamentos nacionales, para «desarrollar capacidades y compartir las mejores prácticas legislativas».
A una consulta de IPS, Rachel Kyte, vicepresidenta de Cambio Climático del Banco Mundial, pronosticó anuncios importantes de los organismos financieros y de las naciones con mayor capital forestal sobre el escalamiento de REDD+, durante la asamblea general de la ONU en septiembre: «Desde diciembre, tenemos más de 300 millones de dólares» para apoyar proyectos forestales, resaltó Kyte.
Para Espinoza, un factor fundamental es que los esquemas de protección forestal no reproduzcan la pobreza.
Un país al que el resto de la región mira es Costa Rica, pionero en el mundo en ponerse como meta la de alcanzar el carbono neutralidad en 2021. Para entonces, emitirá 21 millones de CO2 a la atmosfera, y 75 por ciento de ellas las compensará con la captura de sus bosques, que ya cubren más de 52 por ciento de su territorio.
