Ante la gravísima crisis política que enfrenta Brasil, el Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ( CLACSO) han publicado un comunicado en el que expresan su más enérgico repudio a todo intento de golpe y desestabilización del estado democrático de derecho.
El país que superó la larga dictadura militar y aprobó la Constitución Ciudadana de 1988, no puede sufrir un atentado tan grave a su estado democrático de derecho. Debemos preservar las libertades individuales y colectivas, garantizando una democracia efectiva para todos, sostiene CLACSO.
En el comunicado se recuerda también que América Latina tiene una larga historia de dictaduras militares que acentuaron la represión política y la violación a los derechos humanos, la concentración de la propiedad de la tierra y la desigualdad social, generando siempre el aumento del poder económico de las élites.
Agrega que el combate a la corrupción constituye un deber de las instituciones públicas y privadas, pero no justifica el uso de actos mediáticos que ofenden y atacan la normalidad del estado de derecho. Toda acción de combate a la corrupción debe ser realizada dentro de los límites legales y como parte del proceso de perfeccionamiento de las instituciones democráticas, no de su mayor deterioro.
CLACSO considera que en esta crisis, en Brasil, los principios que deben guiar el ejercicio de la justicia en una democracia republicana han sido maculados por recursos arbitrarios y selectivos producto de discrecionales actos de la autoridad judicial, los que se expresan en filtraciones periodísticas y operaciones policiales divulgadas por algunos medios de comunicación como despreciable recurso de linchamiento mediático, creando factoides políticos dirigidos exclusivamente al Partido de los Trabajadores y al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Y sostiene que «la presidenta de la república ha sido atacada con acciones judiciales arbitrarias y acuerdos políticos revanchistas, que sólo buscan, por los medios y las formas que sean posibles, impedir que Dilma Rousseff concluya el mandato que le fuera investido por el pueblo brasileño».
Y concluye con la exigencia de que se garanticen los procedimientos democráticos básicos, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el derecho a una amplia defensa, sin ceder a la voluntad de un sector del Ministerio Público o de un Poder Judicial que carece de control social. Instan finalmente a que de forma urgente el Consejo Nacional de Justicia asuma sus responsabilidades, preservando el orden jurídico.
