Las redes sociales no son neutras políticamente. Hasta ahora cuadraron con la organización, propagación y movilización de la extrema derecha al punto de parecer indispensables al ascenso de esa corriente ideológica, en Brasil y muchos otros países, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Esa simbiosis recuerda la sintética frase de Marshall McLuhan, el canadiense teórico de la comunicación, «el medio es el mensaje», de gran repercusión desde que el experto publicó el libro con ese título en 1967.
Los medios digitales son más adecuados a las ideas y la desinformación de los movimientos ultraderechistas, que conforman una visión de mundo paralela a la de la civilización construida en cinco siglos de la cultura impresa, del libro, de los ensayos y del periodismo.
Para el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, es la prensa, el periodismo tradicional, que difunde masivamente las noticias falsas. La izquierda es su gran enemiga, incluso porque sería dominante en el periodismo y porque es probablemente la corriente política más libresca en la formulación de sus ideas.
Negar la ciencia, especialmente en relación al ambiente, el cambio climático, la sexualidad y las vacunas, es una característica de su grupo. La consecuencia fue una gran mortandad evitable de la pandemia de covid, que mató más de setecientas mil personas en Brasil, un décimo del total mundial, teniendo solo 2,5 por ciento de la población.
Son los «imbéciles» de la Internet, según el filósofo, semiólogo y escritor italiano Umberto Eco. Para muchos se trata de amenaza al conocimiento, para otros a la democracia. En cualquier caso es un retroceso en la civilización, no solo en las costumbres.
En Brasil el legislativo Congreso Nacional intenta desde 2020 aprobar una ley para imponer reglas a las plataformas digitales, como Facebook, Google, Instagram y X (ex Twitter), como forma de contener las noticias falsas y los mensajes de odio, que abundaron en las elecciones de 2018 en que triunfó Bolsonaro para gobernar el país de enero 2019 a diciembre de 2022.
Regulación inviable
Aprobado en el Senado en 2020, el proyecto conocido como «ley de las fake news (noticias falsas)» se estancó en la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Arthur Lira, decidió suspender sus trámites por considerarlo inviable y crear una comisión para elaborar otra propuesta.
Ante la ausencia de una legislación, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes impuso varias medidas, como la suspensión de decenas de cuentas en las redes sociales cuyos titulares difundieron informaciones engañosas reiteradamente, y multas a las plataformas.
Moraes adoptó tales acciones como relator de la investigación judicial sobre diseminación de noticias falsas, iniciada en 2019.
Asumió el protagonismo en el combate al abuso de las redes sociales y a otros delitos que afectan la democracia al también presidir el Tribunal Superior Electoral desde 2022 y acumular la coordinación de otras investigaciones del STF.
Se convirtió en el «sheriff de la democracia» y en el blanco principal de los ataques de la extrema derecha y asimismo de las críticas a la censura que muchos identifican en sus decisiones.
Los partidarios de Bolsonaro reclaman la inhabilitación de Moraes como juez del STF e incluso su prisión por supuestas violaciones de la Constitución, especialmente de la libertad de expresión.
La oposición a sus medidas se extendió a algunos medios de comunicación. Moraes «reinstituyó la censura previa en Brasil» y adoptó «ordenes secretas» que «prohíben ciudadanos de expresarse en las redes sociales, señaló el diario Folha de São Paulo el 14 de abril.
Sus decisiones podrían justificarse por «el movimiento subversivo» encabezado por el entonces presidente Bolsonaro antes y después de las elecciones de octubre de 2022, que incluía planes de un golpe de Estado, pero no ahora, un año y medio después, arguyó el diario.
«Los imbéciles del bolsonarismo» tienen derecho de «propagar sus tonterías», acotó.
Intento golpista urgió reglas
Las medidas contra esos activistas recrudecieron después de que miles de ellos invadieron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del STF el 8 de enero de 2023 y destruyeron instalaciones, muebles y piezas artísticas para, según los mismos vándalos, provocar una intervención militar y reinstalar a Bolsonaro en el poder.
Por lo menos 1170 participantes en el intento golpista fueron detenidos en el acto y en los días siguientes, la mayoría ya liberados. El STF ya condenó 173 acusados de participación activa en las invasiones y depredaciones.
Pero la regulación de las plataformas digitales y la penalización judicial de las noticias falsas siguen sin una resolución, considerada urgente porque en octubre habrá elecciones de alcaldes y concejales en los 5570 municipios brasileños.
Es un problema en todo el mundo democrático que está disminuyendo, según los institutos especializados, y la difusión de falsedades y odio seria uno de los factores de esa tendencia.
Una ironía es que la tecnología más moderna sirvió a la articulación de una fuerza política visiblemente retrógrada y contradictoria.
La libertad de expresión es ahora una de sus principales banderas, que la acerca de sus opuestos liberales. Y no le importa que la dictadura militar que los bolsonaristas más radicales buscaban restaurar en Brasil sería la negación de cualquier libertad.
Estado laico, aborto permitido en casos de violación, riesgo de muerte materna y feto anencefálico, leyes ambientales, metas climáticas, derechos de las minorías sexuales y educación sexual en la escuela son algunos temas en que los bolsonaristas luchan por retrocesos.
En algunos casos no necesitan del poder ejecutivo para promoverlos, cuentan con fuerte representación parlamentaria y apoyo de otros sectores conservadores para obtener la revocación de reglas ambientales, por ejemplo. En el caso del aborto, jueces y hospitales públicos bajo su influencia o presión están negando el derecho a niñas embarazadas.
En todas sus acciones, la extrema derecha tiene la ventaja del mejor uso de las redes sociales. Es «mi medio», reitera Bolsonaro siempre que las ve amenazadas por intentos de regulación o restricciones a sus usuarios.
«Libertad de expresión no es libertad de agresión», ni de discursos de odio o ataques a la democracia, suele contrarrestar el juez Moraes ante las protestas contra sus medidas consideradas «dictatoriales».
Fuerza electoral comprobada
En 2018, Bolsonaro triunfó sin prácticamente recursos ni la propaganda en cadena nacional de radio y televisión de que disponen los candidatos por el tiempo proporcional al tamaño de su partido.
Postulado por un partido entonces minúsculo, el Social Liberal, aventajó gracias a los medios digitales manejados por una miríada de grupos de apoyo distribuidos por todo el país, con muchas noticias falsas. Obtuvo 57,8 millones de votos, 55,1 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta.
La prédica bolsonarista coreó las creencias y anhelos de amplios sectores rezagados que rechazan los avances de la civilización en temas como la diversidad sexual y étnica, feminismo, drogas, derechos humanos, educación, artes y ambiente. El moralismo contribuyó a una fuerte adhesión de los evangélicos pentecostales y del mundo rural.
Los «valores» que sus líderes consideran innegociables apuntan a seis décadas atrás, antes de las grandes transformaciones de los años sesenta que la dictadura militar de 1964 a 1985 no logró impedir totalmente, pero frenó en parte.
Los medios digitales ofrecieron a los ultraderechistas la posibilidad de aglutinar las multitudes antes dispersas de los conservadores retrógrados, religiosos fundamentalistas y los emprendedores que rechazan el Estado «opresor».
Eso corresponde a casi un tercio del electorado que, en determinadas circunstancias, como los escándalos de corrupción que degradaron la política desde 2014, puede alcanzar la mayoría. El triunfo electoral de la extrema derecha devino una posibilidad real en cualquier momento, como parece ocurrir en muchos países.
La tragedia, que afecta toda la humanidad, es que un gobierno con sus creencias y negacionismos tiende a promover los desastres. Brasil intenta neutralizar sus alcances en las redes sociales: ¿Misión imposible?
