Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la desaparición de personas
El Gobierno de Brasil ha formalizado la entrega protocolaria al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, del instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue formalmente depositado en la Organización el 3 de febrero.
Al entregar en la sede de la OEA en Washington, DC el documento firmado por la presidenta Dilma Rousseff, el Representante Interino de Brasil ante el Organismo, embajador Breno de Souza Dias da Costa, reafirmó el compromiso de su país con los esfuerzos para no practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, y para perseguir a sus actores, cómplices o encubridores. Además, reiteró la voluntad expresa del gobierno brasileño de “ampliar las oportunidades de cooperación con nuestros vecinos para eliminar este delito”.
En un discurso, el embajador Dias da Costa recordó que, como parte de esta Convención, “los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la desaparición de personas y de imponer las condenas apropiadas”, y al respecto informó de que el Congreso Brasileño está trabajando en un proyecto de ley que propone la tipificación del crimen de la desaparición forzada de personas, impone penas que pueden alcanzar 30 años de cárcel y que pone dicho delito al mismo nivel de otros crímenes atroces, como el terrorismo o la tortura.
“La ratificación de esta Convención por parte de Brasil se suma al trabajo de la Comisión Especial sobre Muertes y Desaparecidos Políticos, creada con el objetivo de examinar y reconocer casos de muestres o desaparecidos ocurridos en el país antes de 1988”, explicó, y concluyó expresando que la ratificación de la Convención “pone de manifiesto la voluntad de tomar firmes medidas para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas, lo cual contribuye significativamente a la eliminación de esta práctica en nuestro continente”.
El secretario general Insulza, por su parte, calificó la ratificación por parte de Brasil como “de gran envergadura en el combate de un delito que esperamos esté en el pasado de nuestros países”.
El máximo representante de la institución hemisférica recordó los elementos que constituyen la desaparición forzada de acuerdo con la Convención, entre ellos: la privación de la libertad y presencia una o más personas; los actos cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado; la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona; y el impedimento al ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. En tal sentido, agregó que “esta es una Convención sobre derechos humanos que se relaciona muy directamente con acontecimientos que ocurrieron en nuestra región y que felizmente, en el periodo democrático que hoy vivimos, son de mucha menor ocurrencia”.
Al valorar la iniciativa de Brasil, el secretario general recordó que, tal como lo señala la Convención, “la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza coadyuvante al derecho interno”, y como tal, continuó, “los esfuerzos que realiza Brasil para modificar su legislación y hacer válida esta normativa a nivel interno son de gran importancia”. Además, expresó su deseo de que la ratificación por parte de Brasil ayude para que la iniciativa pueda ser conocida y difundida a los demás países miembros de la Organización.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, durante el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. El instrumento entró en vigor el 28 de marzo de 1996 y cuenta ya con 15 ratificaciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
