En esta columna, Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), analiza para Alai AMLatina los primeros cien días de gobierno de Dilma Rousseff.
Emir Sader
Confiada en las movilizaciones de hace un mes, la oposición convocó a nuevas manifestaciones, pero ha fracasado. Todo había sido preparado de la misma manera, con el rol determinante, una vez más, desempeñado por los medios de comunicación.
TV Globo no transmitió el partido de futbol como tradicionalmente lo hace, en São Paulo, para dejar espacio a la cobertura de lo que creía sería una manifestación todavía más grande que la anterior. Folha de São Paulo publicó una cuestionable encuesta, justo en vísperas de las manifestaciones, intentando animar a los opositores a seguir movilizados.
Pero el fracaso fue rotundo. No hubo nada que se pareciera a lo de hace un mes. En ciudades donde docenas de miles se habían movilizado – como Brasilia o Belo Horizonte o Rio de Janeiro – poca gente se ha dispuesto a hacerlo de nuevo. La Agencia Reuters calculó en 140 mil personas los manifestantes del domingo 12, cifra muy por debajo de lo que había sido calculado para un mes antes. La repercusión general demuestra que el momento más fuerte de la oposición ha quedado atrás.
¿Qué es lo que ha cambiado en este último mes, para que las cosas se muestren ya distintas en Brasil? En primer lugar, el gobierno ha retomado la iniciativa política, avanzando en la recomposición política de sus alianzas. Si hasta recientemente, el PMDB se acercaba a la oposición, el nombramiento de su presidente y vice-presidente de la república, Milton Temer, como coordinador político del gobierno, ha revertido la correlación de fuerzas interna en ese partido, que así se reposiciona dentro de la base política del gobierno.
Por otra parte, hay síntomas de que la situación económica, si bien no presenta todavía señales de retomar el crecimiento, demuestra que el estancamiento va quedando hacia atrás y presenta perspectivas de reactivación en varios sectores importantes. Incluso los niveles de inflación apuntados – muy por debajo de los que Fernando Henrique Cardoso dejó a Lula – no están descontrolados y, sobretodo, el nivel de empleo, a pesar de actitudes de sabotaje de sectores del gran empresariado, no se ha alterado. A pesar del terrorismo económico de los medios de comunicación, las mismas agencias de riesgo han manifestado que la economía brasileña no presenta las fragilidades que la oposición insiste en destacar.
El gobierno, a su vez, ha tomado medidas de simpatía popular, sea respecto a los descuentos del impuesto a la renta, sea en el diseño de la política salarial de aumentos por encima de la inflación, estableciendo un equilibrio respecto a las medidas de ajuste de las cuentas públicas.
Por su parte, el movimiento popular vuelve a ocupar las calles, con movilizaciones nacionales como la del día 15 y una huelga general contra el proyecto de ley de tercerización de la mano de obra que la Cámara de Diputados ha aprobado en primera votación.
Otro factor que ha contribuido al cambio de la situación está el hecho de que Lula ha retomado su actuación como coordinador ad hoc del gobierno y movilizador del PT y de los movimientos sociales. Al mismo tiempo, el gobierno ha hecho nombramientos – en el Ministerio de Educación, en la Secretaria de Comunicaciones y en el Instituto de Investigación Aplicada, IPEA,– de personas claramente identificadas con la izquierda, atendiendo a demandas de ese sector.
El otro factor nuevo ha sido la explosión de los casos de corrupción – cada uno, muy por encima de los costos que envuelven las denuncias sobre Petrobras – tanto del HSBC, como de una gran cantidad de empresarios que han logrado evitar el pago de impuestos con propinas millonarias a funcionarios encargados de recaudar el impuesto a la renta. Así, parte importante de opositores que estaban promoviendo y financiando las movilizaciones en contra de la corrupción, se han visto comprometidos en casos mucho más graves de corrupción, debilitando el ímpetu de la oposición y de las movilizaciones.
El gobierno Dilma ha completado sus primeros 100 días, atravesando crisis de distinto orden: de alianzas políticas, de enfrentamiento con los medios de comunicación y con el gran empresariado. Han enfrentado su peor momento, porque la arquitectura que Lula había montado se estaba deshaciendo. La recomposición de las alianzas con sectores partidarios de centro y con sectores del gran empresariado es lo que está cambiando, permitiendo que el gobierno salga del asedio al que ha sido sometido en su primer momento. El fracaso de las manifestaciones de esta semana confirman las señales de cambio favorables al gobierno.
