La intentona golpista del 8 de enero de 2023 fortaleció la democracia en Brasil, pero quedan por domar los riesgos de la desinformación en las redes sociales y de la intromisión política de los militares, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
«Es el momento de reafirmar la necesidad urgente de neutralizar uno de los grandes peligros modernos de la democracia, la instrumentación de las redes sociales por el nuevo populismo digital extremista», sostuvo Alexandre Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), en el acto en que el lunes 8 se conmemoró el primer aniversario del fracaso de la asonada ultraderechista en Brasilia.
Por las plataformas digitales se propagaron las mentiras para desacreditar el sistema electoral brasileño, en un proceso iniciado en 2018 que culminó en la invasión de las sedes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Brasilia, ante la omisión de la Policía Militar del Distrito Federal que debería proteger la ciudad.
La institucionalidad estuvo pendiente de un hilo en aquel día en que por lo menos cinco mil seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes, para reclamar una intervención militar contra el gobierno investido ocho días antes.
Las decisiones rápidas de algunas autoridades evitaron una tragedia más traumática y cruenta, destacan relatos periodísticos de los últimos días, especialmente el documental «8/1- La democracia resiste», de la emisora de televisión Globo News, exhibido la noche del 7 de enero 2024.
La primera fue la decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de rechazar una operación de Garantía de la Ley y del Orden (GLO), que movilizaría efecticos de las Fuerzas Armadas para restablecer la seguridad pública y reemplazar a una policía desbordada en la capital del país.
Seria entregar el poder a los militares, justificó Lula, sorprendido por la sublevación cuando visitaba Araraquara, ciudad de 242.000 habitantes en el interior del estado de São Paulo, a 670 kilómetros de Brasilia, azotada por lluvias torrenciales que habían destruido calles y matado seis personas.
La GLO es, probablemente, lo que querían provocar los bolsonaristas, como forma de recuperar el poder, al ocupar la llamada Plaza de los Tres Poderes y asombrar el país con la destrucción del patrimonio público.
Éxito sin los militares
Lula optó por decretar la intervención en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para obligar a la policía local a cumplir su misión de proteger la capital, desalojar a los invasores y detenerlos.
Ricardo Capelli, viceministro de Justicia y periodista especializado en administración pública que ya había ejercido algunas funciones en el gobierno, nunca en el área de seguridad pública, se reveló como un interventor eficaz.
Logró en pocas horas poner en operación los efectivos policiales necesarios para acabar la invasión y detener a 243 invasores en flagrancia, con la ayuda de los guardias del Senado y de la Cámara de Diputados, que resistieron la invasión, pero solo pudieron evitar la destrucción de algunas partes.
Otros 1927 fueron detenidos en el campamento delante del Cuartel General del Ejército, donde miles de activistas de la extrema derecha bolsonarista se habían turnado setenta días para reclamar un golpe militar.
A ese campamento se sumaron cerca de cuatro mil personas venidas en la víspera, desde distintas ciudades del centro-sur de Brasil, para la invasión de los Tres Poderes, en la operación denominada «la fiesta de Selma» fijada para e domingo 8 de enero de 2023.
Para allá regresaron la mayoría de los invasores echados de los Tres Poderes y es donde se produjo la situación más tensa y peligrosa del drama, tarde en la noche del 8 de enero, «el día de la infamia» como pasó a conocerse.
Confrontación y negociación
El entonces comandante del cuartel, general Gustavo Dutra, desplegó cerca de doscientos soldados armados y algunos vehículos blindados, en aparente protección del campamento, y dijo que no permitiría la entrada de los policías para arrestar los activistas.
Arguyó que podría ocurrir un «baño de sangre» en la semioscuridad del campamento y con algunos acampados ya borrachos y armados de cuchillos.
A la negociación atascada entre Capelli, como jefe de los policías, y el general, se sumaron el ministro de Justicia, Flavio Dino, el de Defensa, José Mucio, y el de la Casa Civil, Rui Costa, quienes arribaron al cuartel, además del presidente Lula, en comunicación por teléfono.
También participó el entonces comandante del Ejército, general Júlio César Arruda, el principal jefe militar, quien manifestó su disposición guerrera al decir que «tengo más hombres armados que ustedes», durante el tirante y prolongado diálogo que, por suerte, terminó con un acuerdo.
La detención de los acampados se pudo hacer a las 06:00 horas locales del día siguiente, es decir una seis horas después, tiempo que se supone permitió la fuga de muchos golpistas, especialmente militares y sus parientes. Se sabía que por lo menos en algunos momentos allí estuvieron incluso familiares de generales.
El acuerdo, que se puede encarar como una rendición del actual gobierno a los generales que durante setenta días permitieron que sus cuarteles sirvieran a las manifestaciones golpistas, por lo menos evitó un desenlace más trágico, probablemente cruento.
También es notable que en todo ese drama, concentrado en menos de veinticuatro horas, no hubo un solo disparo de arma de fuego ni muertos, solo algunos heridos. Es imprevisible lo que podría provocar un tiro en medio al clima de tensión y violencia, con multitudes involucradas.
Del total de 2170 detenidos iniciales, 1413 fueron enjuiciados y treinta condenados a penas de hasta diecisiete años de cárcel. Otros veintinueve deben de ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal en febrero. Son casi todos invasores de las sedes de los Tres Poderes, solo uno es de los financiadores de la asonada, quien pagó autobuses que transportaron activistas del interior a Brasilia.
Falta enjuiciar autoridades como los comandantes de la Policía Militar del Distrito Federal, algunos de los cuales están detenidos, generales del Ejército que admitieron campamentos delante de sus cuarteles, y los organizadores e idealizadores de la intentona.
Factores del fracaso
El golpe de Estado fracasó a causa de tres factores decisivos, según Elimar do Nascimento, sociólogo y profesor de posgrado en Desarrollo Sostenible de las universidades de Brasilia y Federal del Amazonas.
«Primero por la incapacidad de un líder como Bolsonaro. Un golpe exige un gran articulador político y militar», sostuvo a IPS, por teléfono desde Brasilia.
Luego la resistencia del Supremo Tribunal Federal, especialmente por la «rígida actitud» de Alexandre Moraes, quien preside el Tribunal Superior Electoral y es uno de los once jueces del Supremo, la corte constitucional y última instancia de todos los procesos judiciales.
Moraes concentra muchos poderes en la contención de los abusos de la extrema derecha, porque además es el relator de los procesos judiciales que lidian con delitos contra la democracia y con la desinformación. En esa función dictó variadas medidas contra las noticias falsas, como detenciones, investigaciones y restricciones en general contra los bolsonaristas.
Por eso se volvió el blanco principal de Bolsonaro y sus seguidores. Los planes del golpe de Estado comprendían su detención e incluso el ahorcamiento en plaza pública, según los diálogos de bolsonaristas registrados en los teléfonos incautados.
El tercer factor de la frustración del golpe, según Nascimento, fue la falta de unidad entre los militares. Aventurarse en una ruptura institucional sin la adhesión de todos los comandantes de tropas acarrea el riesgo de enfrentar colegas y «sepultar las Fuerzas Armadas», que ya tuvieron su imagen muy afectada por su participación en el gobierno de Bolsonaro.
Hubo factores no decisivos, pero importantes como el rechazo internacional a golpes de Estado y la escasa movilización de los bolsonaristas fuera de Brasilia, acotó.
Impunidad militar
De todas formas, «los militares no serán castigados como deberían» por su evidente connivencia con los golpistas, opinó Nascimento. Eso «porque no tenemos fuerza para hacerlo», ya que la cuestión militar no está resuelta en el país, «el papel subalterno que las Fuerzas Armadas deberían tener no fue correctamente definida en la Constitución», explicó.
Pero Bolsonaro y su gobierno prestaron un servicio a la nación al mostrar que los militares no son «capaces e íntegros», esa imagen se deshizo y hubo incluso casos de aparente corrupción, hechos que favorecen un debate sobre la utilidad de Fuerzas Armadas en la actualidad de un país como Brasil, concluyó.
Una regulación de las redes sociales es otra tarea pendiente para la defensa de la democracia, destacaron el presidente Lula y el juez Moraes en el acto de respaldo a la democracia del 8 de enero.
Por sus plataformas se difunden las mentiras y los mensajes de odio que alimentan las fuerzas antidemocráticas, dijo Lula, quien también trató el tema en un artículo publicado en el diario estadounidense Washington Post.
Por esas redes, un medio de comunicación más adecuado a los razonamientos superficiales, cortos y distorsionados o mentirosos de la extrema derecha, se fomentó la convicción entre bolsonaristas de que hubo fraudes en las elecciones de 2022. Por el alegado falso triunfo Lula, se justificaría el golpe.
Ese mismo medio permitió organizar clandestinamente la invasión de los Tres Poderes, con las necesarias complicidades de allanaron su camino y los álibis de mentores que estaban miles de kilómetros alejados de los hechos.
