El proyecto político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticado por sus excesos autoritarios, es un proceso que va para largo, según el propio mandatario, lo que significa para sus críticos mayor deterioro de las endebles instituciones democráticas que él ha comenzado ya a desmontar, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
El presidente aprovechó la conmemoración del bicentenario de la independencia en América Central, el miércoles 15 de septiembre 2021, para revestirla de un toque simbólico y asegurar que su gobierno no dará marcha atrás a los cambios iniciados.
«Este país ha sufrido tanto que no se puede transformar de la noche a la mañana, los cambios importantes, los cambios reales y los que valen la pena llevan tiempo, no son inmediatos, se hacen paso a paso», aseguró Bukele, en un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, la noche del miércoles 15.
Para la oposición, sin embargo, esos cambios han implicado una clara arremetida contra la democracia del país centroamericano, de 6,7 millones de habitantes.
¿Bukele presidente en 2024?
Quizá el cambio más brusco impulsado por el gobierno de Bukele, desde que se instaló en el Ejecutivo en junio de 2019, ha sido el descabezamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por cinco jueces.
Fueron removidos el mismo 1 de mayo cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa, controlada por los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, con 56 de los 84 escaños.
Ese control legislativo permitió al presidente maniobrar para introducir nuevos jueces afines en la cúpula de la Sala Constitucional, que inauguraron su actividad quitando la traba legal para la reelección presidencial continua.
Con ello se abre las puertas al mandatario para que logre un segundo periodo al finalizar el quinquenio actual, en 2024, algo prohibido constitucionalmente hasta hace apenas dos semanas.
Bukele, de cuarenta años, procedente de una acomodada familia de empresarios, se fraguó políticamente como popular presidente de San Salvador, y se inscribe en un neopopulismo con trazos propios, en que destaca su atributo de político milenial, dado a comunicarse con la población y a dar a conocer sus decisiones mediante tuits.
La posibilidad de reelegirse inmediatamente después de un primer periodo era restringida por la constitución, bajo la lógica de dar espacio a la alternancia en el poder. Sí lo avalaba después de que pasaran dos periodos presidenciales, según un fallo de 2014 de la Sala Constitucional que fijó el significado del artículo 152 de la Constitución.
Pero la una nueva Sala designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa reinterpretó ese polémico y confuso artículo de la ley fundamental y concluyó, el 3 de septiembre, que la reelección presidencial continua, es decir, la que sigue a un primer periodo, es factible si el gobernante renuncia a la presidencia seis meses antes de los comicios.
Ese fallo del alto tribunal, duramente criticado por sectores opositores nacionales y organizaciones de derechos humanos internacionales, abre las puertas al mandatario a un periodo más, si es que gana las elecciones previstas para el 2024.
Manual del autoritarismo latinoamericano
De esa forma el presidente salvadoreño estaría siguiendo, casi copiando, el manual del que han echado mano otros presidentes latinoamericanos populistas y con tendencias autoritarias, se inscriban en la derecha o la izquierda, quienes a golpe de sentencias jurídicas emitidas por jueces bajo su control, han trastocado las leyes y se han perpetuado en el poder.
«Si el pueblo otorga el poder, y el pueblo exige esos cambios, sería no menos de una traición no hacerlos», aseguró el mandatario en su discurso ante representantes civiles y militares de los poderes y la sociedad del país.
El presidente ahora controla los tres poderes del Estado, sin contrapesos que le pongan trabas a su estilo de gobierno en el que todo gira alrededor de su figura de milenial, que suele calarse una gorra de beisbol con la visera al revés, poco dado a tolerar la crítica, ya sea de los medios, de organismos internacionales e incluso de gobiernos como el estadounidense.
La mañana del miércoles 15, miles de personas marcharon por las calles de la capital salvadoreña, San Salvador, para protestar contra el avance autoritario del mandatario, en la manifestación contra el gobernante más masiva desde que llegó al poder.
«Estoy marchando por mantener nuestros derechos y en contra de todos los atropellos del presidente Bukele», señaló a IPS una mujer trans, que no quiso identificarse.
Bukele ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, en febrero de 2019, beneficiado por el hastío y decepción de los electores con los veinte años que gobernó la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, 1989-2009), y los diez años, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, 2009-2019).
Luego su partido arrasó en las legislativas en mayo de 2021 y ahora, con esa movida del máximo tribunal constitucional, controla y mueve los hilos de un segmento de la justicia en el país.
Controla además la Fiscalía General de la República, luego de que la mayoría legislativa oficialista removiera al fiscal Raúl Melara, el mismo 1 de mayo, e impusiera a Rodolfo Delgado, alineado con el bukelismo.
«Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población», dijo a IPS la abogada Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Añadió que se están viendo signos que advierten que El Salvador podría estarse encaminando hacia un régimen aún más autoritario, de corte dictatorial, al estilo de Nicaragua.
El presidente de ese país, Daniel Ortega, lleva ya tres periodos consecutivos desde su retorno al poder en 2007, y se encamina a un cuarto mandato, en 2022. Para ello la justicia, bajo su control, ha encarcelado a una decena de candidatos opositores que pudieran disputarle el triunfo.
Una camándula de pasos antidemocráticos
Envalentonado por el abrumador triunfo en las elecciones presidenciales de 2019, Bukele ha dado, en efecto, una serie de pasos que han crispado a los sectores opositores, porque les resulta evidente que en el fondo pretende socavar los contrapesos y gobernar a sus anchas.
Además de las remociones en la Sala Constitucional y en la Fiscalía General de la República, el 31 de agosto, la Asamblea pasó un decreto que establece la jubilación obligatoria de unos doscientos jueces.
La narrativa gubernamental ha hablado de un proceso de «limpieza» de jueces corruptos, que los hay, pero sin ninguna investigación expedita sino que el único parámetro es el del retiro laboral: que los letrados sean mayores de sesenta años o tengan treinta años de trabajo.
Eso ha sido interpretado como una purga dentro del sistema judicial para, más tarde, ir llenando esos vacíos con jueces afines al bukelismo.
El oficialismo lo ha negado y ha asegurado que se trata de abrir espacios a los abogados jóvenes, y que los jueces en El Salvador no tienen cargos vitalicios.
Todos esos movimientos han encendido las alarmas tanto dentro como fuera de El Salvador.
Sin embargo, el desencuentro entre opositores y Bukele tendrían como base la pugna silenciosa entre dos grupos económicos: la tradicional oligarquía que ha manejado los hilos de la política del país, y nuevos empresarios, pequeños, medianos e incluso grandes, alineados con el presidente, explicó a IPS el analista Dagoberto Gutiérrez.
Gutiérrez, un excomandante guerrillero ahora cercano al presidente, dijo que la oposición demanda una independencia de poderes que, en realidad, nunca ha existido en el país, pues siempre aquella oligarquía movía sus piezas para poner a los funcionarios que mantuvieran el statu quo.
Esa «democracia» auspiciada por la oligarquía, con sus falacias y abusos, está siendo retomada por otro proyecto político, el de Bukele, pero aclaró que las transformaciones esperadas «aún están por verse».
De momento, según la reciente interpretación del tribunal constitucional, Bukele puede, si quisiera, optar por un segundo mandato al finalizar el actual periodo presidencial. Pero ya no podría competir por un tercero de manera continua.
«¿Pero quién nos asegura que en el futuro, a través de otra jurisprudencia, no van a sacarse de la manga otra reelección?, eso queda como duda, obviamente», señaló a IPS la abogada Tahnya Pastor.
Agregó que cuando se analizan todas las señales de alarma, «podemos concluir que nos dirigimos hacia la máxima concentración de poder, y la historia ha demostrado que ninguna concentración de poder es buena».
Sin embargo, al igual que Gutiérrez, la abogada criticó a la oposición porque en el pasado también se ha manipulado por intereses políticos esas mismas instituciones por las que ahora se pone el grito en el cielo.
«La constitución sí se ha reformado en el pasado dependiendo de la conformación del tribunal (constitucional), y la jurisprudencia ha respondido a intereses político partidistas», afirmó.
Bukele pareciera estar confiado en que, a pesar de las críticas, su proyecto es bienvenido por la mayoría de los salvadoreños, que lo sigue apoyando.
Según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, sobre la aceptación del gobierno de Bukele en su segundo año de gestión, en junio, nueve de cada diez consultados afirmaron que el presidente representa un cambio positivo para el país.
Obtuvo además una nota de 8,1, considerada alta, y los encuestados identificaron como principal logro del gobierno el buen manejo de la pandemia de la COVID-19.
No todos comparten ese entusiasmo por Bukele, obviamente, ni todas las críticas vienen de cúpulas académicas, políticas o de activistas.
«No es bueno que alguien gobierne como le dé la regalada gana, eso era cuando había reyes, pero ya no estamos en esos tiempos», dijo a IPS el campesino Hernán Campos, oriundo del cantón Cangrejera, del municipio y departamento de La Libertad, en el centro del país.
