El gobierno de Estados Unidos tiene la prerrogativa de revisar y ajustar las políticas de gasto público, incluida la ayuda exterior. Sin embargo, este poder debe ejercerse de manera responsable, respetando los marcos jurídicos nacionales e internacionales, incluidos los principios de la legislación sobre derechos humano, analiza Gina Romero[1] para IPS desde Bogotá.
Las recientes decisiones de la administración de Donald Trump de congelar las subvenciones y préstamos federales, incluida la ayuda internacional, han suscitado serias preocupaciones sobre las implicaciones para las asociaciones locales, nacionales e internacionales.
Estas medidas, que siguieron a órdenes ejecutivas destinadas a «reevaluar» la ayuda exterior de Estados Unidos y poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), corren el riesgo de socavar las libertades que son vitales para las sociedades democráticas.
En una carta enviada al gobierno de Estados Unidos, 35 expertos de la ONU indican que la congelación de la financiación y la paralización de las órdenes de trabajo son una medida drástica que podría tener un impacto de gran alcance en la capacidad de las personas y las organizaciones para defender y proteger los derechos humanos.
La decisión de detener el trabajo en proyectos federales, incluidos programas críticos financiados a través de la ayuda exterior, está teniendo un efecto inmediato en las comunidades vulnerables y los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Los efectos dominó son particularmente graves para los grupos marginados que dependen de estos recursos para servicios esenciales como la atención médica, la educación, el acceso a alimentos y la vivienda.
Estas medidas también afectan de manera desproporcionada a las organizaciones que trabajan en la igualdad de género, las cuestiones Lgbtiq+, los derechos reproductivos y el alivio de la pobreza, que ya están infrafinanciadas y se enfrentan a importantes desafíos en el Sur global.
Las implicaciones de estas medidas afectan a diferentes tipos de asociaciones, incluidas las pequeñas y medianas empresas, las entidades sin ánimo de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los grupos religiosos e incluso las instituciones de investigación científica que dependen de la financiación estadounidense para llevar a cabo su labor.
La velocidad y la magnitud de la cancelación de fondos han dejado a estas entidades incapaces de cumplir sus misiones.
Algunas ya se han visto obligadas a despedir personal, suspender programas vitales e incluso cerrar sus puertas, lo que ha provocado la reducción del espacio cívico en países en los que han sido durante mucho tiempo actores clave en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Proporcionalidad y transparencia
Si bien el objetivo de un gasto público eficaz es encomiable, su éxito depende de un proceso transparente e inclusivo que esté en consonancia con las normas jurídicas, incluida la legislación internacional sobre derechos humanos.
Estas medidas, que se aplicaron con poca consulta o comunicación clara, no han respetado el principio de proporcionalidad, que está consagrado tanto en el derecho nacional como en el internacional.
La ausencia de directrices transparentes, mecanismos de rendición de cuentas, respeto al debido proceso y vías de apelación es preocupante, especialmente cuando las medidas tienen consecuencias de tan amplio alcance.
El derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Estados Unidos es signatario, garantiza el derecho a la libertad de asociación. Este derecho no solo protege la capacidad de formar asociaciones, sino también de llevar a cabo las actividades para las que se establecieron dichas asociaciones.
La libertad de acceso a los recursos es un componente fundamental de este derecho, ya que permite a las organizaciones buscar, recibir y utilizar recursos de diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales.
Cuando se niega la financiación, se niega efectivamente a las organizaciones los medios para operar, lo que socava su capacidad para cumplir sus misiones.
La congelación de la financiación estadounidense, sin el debido proceso o directrices claras, está en conflicto directo con estos principios. La falta de claridad sobre cómo se toman las decisiones o cómo las organizaciones pueden impugnarlas socava los derechos de las asociaciones.
Además, el hecho de no involucrar a las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil estadounidense, en el proceso de toma de decisiones es una violación de los principios de gobernanza democrática y transparencia.
Impacto global de las decisiones de Estados Unidos
Las consecuencias de largo alcance de la congelación de fondos se sienten con mayor intensidad en países donde la ayuda de Estados Unidos apoya iniciativas críticas en áreas como la atención médica, la educación, la consolidación de la paz y la protección de los derechos humanos.
Por ejemplo, los programas que abordan la salud sexual y reproductiva corren el riesgo inmediato de cesar. Asimismo, se están interrumpiendo los esfuerzos para combatir la violencia de género, apoyar a las comunidades desplazadas y proporcionar educación a los grupos marginados.
Además de estas preocupaciones humanitarias, la congelación también amenaza con descarrilar iniciativas de larga data destinadas a promover la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho.
La ayuda internacional de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un pilar de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil que supervisan las elecciones, promueven los esfuerzos anticorrupción y defienden la protección de los derechos humanos, entre otros.
La suspensión de la financiación de estos programas socava no solo el trabajo de estas organizaciones, sino también el objetivo más amplio de promover los valores democráticos en todo el mundo.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de recortar la financiación de programas que abordan la discriminación, en particular los relacionados con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, ha suscitado una controversia adicional.
Estas medidas pueden socavar los esfuerzos para proteger a las personas de la discriminación en el lugar de trabajo y garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades.
Al centrarse en los programas de diversidad, equidad e inclusión, la administración está señalando un alejamiento de las políticas diseñadas para abordar las desigualdades estructurales, lo que podría tener efectos negativos a largo plazo en la justicia social en todo el mundo.
Estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil
Otra consecuencia preocupante de estas decisiones es la estigmatización de las asociaciones que gestionan y reciben financiación estadounidense. La retórica de la administración ha presentado a muchas organizaciones de la sociedad civil como amenazas para la seguridad nacional.
Este tipo de estigmatización es peligrosa porque fomenta la hostilidad hacia grupos que participan en la defensa legítima del desarrollo, los derechos humanos y la gobernanza democrática.
Además, pone a estas organizaciones, y a su personal, en riesgo de acoso, intimidación e incluso violencia física, particularmente en países donde las organizaciones de la sociedad civil ya están amenazadas. La estigmatización es la puerta de entrada a la represión y la violencia.
Este patrón de difamación tiene graves consecuencias. Como señalé en mi informe más reciente a la Asamblea General de la ONU, las narrativas negativas sobre las organizaciones de la sociedad civil y otras asociaciones profundizan la estigmatización de activistas y organizaciones, lo que conduce a una mayor represión, ataques físicos y acoso en línea.
Estas dinámicas crean un entorno en el que los activistas y las organizaciones de la sociedad civil no son vistos como contribuyentes al bien público, sino como enemigos.
Defender los derechos humanos y la sociedad civil
La decisión de congelar la financiación puede haber estado motivada por el deseo de garantizar un gasto público más eficaz, pero corre el riesgo de causar un daño duradero a la sociedad civil.
La falta de transparencia, el incumplimiento del debido proceso y el desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos hacen que estas medidas sean problemáticas.
Para garantizar que Estados Unidos mantenga su compromiso con los derechos humanos y la libertad de asociación, es imperativo que el gobierno estadounidense cumpla urgentemente con las recientes órdenes judiciales, pague las facturas, reconsidere el impacto de su congelación de la ayuda exterior y las subvenciones federales y compense los daños causados.
Además, las futuras decisiones relativas a la ayuda exterior y la financiación pública deben tomarse con mayor claridad, responsabilidad y respeto por el estado de derecho.
Estados Unidos también debe reconocer que las asociaciones en general y las organizaciones de la sociedad civil en particular son fundamentales para la realización de los derechos humanos. Estas organizaciones desempeñan un papel esencial en la defensa de la protección de las libertades fundamentales, incluidos los derechos a la salud, la educación y la justicia social.
La congelación de fondos y la emisión de órdenes de suspensión de trabajo sin procedimientos claros y transparentes no solo socava a estas organizaciones, sino que también amenaza con desmantelar sistemas vitales de apoyo a las comunidades marginadas.
Es crucial que el gobierno de Estados Unidos garantice que las futuras decisiones de financiación se tomen respetando las normas internacionales de derechos humanos, que las organizaciones puedan acceder a los recursos que necesitan para llevar a cabo su trabajo y que se respete el derecho a la libertad de asociación.
En conclusión, la congelación de la financiación estadounidense representa una amenaza significativa para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y para la protección de los derechos humanos a nivel mundial.
Si bien la decisión del gobierno de Washington de revisar el gasto público está dentro de sus derechos, el enfoque adoptado hasta ahora plantea serias preocupaciones sobre la transparencia, la proporcionalidad y la adhesión a la legislación internacional de derechos humanos.
Para evitar mayores daños, Estados Unidos debe priorizar la protección de la sociedad civil, defender el derecho a la libertad de asociación y garantizar que cualquier cambio de política respete las libertades fundamentales de las que depende la democracia.
- Gina Paola Romero Rodríguez es una activista colombiana cofundadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. En 2024 fue nombrada relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación
