Saber la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ha sido una constante por parte de los familiares, de los organismos de derechos humanos y de instituciones internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de presentar el informe final del plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa (MESA) como consecuencia de su séptima visita oficial a México, el pasado 26 de noviembre de 2018.
Este Mecanismo ha dado seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El informe da cuenta de las acciones desarrolladas por el Estado mexicano para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos a través de la búsqueda; la investigación para esclarecer hechos; la atención de las víctimas y familiares y las medidas de no repetición, por los atroces eventos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En estos dos años de funcionamiento, la CIDH hizo seis visitas oficiales lideradas por las y los Comisionados y el Secretario Ejecutivo, cinco visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, cinco reuniones de trabajo y cuatro audiencias públicas en los periodos de sesiones de la Comisión. Asimismo, el MESA elaboró cinco cuestionarios dirigidos al Estado mexicano y respondidos oportunamente, en los que indagó sobre el avance de la investigación.
Para la elaboración de este informe, la CIDH revisó 618 tomos remitidos por la Procuraduría General de la República, que contienen actuaciones hasta el mes de julio de 2018.
Importantes deficiencias y ocultamientos
El Mecanismo ha observado que persisten una serie de importantes deficiencias: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. Preocupa a la Comisión que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por esta Comisión, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La CIDH observa que tres mecanismos de coordinación –Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS)– que por sus características concentran acciones coordinadas de autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre, lo que requiere ser investigado a fondo.
Sobre la investigación de miembros del 27 Batallón (los militares que nunca han permitido que los investigadores entraran en sus instalaciones) el informe da cuenta del seguimiento que se habría efectuado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que también necesita de una indagación exhaustiva. En relación con las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, se recomienda contrastar la información que obra en diversas constancias en el expediente.
En relación con la investigación sobre las policías municipales, la CIDH considera necesario determinar la posible participación de los que integraban las platillas de las localidades de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, y lugares cercanos a Iguala. La CIDH observa que existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías del pueblo de Huitzuco en escenas de los hechos. Por ello, opinan que es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de esos servidores públicos (es un decir).
La Comisión recomienda que, en relación a la Policía Federal (PF), se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR. Asimismo, se debe clarificar la cadena de mando, el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la PF en el estado con integrantes de Guerreros Unidos. Además, el Estado debe continuar con las acciones de investigación que permitan presentar consignaciones más sólidas, en relación a la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la Procuraduría Local.
De igual manera, en relación con la Policía Estatal, se deben esclarecer las acciones emprendidas por este cuerpo de seguridad, a partir del presunto resguardo de los estudiantes en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL). Ello, en contraste con las declaraciones que mencionan la presencia de esta policía en varios escenarios donde ocurrieron los hechos violentos, situación que presenta serias dudas sobre las razones del resguardo de dichas instalaciones en la noche de los hechos y la instrucción dada por las autoridades superiores estatales.
Teléfonos de estudiantes usados por policías
Sobre telefonía, la PGR ha identificado nueve teléfonos móviles de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a su detención. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales. Por ello, recomiendan seguir con el análisis de esta información, por la obtención de datos que perimitan determinar de manera objetiva el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos. En cuanto a la balística, es necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de otros nueve más, que se encontrarían resguardados por la PGR.
En relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH observa falta de avances. Por ejemplo, sigue pendiente de resolverse un recurso de amparo interpuesto por los familiares respecto a las irregularidades en las diligencias efectuadas en el Río San Juan, donde supuestamente (según la versión oficial) se habrían incinerado a los muchachos. Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias (líder del grupo delictivo Guerreros Unidos) al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que, conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales. Otros temas pendientes son la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado con las denuncias de tortura a personas detenidas.
La Comisión espera que este informe contribuya a orientar la implementación de las recomendaciones de la CIDH y del Grupo de Expertos para determinar el paradero de los estudiantes y avanzar hacia una investigación que determine los hechos, así como la responsabilidad de quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas.
No obstante, la CIDH asegura que continuará dando seguimiento al caso hasta que se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala.
