En relación con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace un año, que, dicho sea de paso, el Gobierno quiso cerrar de mala manera , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido extender el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta el 30 de abril de 2016 tras haber escuchado a los integrantes del GIEI, a los representantes de los beneficiarios de la medida cautelar MC409/14, que protege a los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, y al Estado mexicano.
La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos conforme al artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 18 de su Estatuto; así como el numeral 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado con el Estado mexicano y los representantes de los beneficiarios de la MC 409/14. Esta renovación extiende el mandato del GIEI por seis meses, contados a partir del 31 de octubre de 2015.
Los miembros del GIEI son Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes estableció las actividades principales a ser desarrolladas por el GIEI: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El pasado 19 de octubre de 2015, el GIEI firmó un acuerdo con el Estado mexicano donde acordaron una serie de cambios en el manejo de la investigación que lleva adelante la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con lo ocurrido en Ayotzinapa, incluyendo la incorporación del informe del GIEI a la investigación del caso.
Esto significa evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos y dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación, así como planificar de forma conjunta una ruta de investigación que tome en cuenta las líneas planteadas en el informe del GIEI. Asimismo, la conformación del nuevo equipo de investigación, que estará ahora en la Subprocuraduría de derechos humanos, contará con la confianza de la procuradora y del GIEI, con acompañamiento de los representantes de las víctimas.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos siguen insistiendo en que los militares del batallón 27, cuyo cuartel se encuentra próximo al lugar donde se produjeron los hechos, deben ser interrogados, pues sus testimonios pueden llevar a esclarecer la verdad de lo que pasó la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
