Las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF), Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés) han denunciado los cambios introducidos recientemente por Catar para penalizar la difusión de «noticias falsas» limitando aún más la ya restringida libertad de expresión en el emirato.
El Ministerio de Justicia catarí publicó el 19 de enero de 2020 un nuevo artículo en el código penal, el 136 bis, que establece penas de hasta cinco años de cárcel y/o una multa de 100 000 riales cataríes (24 887 euros) por «publicar o difundir rumores, declaraciones o informaciones falsas o sesgadas o propaganda provocativa, dentro del país y en el extranjero» para «dañar el interés nacional, causar disturbios en la opinión pública o dañar el orden social o público del estado».
RSF entiende que este artículo del código penal puede tener graves consecuencias para los periodistas y, al igual que HRW, se pregunta qué se entiende por noticias falsas, rumores o propaganda, y en base a qué criterios se decidirá que «dañan el interés nacional».
RSF menciona que Catar muestra una falta total de apertura «para la libertad de informar». HRW recuerda que el código penal catarí ya «criminaliza criticar al emir, insultar la bandera, difamar la religión e incitar a derrocar al régimen», entre otras cuestiones que limitan la libertad de expresión en el emirato.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió en un comunicado a las autoridades que eliminen esta «ley represiva».
Estos cambios en el código penal fueron publicados primero por el periódico catarí Al Raya, que tuvo que retirar esa información de su página web y pedir disculpas debido a la polémica que había generado.
También el Centro del Golfo de Derechos Humanos (GCHR, por sus siglas en inglés), con sede en Beirut, expresó su preocupación por los cambios en el código penal catarí. El GCHR advirtió en su web que la ley es «amplia» y puede ser «usada fácilmente contra blogueros y periodistas independientes porque las autoridades pueden considerar cualquier punto de vista dañino para los intereses nacionales».
En las monarquías hereditarias del golfo Pérsico la libertad de expresión y de prensa está muy restringida. Blogueros, periodistas y opositores han sido encarcelados y condenados por expresar opiniones críticas con las autoridades y sus actuaciones o por defender los derechos humanos.
Catar ocupa el puesto 128 en la clasificación mundial de libertad de prensa de RSF, donde ha ido en caída descendente desde hace años; en 2014 tenía el 113, en 2015 el 115, en 2018 el 125.
En Catar se produjo el encarcelamiento del poeta catarí Al Ajami o la explotación laboral con motivo de las obras del Mundial 2022 denunciada por Amnistía Internacional.
Hay que recordar que en España hay medios de comunicación con capital catarí e incluso convenios con medios afines a la familia gobernante Al Thani. Del mismo modo, hay participación catarí en varios clubes de fútbol españoles.
