La Confederación General del Trabajo (CGT) ha publicado un comunicado en el que se denuncia cómo desde las instituciones del Estado español se ampara a los imputados por los crímenes de la dictadura franquicia en la querella promovida por la magistrada argentina María Servini de Cubría, e incluso la Fiscalía General maniobra para que la Justicia argentina no pueda investigar la represión franquista, como ha quedado patente con las trabas para que no declare Gerardo Iglesias.
El equipo de Memoria Histórica de la CGT se manifiesta indignado con lo ocurrido el día 4 de octubre de 2016, cuando el exdirigente político Gerardo Iglesias iba a declarar por las torturas que sufrió durante el franquismo, y la fiscalía de sala intervino solicitando la suspensión de la declaración siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado para que no se dé trámite al auxilio judicial internacional para investigar si los delitos denunciados en este procedimiento son delitos de lesa humanidad y, dejan caer que son delitos que se tendrían que juzgar en España pero están prescritos.
Para la CGT «estamos viviendo cómo desde las instituciones del Estado se ampara a los imputados por los crímenes franquistas en la querella argentina. No nos sorprende porque es evidente que las estructuras franquistas no fueron desmontadas al finalizar el régimen dictatorial y han seguido instalados en las cúpulas económicas y políticas las mismas familias que campaban a sus anchas durante la dictadura. Cada vez queda más patente que hubo un gran pacto entra la vieja y la nueva clase dirigentes para dejar impunes todos esos crímenes y no rehabilitar debidamente a las víctimas».
Pero, añade el sindicato, la justicia internacional está detrás de los hechos que sucedieron en este país desde 1936 hasta 1978: «por falta de ruptura, desde la CGT, siempre hemos reclamado que las violaciones de derechos humanos producidas con posterioridad se consideren como una continuación de aquel régimen y, por tanto, incluidas en la estrategia de represión al contrario sin respeto a los mínimos derechos humanos».
La CGT, como integrante de la plataforma CeAqua, respalda las actuaciones judiciales que se lleven a cabo por los abogados de la querella. Y denuncian que, precisamente, ha sido cuando han llegado los exhortos para la declaración de los imputados (Martín Villa, Utrera Molina, etcétera) cuando la fiscalía se ha interesado por un proceso en el que, por la falta de atención y respeto de estas autoridades judiciales, las víctimas del franquismo han tenido que acudir al principio de justicia universal y buscar esa justicia en Argentina.
La ONU, en distintos organismos, ha declarado la falta de legalidad de la ley de amnistía del 77 en España y su necesaria derogación, pero esta ley es invocada de nuevo por la Fiscalía para tumbar el derecho a justicia de las víctimas: «La impunidad del franquismo caerá, aquí o en las instituciones internacionales. No podemos esperar a que todos los culpables estén muertos porque seguiremos persiguiendo las fortunas que han logrado de forma ilegal e ilegítima».
La CGT advierte que no va a dar por cerrado el asunto de la represión franquicia «brutalmente ejercida sobre el pueblo español durante casi 40 años, hasta que toda la verdad sea conocida, los culpables condenados (aunque para muchos casos ya sólo sea una condena moral) y las víctimas rehabilitadas en todo los sentidos; incluida la anulación de las sentencias pronunciadas» en ese periodo de la historia de España.
