Miles de activistas han firmado una petición en la que Amnistía Internacional pide este 11 de septiembre a las autoridades chilenas que eliminen todas las barreras que protegen a los perpetradores de violaciones de derechos humanos en el país.
“No es de recibo que 40 años después del golpe militar continúen existiendo dificultades para la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile. La Ley de Amnistía sigue protegiendo a los violadores con inmunidad procesal, continúa habiendo largos retrasos en las actuaciones judiciales y las condenas no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de AI.
Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas o sometidas a desaparición. Según cifras oficiales, el número de personas desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990 superó las 3.000, y cerca de 40.000 personas sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o la tortura.
El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, exime de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Si bien algunas sentencias judiciales han eludido la aplicación de esta ley de amnistía, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
“Las autoridades chilenas deben abordar el legado de abusos graves y generalizados perpetrados en el pasado, abolir de inmediato la ley de amnistía, cuya mera existencia es una afrenta para las miles de víctimas del régimen de Pinochet y para sus familiares, y garantizar que todas las violaciones de derechos humanos se ven en tribunales ordinarios”, ha dicho Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.
Hasta la fecha, al menos 262 personas han sido condenadas por violaciones de derechos humanos, y hay abiertos más de 1.100 procedimientos judiciales.
“Gracias a la lucha incansable de muchas de las víctimas y de sus familiares, así como de unos cuantos valientes fiscales y jueces, algunos de los responsables de estos crímenes han comparecido ante la justicia. Ya es hora de que las autoridades introduzcan todas las reformas necesarias para garantizar que jamás vuelvan a suceder violaciones de tal gravedad”, ha dicho Guadalupe Marengo.
Información general
El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas dirigidas por el general Augusto Pinochet arrebataron el poder al gobierno salido de las urnas del presidente Salvador Allende en Chile, en un sangriento golpe militar.
En los últimos años, los tribunales no han aplicado la ley de amnistía. Sin embargo, el hecho de que esta ley siga existiendo en la legislación nacional es incompatible con las obligaciones de derechos humanos de Chile.
En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) documentó 2.296 casos de personas que habían sido objeto de homicidio político, de los cuales casi un millar eran casos de desaparición forzada. En 2004 y 2005, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) halló que 28.459 personas habían sido detenidas por motivos políticos y que la mayoría de ellas habían sido torturadas. La Comisión se reabrió en 2010 para evaluar más casos de desaparición forzada, homicidio político, encarcelamiento por motivos políticos y tortura.
El total de personas reconocidas oficialmente en Chile como desaparecidas o asesinadas entre 1973 y 1990 es de 3.216, y el de personas que sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o tortura, de 38.254.
En los últimos años ha habido ciertos avances, pues varios procedimientos judiciales de crímenes perpetrados en el pasado se han transferido de los tribunales militares a los civiles a fin de garantizar mayor independencia e imparcialidad. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad siguen bajo la jurisdicción militar.
Durante los últimos meses Amnistía Internacional ha recogido más de 25.000 firmas y mantiene abierta una petición, en la que insta a las autoridades chilenas a abolir el Decreto Ley de Amnistía de 1978 y cualquier otra medida que otorgue amnistía a perpetradores de violaciones de derechos humanos; reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que los abusos contra los derechos humanos perpetrados por personal del ejército y de las fuerzas de seguridad en Chile son investigados y juzgados por tribunales civiles; apoyar y reforzar las iniciativas encaminadas a conservar la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos, y poner los derechos humanos en lugar preferente en todas las políticas y programas.
