Es evidente que a los viejos problemas sociales que afectan a las sociedades latinoamericanas se les agrega un foco de mayor desigualdad. Si bien los indicadores sociales, en estos últimos 10 años, han mejorado, no han producido los cambios necesarios en los valores, las normas y las conductas que subordinan a las mujeres y que limitan sus posibilidades de acceso igualitario.
Se ha avanzado en darle una mayor visibilidad al tema de género, se han diseñado políticas de equidad de género y hay un adelanto en materia legislativa, pero no se ha logrado que el tema de sus derechos humanos se aborde explícitamente.
En este terreno, las dificultades continúan siendo inmensas y es por eso que organizaciones y redes de mujeres feministas, académicas y de derechos humanos de África, Asia y América Latina y el Caribe participaron, del 7 al 10 de mayo, en la Ciudad de México, en un Seminario Internacional, organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
La finalidad era analizar el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres por parte de los gobiernos de la región y exigirles que garanticen estados democráticos y de derechos como condición necesaria para el ejercicio de estos por parte de las mujeres.
Esto se enmarcó en la campaña que busca que los Estados cumplan con las obligaciones y compromisos plasmados en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados. Se llama «Ya es hora. Ya es tiempo».
CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, cuenta con estatus consultivo ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde 2002.
La abogada y trabajadora social paraguaya Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional de CLADEM, afirmó que los gobiernos no garantizan la existencia del Estado laico y llamó la atención sobre cómo la intervención de grupos fundamentalistas ha determinado que sea la región centroamericana la más castigada en violencia contra las mujeres, muertes por aborto y muerte materna.
Además, hizo un enérgico llamado a los gobiernos de la región para que dejen los discursos y cumplan sus compromisos, fundamentalmente en tres graves problemas: la impunidad frente a la violencia de género; la criminalización del aborto y la falta de garantías para las defensoras de derechos humanos.
Exigimos a los Estados, señaló Susana Chiarotti, abogada argentina e integrante del Consejo Consultivo de CLADEM, porque a partir del primer Tratado Internacional que se ratificó en 1933 para las mujeres, contamos con una base de legitimidad para reclamar. Ya no se trata de un deseo de justicia basado en algo que esta más allá de la Ley o una idea de igualdad sin base en ninguna norma. Es precisamente sobre la base de lo construido alrededor de 80 años o más que pasamos de pedir lo que deseamos a exigir lo que nos deben.
La especialista expuso que «las deudas son múltiples y abarcan desde reformas legislativas para lograr la plena igualdad formal, hasta la implementación de políticas para alcanzar la igualdad real en el acceso a recursos económicos, en el derecho a vivir una vida sin violencia, el goce de los derechos sexuales y reproductivos y educación no sexista y antidiscriminatoria, entre muchos otros, para casi 280 millones de mujeres en la región».
Dorotea Wilson, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, destacó que «la gran mayoría de los responsables de las políticas macroeconómicas permanecen ciegos al hecho de que las desigualdades son cada vez mayores en América Latina y el Caribe y que esta situación agudiza las tensiones sociales y el clima de violencia estructural en contra de las mujeres».
Las dificultades del camino
Las más de 70 mujeres de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, que participaron en el Seminario internacional «Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres», organizado por CLADEM, fueron generando, en los cuatro días de trabajo, un espacio de reflexión e intercambio de experiencias de la situación en la que se encuentran las mujeres en sus respectivos países.
El eje estratégico fue la reflexión acerca de la incidencia en la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos nacional, regional e internacional y los contenidos que se abordaron fueron la incidencia regional para el cumplimiento de las deudas pendientes con los derechos humanos de las mujeres, así como los desafíos de las estrategias de incidencia política de la sociedad civil para la promoción y defensa de sus derechos.
Fueron días intensos, mañanas ocupadas en mesas temáticas y tardes escuchando las experiencias de cada una de ellas, para después debatir sobre el futuro en foros abiertos. Muchas intervenciones se centraron en la brecha existente entre los avances formales y los reales y coincidieron en que «existe una distancia enorme entre la igualdad formal que hemos ganado y la real».
Lidia García Díaz, de Ecuador, señaló que es importante destacar que «en Brasil, un estudio realizado en 12 ciudades mostró que 52 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo; en Argentina, en febrero pasado hubo cinco asesinatos de mujeres y en Uruguay seis; en Colombia cada hora cinco mujeres son abusadas y en El Salvador, el 16 por ciento de las trabajadoras domésticas ha cambiado de trabajo debido al acoso o abuso sexual».
«Un informe de PNUD indica que en Guatemala 675 mujeres y en El Salvador 580 fueron asesinadas en 2010 por el simple hecho de ser mujer, mientras que en Honduras se cometieron 600 feminicidios en 2012, 30 por ciento más en comparación a 2011», expresó García Díaz.
Aunque hay pocos estudios sobre los costos económicos que implica la violencia de género, el Banco Mundial estableció que los costos por violencia de género en América Latina y el Caribe se sitúan entre 1,6 y el dos por ciento del PIB. Un nuevo estudio que está desarrollando ese organismo, «Nuevo siglo, viejas disparidades», señala que las mujeres ganan 17 por ciento menos que los hombres y, según la OIT y la CEPAL, el desempleo femenino en Latinoamérica es de 8,2 por ciento mientras que el masculino es de 4,4.
Otras participantes alzaron la voz en torno a la despenalización del aborto y denunciaron que sus oponentes utilizan argumentos cada vez mas sofisticados. Sin embargo, comentó María Oviedo, responsable del Programa de Formación en CLADEM, «América Latina es uno de los continentes donde hay más restricciones legales respecto al aborto. Como señala el investigador Edgar Ortiz, existen 37 abortos anuales por cada 1.000 mujeres en edad fértil, frente a los 11 abortos cada 1.000 mujeres en Europa, donde esta práctica está despenalizada en gran parte».
Patricia Olamendi Torres, abogada mexicana coordinadora del Comité de Expertas para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA, aseguró que «lograr el reconocimiento de que la discriminación es el motivo por el cual miles de mujeres mueren o son asesinadas día a día en nuestros países, sigue ausente en la mayoría de las legislaciones y políticas de prevención en la región. Es necesario dejar de ver la violencia como un tema judicial e insistir en que es una forma de discriminación».
La funcionaria, que participó en la mesa «Nuevos contextos y estrategias renovadas en el tema de violencia», afirmó que los feminicidios pueden y deben prevenirse y las medidas de protección no pueden seguir siendo capítulos de letra muerta en nuestras leyes, deben cumplir su función: evitar más violencia, evitar la muerte».
Otro tema pendiente para las mujeres, dijo, es el acceso a la justicia. «El Comité recomienda que se garantice, como mínimo, personal especializado para la atención de la víctima y su caso en todas las etapas procesales, espacios con privacidad tanto en comisarías, tribunales, como en servicios de salud, además de sistema de interpretación en lenguas indígenas y la confidencialidad y protección de los datos de las victimas».
La abogada brasileña Silvia Pimentel, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, fue contundente al destacar que «la cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es en realidad el síntoma y no la enfermedad».
«Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la Justicia y la violencia contra ellas sólo será eliminada cuando se construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores, pues esta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres», sentenció.
Ambas expertas coincidieron en que los gobiernos dicen poco y mal sobre lo que sucede con la discriminación y la violencia contra las mujeres y que es imprescindible que, desde todos los ámbitos, se promueva la equidad con acciones concretas que permitan brindar un impulso a los cambios de la conciencia social, que siempre son más lentos.
Pese al panorama desalentador antes mencionado, la mirada al futuro de CLADEM continúa siendo firme y asegura que las mujeres no podemos aceptar la indiferencia del Estado. Es por eso que se lanzó la campaña «Por un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres. Ya es hora, es tiempo».
Mediante esta campaña se pedirán cuentas también acerca de la trata de mujeres, deuda ligada a los problemas de tráfico y migración que los gobiernos no han vigilado, resuelto o enfrentado, un negocio millonario en el que frecuentemente se involucran los aparatos y representantes del poder.
Antes de concluir el Seminario, las participantes, académicas, estudiantes, trabajadoras sociales y defensoras de derechos humanos redactaron un documento político que fue leído en asamblea y aprobado por todas las asistentes.
