Claudia Paz, la primera mujer que conduce el Ministerio Público de Guatemala, ha logrado erosionar la impunidad que ampara a más de 90 por ciento de los crímenes en este país centroamericano, informa Louisa Reynolds (IPS).
La cuestión es si los cambios obedecen solo a la impronta de la fiscal general Claudia Paz y Paz, de 46 años, y se desvanecerán cuando termine su mandato, en diciembre de 2014.
Nunca antes un exjefe de estado fue llevado a juicio por genocidio en su propio país. Le cupo a Paz y Paz hacerlo con el exdictador Efraín Ríos Montt, si bien el resultado pende de un hilo.
Paz y Paz también depuró el Ministerio Público y logró resultados sin precedentes en sentencias por homicidio, violación sexual, extorsión y secuestro.
El contexto en el que actúa no es un dato más: este es el único país del mundo en el que las Naciones Unidas y el gobierno establecieron en 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Su primer cambio fue aplicar en el Ministerio Público un sistema de evaluación por resultados. Los fiscales que más casos resuelven son recompensados con oportunidades de ascenso, mientras aquellos de bajo rendimiento deben explicar por qué no han alcanzado sus metas y pueden enfrentar procesos disciplinarios si se comprueba negligencia, explicó Paz y Paz a IPS.
Un 80 por ciento de los fiscales que llevaban dos décadas en el Ministerio Público y tenían entre 65 y 75 años decidieron renunciar tras la entrada en vigor del nuevo sistema. Eso permitió que jóvenes más preparados en el manejo de evidencia forense asumieran como jefes de sección y de fiscalías de distrito.
Otro avance fue priorizar la violencia contra la mujer. Bajo su gestión, se abrió un juzgado de 24 horas dentro de la sede del Ministerio Público, lo cual permite imponer medidas cautelares contra los agresores de manera ágil y sin que la víctima tenga que desplazarse desde la fiscalía hacia el Organismo Judicial.
Se creó asimismo una unidad específica para investigar crímenes sexuales y se asignaron más recursos a la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer.
Un sistema de evaluación pregunta de manera aleatoria a los denunciantes cómo fueron atendidos y si sufrieron discriminación. Estas encuestas llevaron a destituir a un fiscal en el departamento norteño de San Marcos por acosar a una joven que había denunciado una violación.
La desarticulación de bandas de narcotraficantes, extorsionistas y secuestradores lograda por la fiscalía debe atribuirse a «una investigación más proactiva, dirigida a mercados ilegales o a estructuras criminales», dijo Paz y Paz.
En junio de 2012, el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo encontró responsables de varios delitos –secuestros, asesinatos y ataques a fuerzas de seguridad— a 36 integrantes del grupo de narcotraficantes mexicanos Los Zetas, que recibieron condenas de entre dos y 158 años de prisión.
«El Ministerio Público dirigido por Claudia Paz y Paz y apoyado por la Cicig ha logrado importantes avances. Hay un expresidente procesado y las estructuras clandestinas han empezado a salir a luz», dijo a IPS el politólogo Juan Carlos Garzón, experto visitante del estadounidense Woodrow Wilson Center.
Portillo y Ríos Montt: casos polémicos
Otro proceso de alto impacto fue el seguido contra el expresidente Alfonso Portillo, extraditado a Estados Unidos en mayo para enfrentar cargos por conspiración para el lavado de dinero durante su mandato (2000-2004).
La Corte de Constitucionalidad autorizó extraditar a Portillo en 2011, pero todavía hay recursos legales pendientes en tribunales guatemaltecos, lo cual ha generado dudas acerca de la legalidad de la medida.
«La extradición de Portillo se dio de forma apresurada, hubo muchos atropellos», dijo a IPS el investigador Lizandro Acuña, del área de justicia y seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.
Mientras, el juicio contra Ríos Montt sigue pendiente. El Ministerio Público presentó peritajes y testimonios para demostrar que durante los 17 meses de su Presidencia (1982-1983) se cometió genocidio contra el pueblo maya ixil.
Los cargos incluyen el asesinato de 1.771 ixiles, 1.485 violaciones sexuales a niñas y mujeres, además de otras atrocidades y vejaciones.
En mayo, la justicia condenó a Ríos Montt a cumplir 80 años de prisión. Pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia 10 días después y ordenó repetir el último tramo del proceso.
El juicio polarizó a la opinión pública entre quienes defienden las acciones del ejército y quienes exigen justicia para las víctimas. Es que los hechos juzgados ocurrieron en el marco de una guerra civil (1960-1996) que dejó 250.000 muertos, la gran mayoría indígenas.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la derechista Fundación Contra el Terrorismo, integrada por militares retirados y sus familiares, acusa a la fiscal Paz y Paz de «desatar una cacería contra los soldados».
En 2011, Méndez Ruiz presentó una demanda contra 26 exintegrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres –que había actuado durante el conflicto armado—, incluyendo a dos primas de la fiscal general: Margarita y Laura Hurtado Paz y Paz, a quienes acusó de haberlo secuestrado en 1982.
Pero Paz y Paz replicó que esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado «no es parcialidad, es ser responsable con las obligaciones que se asumen como fiscal general».
El proceso contra Ríos Montt debería reanudarse en abril de 2014, en medio de la incertidumbre de víctimas y sobrevivientes que prestaron sus testimonios y que han soportado presiones y amenazas.
Por ahora, la fiscal general prefiere no anunciar si volverá a postularse. Insiste en que se encuentra inmersa en la tarea de institucionalizar los cambios en el Ministerio Público. Pero advierte que si su sucesor no está dispuesto a continuar esta labor, los progresos se vendrán abajo.
«Ella ha hecho un esfuerzo enorme para que la institución también sea importante. La pregunta es si cuando se vaya la institución va a ser capaz de resistir que no esté», dijo Garzón.
«¿A qué le van a apostar las fuerzas dentro del sistema político? ¿A desbaratar lo que ha hecho el Ministerio Público o a seguir con el camino que se ha empezado a trazar?», cuestionó. «Es una decisión política, y el panorama es muy incierto».
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