El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este martes 4 de octubre 2022, en la capital de la vecina Venezuela, que retomarán desde noviembre el diálogo para negociar la paz al cabo de casi sesenta años de conflicto, informa IPS desde Bogotá.
Ambas partes acordaron «reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones», así como «el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre de 2022», según una declaración firmada y divulgada en La Casona, una sede cultural del gobierno venezolano.
Por el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda, y por el ELN su primero y segundo comandantes, Antonio García (alias de Eliécer Chamorro Acosta) y Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda).
En el texto las partes se comprometen a «retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la Agenda de marzo 30 de 2016».
Esa agenda, también firmada en Caracas, previó un ciclo de diálogos en Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Venezuela, y el cual nunca prosperó.
El temario incluyó entonces la participación de la sociedad en la construcción de paz, la democracia, las manifestaciones públicas, programas para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, la búsqueda de la equidad, y planes alternativos con enfoque territorial.
También el reconocimiento a las víctimas del conflicto y sus derechos; verdad, justicia, reparación y compromisos de no repetición y no olvido, como fundamentos para el perdón y la reconciliación; fin del conflicto armado, y tránsito del ELN a la política legal, incluyendo garantías de seguridad.
En paralelo, en 2016 el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) concretó con la que fue la mayor guerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un Acuerdo de Paz que llevó a la desmovilización de casi noventa por ciento de los aproximadamente quince mil guerrilleros encuadrados en las FARC.
De las FARC, de los paramilitares de derecha que combatieron a las guerrillas, y de grupos delictivos que prosperaron en ese contexto de conflicto, quedan remanentes armados con los cuales Petro espera conseguir, así como con el ELN, un clima generalizado de paz.
Rueda dijo a los periodistas en La Casona que «el punto central de este diálogo es la participación de la sociedad colombiana. Con ella se construyen los cambios que Colombia necesita, y es un punto sustancial en este proceso».
«Esto significa, además de medidas humanitarias, asuntos que lleven a evitar nuevamente el sufrimiento de muchas familias colombianas, y a la consolidación de una democracia justa en lo social, ambiental y económico», agregó Rueda.
García expuso el uso de los conflictos como vía para buscar soluciones, enfatizó las diferencias entre el ELN y otros grupos armados, y recordó que «llevamos ya diez años de haber iniciado este proceso de diálogo, con tres gobiernos».
«Coincidimos en que los cambios son viables en la medida en que la sociedad participe en el diagnóstico, en la radiografía y en formular soluciones a los problemas», dijo García.
En cuanto a un eventual desarme de la guerrilla –que debe contar con unos mil quinientos efectivos, según informes de inteligencia de Colombia-, García sostuvo que «las armas no han sido el problema principal, sino la falta de democracia y la inequidad social» en el país.
Admitió finalmente que «un nuevo clima político» ha favorecido el retorno a los diálogos, por la presencia del gobierno que desde el 7 d agosto preside el izquierdista Petro, quien reemplazó al derechista Iván Duque.
Como facilitadores y garantes del nuevo diálogo gobierno-ELN quedan los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela -en cuyo sur y oeste ha penetrado y actúa la guerrilla según denuncias de organizaciones civiles- así como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Bogotá y la conferencia de obispos católicos de Colombia.
