La agencia de noticias Associated Press (AP) ha difundido información sobre la ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, en el Estado de México (colindante con el Distrito Federal). En el reportaje se dice que “existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de un almacén) a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron”.
Días después de salir a la luz, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a través de su titular, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que la muerte de esta gente (registrada el pasado 30 de junio), fuera el resultado de un fusilamiento por parte del Ejército Mexicano, sino que “se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar”.
Sin embargo, según informa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuvo la oportunidad de inspeccionar el lugar donde fueron ejecutadas, poco antes de que las autoridades estatales lo cerraran. En esa visita no se hallaron indicios de balas perdidas que deberían de haber dejado los soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Y, según el reportaje de AP, el observador mencionó que tampoco había señales de disparos efectuados desde el interior.
Estos hechos, que indican una ejecución extrajudicial, se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por el anterior presidente, Felipe Calderón, que cerró 2013 con 212.208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano.
El periodista José Reveles (*) escribe sobre este tema en su libro Levantones, narcofosas y falsos positivos, editado por Grijalbo en 2011. Habla de desapariciones de miles de personas atribuidas a grupos criminales, pero con demasiados indicios de que el ejército, la marina o la policía fueron los responsables. Porque dejan pistas, porque alteran los escenarios, porque los “desaparecidos” nunca aparecieron, o se les encontró muertos, porque los familiares pudieron demostrar que fueron detenidos por elementos uniformados… Porque se habla de 10.000 desaparecidos durante el gobierno de Calderón y muchos de sus familiares han documentado quién, cómo y de qué manera murieron, pero nunca han conseguido que los culpables pagaran por ello. ¿La razón? Que pertenecen a los grupos que deberían defender a los ciudadanos, porque es su trabajo.
Por ejemplo, Reveles menciona que había un lugar destinado a la tortura de civiles en la 24 Zona Militar de Cuernavaca, Morelos, en el área de carpintería y herrería, donde varios oficiales golpearon e interrogaron a un joven ingeniero (Jethro R. Sánchez Santana) la noche del 1 de mayo de 2011. Se les fue la mano y murió. La solución: tirarlo en un paraje solitario. Como este episodio, cientos.
Muchas veces se trata de meros robos. Se sabe que pasaron por un lugar, o un control donde había soldados, y no se supo más de ellos ni de sus pertenencias (caso de joyeros, por ejemplo). Para ocultar el delito, los asesinan. Por supuesto, pasan a engrosar el número de “desaparecidos” que, de aparecer, siempre son cadáveres encontrados en fosas clandestinas. Para los familiares, las apruebas son evidentes. Para las fuerzas del “orden”, no hay pruebas.
(*) Reveles fue uno de los pocos periodistas que ingresaron en la morgue donde yacían 14 víctimas de la matanza de Tlatelolco (DF, 2 de octubre de 1968). El resto de los cadáveres fueron ocultados a la opinión pública y nunca se supo el número exacto, aunque se habla de entre 400 y 500.
También fue testigo de la matanza del Corpus, el 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal, cuando aportó el número de placas de los vehículos de los autores de los disparos, comandantes de la policía . En esa ocasión tampoco se supo el número exacto de muertos, pero se calculan más de 120. Presenció el final de la Guerra de Nicaragua (1979), estuvo en el Irán de los ayatolás, pero asegura que nunca ha visto tanta violencia como en parte del territorio de México de los últimos años.
