El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España sostiene que los plazos máximos de instrucción aprobados en 2015 por el gobierno conservador del Partido Popular a instancias de su ministro de justicia, Rafael Catalá Polo, producen «efectos devastadores» en el ámbito de la corrupción política.
La UPF indica que tras un reciente auto de la Audiencia Provincial de Murcia (en un procedimiento seguido contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel), son varios ya los casos de responsables políticos que han visto archivados los procedimientos penales seguidos contra ellos a causa del transcurso de los plazos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y señala que «la postura de esta asociación profesional ha sido siempre la de la inmediata derogación del citado artículo 324. De hecho, lo hemos sostenido en un buen número de comunicados en los que hemos advertido reiteradamente del riesgo de impunidad que genera la nefasta redacción de este precepto. Frente a dicha posición, en los diferentes partidos políticos no hemos encontrado más que una completa pasividad e inactividad».
Concluye la UPF que «no es tiempo ya de lamentos, es tiempo de abordar soluciones ante el riesgo de que la reforma del ministro Catalá siga produciendo sus devastadores efectos y generando una auténtica situación de impunidad ante casos de corrupción y otros muchos en que las víctimas no ven satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva».
Por ello, instan a todos los partidos políticos para que «abandonen su juego parlamentario y acometan, de una vez por todas, la tarea de aprobar la inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» porque solo así se conseguirá «que estas injustas situaciones dejen de producirse».
