Para emigrar a Estados Unidos y concretar la aspiración de una vida mejor, Ana Iraida vendió casi todas sus pertenencias, incluido el apartamento que, hasta su partida, la salvó de la incertidumbre de vivir alquilada en Cuba, país con una irresuelta deuda habitacional, informa Luis Brizuela (IPS) desde la Habana.
«El apartamento en La Habana lo heredé de mi abuela materna, quien falleció en 2015. Era pequeño, pero confortable. Lo vendí en seis mil dólares para pagar documentos, trámites y el pasaje», señaló a IPS esta filóloga, quien al igual que el resto de las personas que brindaron su testimonio, solicitó omitir su apellido.
Desde la ciudad estadounidense de Houston, donde ahora reside, la joven contó que, gracias a préstamos de amistades, «reuní otros cuatro mil dólares. Llegué a Nicaragua en diciembre de 2022 y de allí seguí por vía terrestre hasta la frontera estadounidense».
Ana Iraida aseguró que se siente «afortunada» de haber tenido una vivienda, «amueblada y en buenas condiciones», con la cual sufragó gastos. Advirtió que otros «lo tienen más difícil al carecer de techo propio».
En los últimos dos años se disparó la emigración desde Cuba en medio del deterioro de la situación económica interna, avivada por la covid, el endurecimiento del embargo estadounidense, la dolarización parcial, la caída del poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, el desabastecimiento de productos esenciales y la inflación.
También inciden los errores y dilaciones en la implementación de reformas para modernizar el país y el ineficaz ordenamiento monetario implementado en enero de 2021.
En este país de once millones de habitantes, en 2022 el éxodo llevó a unas 250.000 personas solo a Estados Unidos, principal nación receptora de migrantes de este país insular del Caribe, de la cual la separan 90 millas náuticas (167 kilómetros).
Para frenar la oleada migratoria, el 5 de enero el gobierno estadounidense extendió a nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití un programa de permiso humanitario de residencia temporal, conocido como «parole», similar al implementado en octubre de 2022 para los venezolanos y anteriormente para otras nacionalidades.
Hasta el cierre de agosto, más de 47.000 cubanas y cubanos obtuvieron ese permiso humanitario, de los cuales 45.000 ya viajaron, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Uno de los requisitos de ese permiso temporal de residencia es contar con patrocinadores que sean de nacionalidad estadounidense, tengan la ciudadanía u otro estatus legal, además de contar con recursos para mantener a la persona o personas beneficiarias.
Se cambia (por parole) o se vende
En ese contexto, disponer de una vivienda propia puede ser también una oportunidad para el viaje de familias completas.
«La gente está cambiado las casas por recibir un parole. Hace pocas semanas facilité el intercambio de una casa por cinco paroles hacia Estados Unidos. Y en otro caso, con una residencia en Miramar (barrio acomodado del oeste de la Habana), las beneficiadas fueron nueve personas», dijo Damián, un historiador quien de forma privada se dedica a la actividad de compraventa, por lo cual cobra una comisión.
Damián explicó a IPS que «residentes en Estados Unidos piden de diez mil a doce mil dólares por poner un parole. Según el valor de la casa es el número de personas que se compromete a respaldar para el procedimiento. Cuando se completa el trámite, se vende el inmueble y queda a nombre de algún familiar o amistad de esa persona en Cuba».
Al paso por las calles, en vetustas o remodeladas fachadas de la capital cubana, no es difícil encontrar los más variopintos carteles y grafías con un texto común: Se vende. Algo no muy distinto ocurre en otras ciudades y localidades de los 168 municipios del país.
En portales digitales y grupos en Facebook para actividades de compraventa proliferan anuncios con fotos y datos relevantes de los inmuebles como la cantidad de habitaciones, la presencia de una línea de teléfono fijo o una instalación eléctrica que permita conectar equipos de 110 y 220 voltios, entre otros.
Algunos negocian el precio con o sin mobiliario, o si el comprador está «con dinero en mano (en efectivo)» y paga en dólares, euros o hace el depósito en el exterior.
«Es difícil vender, porque mucha gente quiere emigrar, y están prácticamente ‘regalando’ las casas. Pero al mismo tiempo la divisa escasea y una persona con miles de dólares prefiere usarlos para irse del país», argumentó Elisa, una abogada que confesó a IPS tener interés por asentarse con su esposo e hijo en España.
Señaló que lleva un año tratando de vender su apartamento en La Víbora, otro barrio habanero. «No encuentro un comprador, ni siquiera ahora que lo dejo en diez mil dólares, la mitad del precio inicial, y con equipos», lamentó.
En el informal mercado inmobiliario cubano aparecen ofertas desde dos mil dólares –y un poco menos- hasta algunas propuestas por un millón de dólares. La menor de estas cifras dista, por mucho, del salario medio mensual, equivalente a 16,5 dólares en el mercado negro.
Frenos pese a la reforma
Ahora, los cubanos pueden disponer de sus inmuebles incluso para abrirse camino fuera de la isla, una situación muy diferente a quince años atrás, cuando apenas eran posibles las permutas (intercambio de casas entre dos o más propietarios). La venta solo podía hacerse al Estado y la vivienda era confiscada si emigraba.
En virtud de leyes aprobadas en los primeros años de la revolución de 1959, la mayoría de los ciudadanos se convirtieron en dueños de sus casas.
La Ley de Reforma Urbana de 1960 entregó las propiedades de las viviendas a quienes las habitaban, prohibió la venta o el arrendamiento, abolió la construcción privada y suprimió las hipotecas.
Tras décadas de prohibiciones, en octubre de 2011 se modificó la Ley General de la Vivienda de 1988 y se abrieron las puertas a la libre compra y venta entre ciudadanos cubanos e, incluso, residentes extranjeros, avalado ante notarios y con el correspondiente pago de los impuestos asociados a esas operaciones.
Además, la norma eliminó trámites y regulaciones oficiales en las permutas, y legalizó la cesión de propiedades.
Antes de esa restitución del derecho de propiedad de las unidades residenciales, en 2010 el gobierno aprobó conceder licencias para edificar por «esfuerzo propio», vale decir, en forma privada, a titulares de terrenos, azoteas u otras áreas, tanto para la reparación de viviendas en mal estado, como para su ampliación.
Ante la disminuida capacidad de construcción del Estado y el deterioro del fondo habitacional, en ese mismo año también se autorizó la venta liberada de cemento, áridos, bloques y cabillas (barras de hierro corrugado), que hasta entonces eran exclusivamente de asignación central o comercializados en pesos convertibles (CUC, moneda ya desaparecida y equivalente al dólar).
Las autoridades impulsaron el otorgamiento de subsidios a familias en situación de vulnerabilidad, sobre todo aquellas afectadas por los huracanes, y microcréditos para construir, ampliar o remodelar viviendas.
Estas medidas contribuyeron al auge en la construcción y reparación por particulares.
Como en otros ámbitos signados por la escasez de materiales, trámites burocráticos y desigual poder adquisitivo, el otorgamiento de domicilios y venta de materiales no está exento de hechos de corrupción, robos y mala calidad en las terminaciones, lo cual suscita reiteradas quejas ciudadanas.
Persiste un déficit de viviendas que sobrepasa las 800.000, mientras que un tercio de los 3,9 millones de hogares cubanos están dictaminados en regular y mal estado.
Las mayores déficits se concentran en La Habana, urbe de 2,2 millones de habitantes, así como en las ciudades de Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey, las otras tres urbes más pobladas.
En 2019 echó a andar la Política de la Vivienda, con el propósito de anular en una década ese déficit, sobre la base de incentivar la producción local de materiales constructivos e insumos reciclables, además de lo que aporte el estado y la economía centralmente planificada.
La política encuentra frenos en la propia crisis económica, y en múltiples factores como morosidad en los trámites, pérdida de recursos materiales, subsidios sin terminar y recursos financieros inmovilizados en los bancos por ese concepto.
La escasez de divisas y la insuficiente inversión impiden incrementar producciones e incorporar equipamiento que amplíe la capacidad constructiva y su sostenibilidad.
Los datos oficiales exponen que en 2022 se dedicaron a servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, incluida la edificación de hoteles, más del equivalente a 195 millones de dólares, lo que representó casi 33 por ciento de la inversión en el sector.
En cambio, solo se destinaron 8,5 millones de dólares a la construcción habitacional, vale decir, 1,4 por ciento del total, de acuerdo con la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
De 2019 a la fecha se concluyeron 127.345 viviendas y efectuaron 106.332 acciones de rehabilitación, confirmó Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros, el 1 de octubre.
Las autoridades reconocieron que está amenazado el cumplimiento del plan del año de treinta mil nuevas unidades. Mantener ese ritmo implicaría eliminar el déficit en más de veintiocho años.
Sin solución inmediata
La falta de casas y el deterioro de las existentes siguen sin una solución viable a corto o mediano plazo.
En no pocas ocasiones, personas de distintas generaciones están obligadas a convivir en pequeñas viviendas y locales, muchos deteriorados, lo cual pone en riesgo a un número significativo de familias.
El acceso a una vivienda ha sido identificado, además, como un factor que incide en la baja natalidad y fecundidad que arrastra Cuba desde hace décadas.
El drama se intensifica tras el paso de ciclones tropicales y lluvias intensas cuando suelen derrumbarse centenarias edificaciones sin reparaciones o rehabilitación, o quedan sin techo aquellas vulnerables a los fuertes vientos.
Tampoco se permite el ejercicio privado de profesiones como la arquitectura, y si bien desde septiembre de 2021 el gobierno autorizó la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas, algunas especializadas en el ámbito constructivo y de reparación de inmuebles, todavía encuentran trabas para su ejercicio.
«Las soluciones pueden ser múltiples, pero a mi juicio una esencial es que los materiales de construcción estén disponibles y a precios asequibles; o que se vendan casas a los trabajadores y que las puedan pagar a crédito. De lo contrario, seguirán familias hacinadas, techos y paredes nos vendrán encima o llegaremos a viejos sin un lugar propio», manifestó a IPS Orlando, un profesor de preuniversitario residente en La Habana.
