Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, que trabajan el tema Nicaragua, manifestaron alarma por la situación de las garantías fundamentales tras la reforma constitucional aprobada el 22 de noviembre en el país centroamericano, y alertaron de que «elimina el respeto a la dignidad de la persona», informa la IPS desde Ginebra.
El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos que trabaja por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, dijo que, con la reforma, la Asamblea Nacional legislativa otorga al presidente Daniel Ortega «un poder prácticamente ilimitado sobre la población».
Una declaración del grupo señala que la reforma establece que todos los derechos fundamentales pueden suspenderse durante un estado de excepción, y reduce el umbral que permite la intervención del ejército en la policía interna, que ahora puede ser solicitada por el Gobierno siempre que la «estabilidad» del Estado lo exija.
Por otra parte, «tras haber erradicado prácticamente el periodismo independiente en Nicaragua, el Gobierno ha eliminado ahora la prohibición constitucional de censurar los medios de comunicación», afirmó Simon.
«No menos importante es la eliminación del respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación, lo que coloca a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial que considera la dignidad como piedra angular del orden internacional basado en los derechos humanos», agregó.
El Grupo de Expertos, del que hacen parte los juristas Reed Bródy, de Hungría, y Ariela Peralta Distefano, de Uruguay, consideran que el cambio constitucional traerá «consecuencias nefastas y trascendentales para los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense».
En la reforma resalta la concentración de poder en la presidencia, que ahora será ejercida por dos «copresidentes», Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, con la decisiva coordinación de los «órganos» –ya no poderes- legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales.
El nuevo texto da pie a la subordinación de todos los poderes públicos al presidente y «al adoptar un lenguaje impreciso, parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado», explicó Simon.
Por ejemplo, el nuevo Artículo 8 de la Constitución prácticamente reconoce la extinción de la separación de poderes, al establecer que «el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la presidencia de la República que dirige al Gobierno».
La presidencia podrá nombrar al vicepresidente, por lo que a ese cargo puede acceder fácilmente el hijo de los copresidentes, Laureano Ortega, lo que garantiza una suerte de sucesión dinástica de la familia en la cúspide del poder.
La reforma, además, amplía el período presidencial de cinco a seis años, define a Nicaragua como un Estado «revolucionario y socialista», y suma a los símbolos patrios la bandera rojinegra del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a quienes sean considerados «traidores a la patria», lo que ya ocurrió por orden del Gobierno con más de cuatrocientos opositores, en su mayoría exiliados; y crea un cuerpo auxiliar de «policías voluntarios» integrado por ciudadanos para apoyar a la Policía Nacional.
El Grupo de Expertos apeló a la comunidad internacional para que inste al gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos, y que cumpla sus obligaciones internacionales.
Se prevé que la reforma a la Constitución de 1987, aprobada de modo unánime por el parlamento apenas tres días después de que el Gobierno le sometiese los cambios en un centenar de artículos, recibirá su sanción definitiva en enero de 2025.
Entretanto, el lunes 25 la Asamblea Nacional modificó el Código Militar y la Ley de Organización de la Policía Nacional, para prorrogar los períodos de los jefes de las fuerzas armadas de cinco a seis años. El jefe de la Policía, el comisionado general Francisco Díaz, es consuegro de Ortega y Murillo.
