En una decisión que se puede calificar como histórica, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ha emitido una sentencia favorable para las mujeres hñähño (otomíes) Alberta Alcántara y Teresa González. Se trata de un caso donde estaba en juego la reparación del daño.
A pesar de ser un tribunal administrativo y fiscal que no tiene la vocación original de hacer tal tarea, el fallo es sumamente relevante, pues genera precedentes en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Estas dos mujeres fueron acusadas de manera injusta de haber secuestrado a seis elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el estado de Querétaro, de donde son originarias, en el año 2006. Ambas fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.
El mensaje que acaba de trasmitir el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son consideradas culpables debido a la irregular actuación de las autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica.
Acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, es de fundamental importancia que se asuma y se ejerza efectivamente la obligación que tienen todas las autoridades del Estado de respetar, proteger, garantizar, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos provocadas por la actuación de los servidores públicos.
Es importante destacar que el sentido que tiene la reparación integral del daño en el derecho internacional de los derechos humanos contempla la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción e implementación de garantías de no repetición. Esto implica no sólo el pago de una indemnización monetaria, sino de medidas que van más allá y que ordenan a las autoridades del Estado ofrecer una disculpa pública; garantizar mediante medidas provenientes desde la propia autoridad que violaciones de la misma naturaleza no se repitan e investigar y sancionar a las personas responsables de cometer tales violaciones, entre otras. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no cumple con estas obligaciones de manera integral.
Sin embargo, la determinación del Pleno de la Sala Superior de dicho Tribunal Federal luego de más de siete años de exigir justicia y verdad para Alberta Alcántara y Teresa González desde que fueron injustamente encarceladas, marca un hito en torno al papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar a las víctimas el derecho a una indemnización por la actividad irregular del Estado. Para una reparación integral de daño, el Estado debe establecer un mecanismo adecuado.
Cabe destacar que el TFJFA también consideró el juicio de reparación de Jacinta Francisco Marcial, quien permaneció privada de su libertad acusada injustamente del mismo delito que Alberta y Teresa, aunque su caso se llevó de forma separada, pues el perjuicio que sufrió fue diferente.
Ahora, habrá que esperar a que se revisen otros muchos casos, como el de Patishtán y una larga lista de indígenas que han sufrido cárcel por haber sido denunciados y condenados injustamente. La mayoría de las veces se trata de acusaciones amañadas, y arregladas con testigos comprados.
Nueva campaña de Amnistía
En otro orden de asuntos hay que destacar la puesta en marcha de una campaña que tiene como fin visibilizar la labor de quienes han dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos, otro colectivo que sufre la violencia del crimen organizado y de las fuerzas de seguridad, y que, igualmente, paga con la cárcel un trabajo que tan sólo busca la justicia para los desfavorecidos. Bautizada #BuscaTusDerechos, se divulgará por medio de intervenciones urbanas en varias ciudades del país, y de una intensa difusión en medios digitales.
Para este proyecto, Amnistía Internacional ha seleccionado una docena de casos que ejemplifican de forma paradigmática los obstáculos a los cuales se enfrentan las personas que luchan por los derechos de las personas. La mitad de estos casos corresponden a ciudadanos de México, e incluyen defensores de migrantes, supervivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada, tortura y violencia sexual, así como casos que evidencian graves fallas en el sistema de justicia del país.
En la primera etapa, la organización distribuirá en las principales ciudades del país más de 10.000 sobres que incluyen relatos y testimonios de los casos que integran la campaña. Cada uno de estos sobres invitará a quien lo encuentre a tomar una acción para respaldar ese caso.
La organización espera recolectar al menos 50.000 firmas de apoyo y llegar a millones de personas a través de las redes sociales (hashtag #BuscaTusDerechos), universidades y espacios públicos.
Más información: www.tusderechos.mx
