Sin pronunciarse francamente sobre el fondo de la ley «Asilo e inmigración» promovida por el gobierno de Emmanuel Macron, el Consejo Constitucional de Francia decidió el pasado jueves censurar 32 artículos del citado proyecto de ley, que fue aprobado hace ya un mes por los diputados de la derecha y la extrema derecha en la Asamblea Nacional.
Los artículos juzgados anticonstitucionales conciernen esencialmente a las propuestas añadidas por la ultraderecha y el LR (Sarkozystas) que habían sido saludadas por Marine Le Pen como una «victoria ideológica» de sus ideas xenófobas.
Lo positivo en la decisión un tanto hipócrita del Consejo Constitucional es que aun sin reclamar su abrogación, excluye formalmente de la ley los aspectos más demagógicos, abiertamente racistas y contrarios al Estado de derecho, como por ejemplo «la preferencia nacional» para atribuir los subsidios sociales, la supresión del derecho al suelo para los hijos de extranjeros nacidos en Francia, las medidas destinadas a impedir el reagrupamiento familiar, el debate sobre cuotas migratorias, o la prometida reforma de la ayuda médica de Estado, destinada a privar de ayuda médica a los extranjeros.
El Consejo estima en consecuencia que esos aspectos xenófobos de la ley asilo e inmigración son contrarios a la Constitución Republicana. Tal decisión no ha impedido al presidente Macron solicitar la promulgación de la ley, desmarcándose en parte de la fachada más racista de la ley Darmanin/Le Pen, y provocando así la airada protesta de sus aliados ultraderechistas, que se sienten traicionados.
La izquierda parlamentaria y las cuatrocientas organizaciones, asociaciones, sindicatos y partidos de izquierdas que se oponen a dicha ley, aunque saludando la decisión del constitucional como «una victoria parcial», siguen reclamando la necesaria abrogación de esa ley profundamente racista. Lo que queda hoy de la ley es de hecho la primera propuesta presentada por el titular de interior Gerald Darmanin. El riesgo para Macron es que esa decisión provoque una moción de censura contra su gobierno minoritario, que no es sino un rehén en manos de la ultraderecha.
Mientras tanto, el presidente monarca viajó al extranjero tomándose por la Reina de Inglaterra en su carroza, acogido con todos los honores por el muy xenófobo primer ministro indio Narendra Modi. Macron tiene la mala costumbre de tener siempre algún viaje, cuando las cosas van mal en el país. Y en esta ocasión, además de la censura del Constitucional a su ley inmigración, en Francia como en toda Europa el mundo de la agricultura se ha alzado con sus reivindicaciones, amenazando con una profunda crisis al apenas iniciado gobierno de Gabriel Attal.
«No hay que regular la inmigración, sino el mercado»
La consigna en la pancarta de un manifestante de La Confederación campesina en Rennes me ha inspirado la segunda parte de esta crónica sobre la profunda crisis del fin de reino macronista, que se ve hoy sacudido, como en el resto de la Europa comunitaria, por la crisis y rebelión del mundo agrícola, asfixiado por las multinacionales de la industria agroalimentaria.
Cinco organizaciones sindicales de agricultores han lanzado en todo el país una movilización general, invadiendo ciudades y carreteras con sus camiones y tractores para reclamar buen número de reivindicaciones variopintas y contradictorias. A partir del lunes la amenaza de bloquear París y el mercado de abastos de Rungis sigue presente, a pesar de las mini propuestas de Gabriel Attal, que han sabido a poco a la inmensa mayoría de los manifestantes.
Entre el tema de la inmigración y el de la agricultura existe en efecto, aquí como en toda Europa, un nexo de unión que muestra la connivencia del ultraliberalismo económico con la demagogia neofascista y xenófoba.
La ultraderecha al igual que la Comisión de Bruselas y el gobierno de Macron y su dócil prensa nos venden la idea de que los problemas del país son culpa del inmigrante, cuando la realidad muestra que la inmigración no es el problema sino la solución.
De la misma manera, cuando se trata de resumir la crisis agrícola europea, los medios dominantes controlados por la derecha y la extrema derecha, nos quieren inculcar la idea demagógica de que la culpa es siempre del extranjero, y que hay que consumir productos franceses: Sin embargo, los mismos que alimentan la xenofobia en la agricultura como en la inmigración son los primeros que votan en el Parlamento europeo los acuerdos de cooperación ultraliberales, que fomentan a nivel mundial la «competencia desleal».
El otro caballo de batalla del ultraliberalismo neofascista es hoy oponer los ecologistas a los campesinos. Por desgracia hay muchos agricultores que se equivocan de enemigo, cegados o convencidos por las ayudas de la PAC. La FNSEA el mayor sindicato de agricultores en Francia, es en realidad el primer responsable del desarrollo agroindustrial que conduce a la crisis y al suicidio a los pequeños agricultores. Su política favorece al veinte por ciento de la profesión, mientras que el ochenta por ciento está amenazado de desaparición. El enemigo de los agricultores no son ni los ecologistas, ni los agricultores de los países vecinos, sino la política de las multinacionales agro alimentarias.
Dos pesos y dos medidas, la represión política con Macron
Es sorprendente y conviene destacar que la violenta movilización de los agricultores, con ataques e incendios de edificios públicos, con su impresionante bloqueo en todo el país, ha sido acogida con mucha indulgencia por el titular de interior Darmanin, quien, a diferencia de los ecologistas, no les ha calificado de «agroterroristas». Sin duda por temor a enfrentarse a ellos, bien protegidos con su ejército de tractores, pero también con un evidente cálculo político; que en las próximas horas consistirá en separar a los que aceptan dócilmente las mínimas propuestas del gobierno, de los irreductibles.
Todos los medios informativos destacan aquí el tratamiento de favor que la policía de Darmanin ha otorgado a la protesta agrícola, sirviéndoles incluso de escolta. Los gilets jaunes, los estudiantes, los jóvenes de los barrios populares, los manifestantes contra la ley trabajo y contra la ley de jubilaciones, los sindicalistas en lucha por sus salarios, el personal hospitalario en huelga, los ecologistas de los «soulevements de la terre», no se beneficiaron de ese tratamiento y fueron brutalizados, mutilados y criminalizados por la violencia policial de ese mismo Darmanin, a las órdenes de Macron.
Una prueba más, si falta hacía, del carácter político de la violencia de Macron contra el Estado de derecho. Macron y Darmanin confunden deliberadamente protección del orden público y represión política.
La dirección de la FNSEA deberá ahora calmar a sus tropas, como tiene ya vieja costumbre. Pero además de la FNSEA, otras cuatro organizaciones agrícolas tienen también la palabra.
Actualmente solo la Confederación campesina plantea en sus reivindicaciones varios temas que la FNSEA excluye:
- Cómo salir de los acuerdos ultraliberales de libre comercio que aprobados por Bruselas conducen la agricultura europea mundializada a la catástrofe.
- Establecer un precio mínimo de base (prix plancher) para que los agricultores no vendan sus productos a perdida.
- Sancionar a los grandes supermercados y gigantes de la distribución, regulando el mercado agroalimentario, pues son ellos los primeros que se enriquecen, mientras que la mayoría del mundo agrícola produce a menudo a pérdidas.
La traición anunciada de la FNSEA no será una sorpresa, lo que queda por ver es si las bases de las centrales agrícolas aceptarán esa farsa de negociación que nos preparan, poniendo una vez más un vendaje de fortuna a la profunda hemorragia productivista que amenaza al mundo agrícola.
