La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiteró la «profunda preocupación» que produce el incremento de la violencia estructural y sus vínculos con situaciones históricas en Colombia, informa IPS.
«En el año 2021, la Policía Nacional registró un incremento de 14 por ciento de personas asesinadas en el país en comparación con 2020. De los 13.708 homicidios registrados en 2021, 10.371 personas fueron asesinadas con arma de fuego y, según información pública, 8095 se catalogan como sicariato», indica la CIDH en su declaración.
La mitad de los homicidios se concentraron en seis de los 32 departamentos de Colombia: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquía y Norte de Santander, «en regiones que se caracterizan por una limitada presencia del Estado y por las afectaciones del conflicto armado», según la declaración.
Colombia vivió por más de sesenta años un conflicto armado entre el Estado y fuerzas guerrilleras de izquierda, más la intervención de paramilitares de derecha, que desembocó en un acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el gobierno y la insurgencia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una guerrilla menor, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos sectores disidentes de las FARC continúan empuñando las armas contra el Estado, que les combate y les acusa de vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que alimentan la persistente violencia.
El jueves 24 de febrero 2022, un bombardeo efectuado por las fuerzas militares mató a veintitrés disidentes de las FARC, en el marco de una ofensiva para retomar el control de un área en el nororiental departamento de Arauca, en las llanuras fronterizas con Venezuela.
En Arauca un grupo disidente de las FARC aliado al ELN lucha con otra disidencia por el control de las que se supone son rutas para el narcotráfico y el contrabando, y por esa violencia han muerto más de sesenta personas este año, según medios locales.
Ya hace un mes el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en el país sudamericano, Carlos Ruiz Massieu, había reclamado una mayor presencia del Estado colombiano en la conflictiva región de Arauca.
En distintas regiones «los hechos de violencia están conectados con la actuación de grupos armados no estatales y que afectan de manera desproporcionada a personas campesinas, indígenas y afrodescendientes», observa la CIDH.
Igualmente, afectan a las personas que «actúan en la labor de defensa de derechos o con liderazgo social o comunitario», indica el texto.
Ejemplos de la situación, según la CIDH, son los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, ejecuciones y atentados durante el mes de enero, en los departamentos de Arauca y Boyacá (centro), entre los cuales se habrían contabilizado 39 asesinatos selectivos.
En veintisiete de esos casos, «los cuerpos presentan disparos a corta a distancia y otros elementos que indican que estas personas habrían sido ejecutadas».
Otro ataque contra el activismo comunitario ocurrió el 19 de enero 2022 «con la explosión de un carro bomba en Saravena, Arauca, que afectó oficinas de organizaciones sociales, donde se encontraban resguardadas unas cincuenta personas con liderazgo».
También reseña la CIDH «el asesinato del adolescente Breiner Cucuñame, del pueblo indígena nasa, el 14 de enero, tras un disparo efectuado por un integrante de un grupo armado no estatal durante una incursión en un territorio indígena, en el municipio de Buenos Aires, Cauca (suroeste)».
En esos hechos también fue asesinado Guillermo Chicame Ipia, integrante de la Guardia Indígena, y habrían resultado heridas otras personas, entre ellas Fabián Camayo, autoridad uka we\’sx y kiwe thegnas del territorio de Las Delicias.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2021 fueron asesinadas 145 personas defensoras y con liderazgo, mientras que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 202 alegaciones de asesinatos de personas defensoras y con liderazgo social, de las cuales pudo verificar 78.
La CIDH indica que según registros de organizaciones de la sociedad civil, desde el inicio de 2022 habrían sido asesinadas veintiocho personas con liderazgo social, entre ellas la lideresa campesina y reclamante de tierras Luz Marina Arteaga Henao, en enero.
«Frente a estos hechos, la CIDH urge nuevamente al Estado a redoblar sus esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos destinadas a transformar, de manera práctica y efectiva, las causas estructurales de la violencia», indica la declaración.
Para ello, agregó, «reitera su convicción sobre la necesidad de dejar atrás miradas belicistas que perpetúan una cultura de guerra, e implementar integralmente el Acuerdo de Paz (de 2016), en la medida que esto también supone fortalecer la presencia integral del Estado en todo el territorio colombiano».
