El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha señalado, sobre el grado de cumplimiento de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aprecian déficits en materia de vivienda y salud, informa Amnistía Internacional.
Tras varios años de implementación de las medidas de austeridad en el contexto de la crisis económica, España todavía no ha ha procedido a una evaluación exhaustiva y con consulta a las personas afectadas sobre los impactos de estas medidas, su proporcionalidad y temporalidad y su posible finalización, y la ausencia de responsabilidad de las empresas ante violaciones de derechos humanos también aparece en el punto de mira de Naciones Unidas.
Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, quien estuvo recientemente en Ginebra durante el período de examen sobre España de este Comité DESC, sostiene que “es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos así como que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas”.
Mendiola agrega que “en España la protección jurídica de estos derechos es menor que la que tienen los derechos civiles y políticos, empezando por la Constitución, lo que ha dejado a los derechos sociales a la intemperie de la batería de medidas de austeridad aplicadas durante las últimas legislaturas. El gobierno español insiste en que la recesión está superada, pero las medidas de austeridad persisten y con ello persisten las dificultades para acceder a estos derechos de una parte importante de la población ”.
Derecho a la vivienda en España
En cuestiones como el derecho a la vivienda, Naciones Unidas expresa su preocupación por el insuficiente porcentaje de vivienda social en España, que no supera el 2 % del total, los precios excesivos de la vivienda, así como la falta de protección adecuada de los derechos de las personas inquilinas con respecto a las propietarias en el mercado de alquiler.
En relación con los desalojos, el Comité DESC destaca que falta un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevarlos a cabo y que incorpore, entre otros, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, asegurando que las personas afectadas tengan acceso a vivienda alternativa.
“Desde Amnistía Internacional hemos señalado en numerosas ocasiones la ausencia de ese marco legislativo adecuado, en un contexto en el que entre 2013 y 2017 se han producido en España 312.361 desalojos. Seguir como hasta ahora, sin legislación ni cauces procesales que protejan el derecho a la vivienda, es una clara vulneración de derechos humanos”, insiste Mendiola.
El Comité DESC reclama a España que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales para brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado de un desalojo.
Derecho a la salud en España
“Sobre el derecho a la salud, Naciones Unidas se sitúa del lado de las organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y muchas otras, «que hemos exigido una reforma del Real Decreto Ley de 2012 que garantice a todas las personas que estén en España, independientemente de su situación administrativa, una asistencia sanitaria; es decir, Naciones Unidas exige la universalidad del derecho a la salud, que se ha visto menoscabado en España en los últimos seis años de vigencia de este Real Decreto, que ha tenido un efecto claramente regresivo”, señala Mendiola.
El Comité DESC destaca que falta una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud y pide llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud.
Empresas
En relación con la responsabilidad de las empresas ante la vulneración de derechos humanos, Mendiola concluye que: “Naciones Unidas resalta la existencia de lagunas legales en España que no garantizan el cumplimiento de la obligación de debida diligencia y recuerda que las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los riesgos de violaciones de derechos humanos”.
“Se trata de un avance importantísimo. Las empresas no pueden ser meras espectadoras o beneficiarias de la realidad, son una parte de la misma y, como tal, tienen obligaciones que cumplir, también en materia de derechos humanos”.
