El gobierno de Donald Trump ha ignorado las críticas de Naciones Unidas ante la crueldad de sus medidas contra la inmigración ilegal en los Estados Unidos, y no solo eso, sino que responde con su salida del organismo mundial que defiende los derechos humanos
Casi 2.500 niños que suplican, lloran y se desesperan ante la cruel separación de sus padres. Recién nacidos o adolescentes; no importa la edad, para que Trump los deje encerrados en los centros de detención en jaulas sin poder comunicarse con ellos, sin saber cuál será su destino, ante su manifiesta crueldad. A pesar de ello, miles de familias también esperan a que el proceso criminal por ingresar de forma ilegal en el país se resuelva y mientras eso sucede se vulneran los derechos humanos de los menores.
A pesar de la indignación de algunos senadores, incluso de otros miembros del partido republicano y de UNICEF, que valoraron dicha detención como un atentado contra los derechos humanos de los infantes, aún más vulnerables a la explotación y al abuso, no ha hecho sino reforzar las políticas migratorias previstas y no parece que tenga visos de finalizar. En los datos que ha recogido la oficina de protección de aduanas y fronteras, (CBP) por sus siglas en inglés, aseguran que en ocho meses, se han detenido en las fronteras a 57.120 unidades familiares de los tres países que conforman la región a los que hay que sumar a 25.520 menores de edad, que han realizado la travesía sin ningún responsable mayor de edad. En los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, lugares desde donde huyen las familias para evitar la pobreza solamente asienten con resignación esta situación extrema que viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
La tolerancia cero de la administración de Donald Trump impulsada en el mes de mayo, ha pretendido combatir la inmigración de indocumentados. Le echa la culpa al congreso y a los demócratas dado que no apoyan una política migratoria como él la entiende. Existen diversas denuncias realizadas por organizaciones humanitarias, miembros del congreso y periodistas que insisten en proteger a los niños que permanecen enjaulados sin haber cumplido ni siquiera un año de vida.
Es una contradicción dado que los propios republicanos siente cierta incomodidad ante esta situación e incluso la primera dama, Melania Trump, junto con las esposas de los anteriores presidentes han sido críticas con el presidente actual, Donald Trump.
”Los demócratas son el problema. No les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que sean, entren e infesten nuestro país, como la (pandilla) MS-13. No pueden ganar con sus terribles políticas, así que ¡los ven como potenciales votantes!”, dijo en su cuenta de Twitter, Trump.
Tanto las defensoras de México, Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala han pedido de manera conjunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que los Estados Unidos deje de separar a cientos de miles de niños de sus padres por estar estos indocumentados. Exigen además, unas medidas cautelares que interrumpan la práctica de separar a estos menores de sus familias de modo que se protejan sus derechos como seres humanos.
Según alega la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, la administración Trump no va a pedir perdón por haber separado a los niños de sus madres a pesar de los reportajes, fotos y testimonios que los periodistas siguen dando en la red. Este hecho, sucede solamente porque Trump quiere disuadir a los ilegales de las fronteras; el coste son sus niños enjaulados. Para él solamente existen dos opciones políticas para responder a esta crisis de separación familiar; o se liberan a todas las familias inmigrantes y menores que se presenten en la frontera desde América Central o podemos arrestar a los adultos por delito federal de entradas ilegales.
Una expresión de odio, xenofobia y racismo contra las comunidades centroamericanas sin precedentes; algo que en cierta forma nunca ocultó el presidente Donald Trump y que hoy, ve sus frutos.
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