Derechos de la mujer en retroceso en España

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España ha publicado un comunicado en el Día Internacional de la Mujer en el que considera imprescindible remarcar el retroceso que en materia de igualdad de género se viene sufriendo en este país en los últimos años, especialmente desde el inicio de la crisis económica, que ha valido un suspenso en el último informe del CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

Soledad Cazorla Prieto
La Unión Progresista de Fiscales recuerda este 8 de Marzo a Soledad Cazorla Prieto y su labor al frente de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

En materia laboral, señala la UPF como ejemplo, se asista a un constante aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ha pasado a situarse en el 24 %, el porcentaje más alto de los últimos cinco años. Señala también que el 70 % de los contratados a tiempo parcial en España son mujeres, lo que ha de ponerse necesariamente en relación con la muy distinta dedicación a las labores domésticas y de cuidado de menores y dependientes no remuneradas, ya que de media se estima una dedicación mensual de 9 horas en los hombres frente a 26 horas en las mujeres.

Con estos datos, para la UPF resulta imprescindible, retomar las acciones precisas para combatir los estereotipos de género desde su origen, muy especialmente a través de la educación y la formación en la materia, alcanzar la efectiva paridad en el ámbito laboral y social y garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres.

Para la UPF, el reto más acuciante sigue siendo la lucha contra la violencia de género que en su manifestación más grave, el asesinato, presenta en España «la vergonzosa y desesperante cifra de 1054 mujeres asesinadas por violencia machista desde 1999», 11 de ellas tan sólo en los dos primeros meses de este año 2016.

Se hace precisa cada vez más y con mayor urgencia la adopción de los medios necesarios para la implementación de la Ley Integral y una adecuada dotación presupuestaria para ello, puesto que las partidas destinadas a la actuación contra la violencia de género se han visto reducidas en un 21 % desde el año 2011, concluye la Unión Progresista de Fiscales.

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