La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha señalado en un mensaje televisado a la nación que la decisión del líder parlamentario del país, Eduardo Cunha, de aceptar una petición de de juicio político en su contra por presunta adulteración de cuentas públicas, se argumenta con razones “inconsistentes e improcedentes”, informa Andes.
«Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido, así como de su justo archivo. No podemos dejar que conveniencias e intereses indefendibles debiliten la democracia y la estabilidad de nuestro país», dijo en un breve discurso a la nación este jueves 3 de diciembre de 2015.
La mandataria agregó que son “inconsistentes e improcedentes” las razones que fundamentan este pedido y apuntó que no existe ningún acto ilícito practicado por ella: “No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas en el exterior ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales», acotó.
La víspera, Cunha determinó dar curso a un proceso contra la mandataria, a menos de un año de que iniciara su segundo período de mandato. Sin embargo, el líder legislativo es cuestionado por esta actuación, iniciada después de ser acusado de recibir dinero del Banco BTG a cambio de modificar proyecto de leyes a favor de esa entidad financiera.
Su decisión también se produjo tras el anuncio del Partido de los Trabajadores (PT) de que votará a favor de continuar el proceso para su destitución en el Consejo de Ética, donde enfrenta un proceso por presumible quiebra de decoro.
Al respecto, el jurista Miguel Reale Junior consideró que Cunha actuó movido por el chantaje para aceptar un pedido contra la presidenta y dijo que no fue una coincidencia que haya decidido aceptar la petición.
La acción, según otros analistas consultados por medios internacionales, carece de evidencias y bases legales y evidencia la desesperación de quien, confrontado por imputaciones de presunta corrupción, está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluido usar el chantaje y violar las leyes democráticas para salvar su mandato y satisfacer sus intereses.
Cunha, enemigo declarado de Rousseff, está acusado por la Fiscalía de la República por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y está en la mira del Consejo de Ética de la cámara que preside, que podría iniciar una investigación por ocultar unas cuentas millonarias en Suiza alimentadas presuntamente con dinero de la estafa a Petrobras.
A diferencia de Cunha, la mandataria del país no está implicada en actos de soborno, ni corrupción y no posee cuentas bancarias en Suiza sin declarar a la justicia electoral, aseveró.
Portavoces parlamentarios señalaron asimismo que el líder de la Cámara actuó sin pedir respaldo a su agrupación, el Partido del Movimiento Democrática Brasileño (PMDB), pues el jefe de bloque en dicha casa, Leonardo Picciani, censuró la decisión de su colega.
El máximo representante del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierras (MST), João Pedro Stédile, anunció por su parte que saldrán a las calles para acabar con los intentos de la oposición de derrumbar el proceso democrático brasileño, mientras diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) salieron en defensa de Rousseff y anunciaron que harán una presentación ante el máximo tribunal para cuestionar esa medida.
Se espera que Cunha inicie al proceso leyendo la acusación sobre una supuesta manipulación ilegal para mejorar las cuentas públicas y ordene la formación de una comisión especial de diputados que evaluará si el caso debe proseguir o ser archivado.
Una vez formado en 48 horas, ese cuerpo legislativo de 66 miembros de todas las fuerzas que están en la cámara, deberá elegir un presidente y un conductor del proceso. A partir de allí, Rousseff, quien dijo estar «indignada» por la acusación, tendrá 10 sesiones para defenderse.
Luego, la comisión deliberará durante cinco sesiones y votará el parecer de Cunha, que será enviado al plenario. Para aprobar el proceso y permitir la apertura del juicio político en el Senado, se requiere el voto de 342 de los 513 diputados que tiene la cámara. Rousseff, por su lado, precisa el apoyo de un tercio más uno de los diputados (172) para que se archive el pedido.
Ese número está ahora en el centro de la lucha política que decidirá el futuro inmediato de Brasil, sumido en una severa recesión económica que podría ser la más extensa desde 1930-31 y con una presidenta que cuenta con apenas un 10% de apoyo a su gestión.
Los opositores, por su parte, celebraron en las redes el anuncio contra la mandataria, entre estos el mayor partido político brasileño, el PMDB (Partido del Movimento Democrático Brasileño, centro-derecha), que apoya a Cunha.
El líder de la principal fuerza de oposición, el senador Aecio Neves, también usó las redes para mostrar su satisfacción con la apertura de esta acción que podría derivar, tras un largo y complejo proceso, en la destitución de su contrincante, y vencedora por un margen de apenas 3% en las elecciones presidenciales del año pasado.
«Apoyo la propuesta de impeachment. El Congreso no hace nada que no esté en sintonía con la población», escribió el líder del PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña).
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