“Sus manos están manchadas de sangre y siempre será perseguido por el alma del difunto”. Esa frase, pronunciada por la familia de Benaissa El Jid, ha perseguido desde hace más de un cuarto de siglo al actual representante de la Cámara de Consejeros (Senado marroquí) y dirigente del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (PJD), Abdelali Hamieddine.
Ahora, un juez de Fez lo cita el día 25, tras ser procesado, acusado el pasado día 7 de «complicidad en un asesinato» por el Tribunal de Apelación de Fez que lo transfiere a la vía penal donde debe responder por «participar en un homicidio voluntario» en unos hechos que se remontan a más de veinticinco años atrás en Fez. Su abogado, Abdessamad Idrissi, miembro del PJD cree que se trata de una “decisión política” y un acoso judicial.
El Consejo Nacional del PJD se reunió de urgencia en la noche del 11 de diciembre de 2018 y mostró su apoyo al acusado, imponiendo que no hiciera declaraciones públicas al respecto. También rechazaron el procesamiento de su dirigente cuestionando la independencia judicial. Varios medios de comunicación criticaron esta postura y la injerencia política de un partido político en la institución judicial.
Abdelali Hamieddine, a la izquierda, junto al ministro de Derechos Humanos y antes de Justicia, Mustafa RamidAdemás, se da el caso que entre los presentes estaba el actual ministro de Derechos Humanos, Mustafa Ramid, quien antes ejerció la cartera de Justicia, siendo uno de los responsables de que las denuncias del caso fueran rechazadas y desestimadas por lo que fue acusado de «abuso de poder». Ante el procesamiento calificó de «golpe de estado a la justicia» la acusación y fue nombrado responsable de una comisión especial creada al efecto. De hecho, incluso el expresidente del Gobierno marroquí Abdelilá Benkirán se jactaba de que su procesamiento «nunca iba a llegar».
El actual presidente del Gobierno y secretario general del PJD, Saadedín El Ozmani, acudió al consejo donde varios de sus miembros amagaron con retirarse del Gobierno si la acusación termina en condena con su compañero, cuestión posteriormente desmentida por la formación islamista.
Hamieddine es el político del PJD más implicado en el ‘fichaje’ en las elecciones legislativas de octubre de 2016 de destacados salafistas como Hamad Al Qabach en Marraquech, quien fue vetado por el Ministerio del Interior por considerar que incita al odio y al extremismo, además de hacer proclamas para atacar a los judíos.
De hecho, desde 2012 es presidente de la asociación Al Karama para los derechos humanos, cercana al PJD, y que desarrolla especialmente el diálogo con los sectores salafistas para integrarlos en la vida política.
Además es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Mohamed V de Rabat tras haber pasado por la Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán. Ha sido declarado persona non grata en varias facultades de Derecho de Marruecos y existieron manifestaciones para recordarle el asesinato.
Hamieddine ya fue sentenciado en 1994 a dos años por participar «en una reunión sediciosa con resultado de muerte» pero la familia del asesinado se opuso a esa salida de la cárcel y recurrió en varias ocasiones, en 2011, 2013 y finales de 2017. El testigo principal ha tenido que declarar más de ochenta veces en los tribunales sobre este caso reafirmando la presencia de Hamieddine en el asesinato.
Se da la paradójica circunstancia que el islamista cobró además 82 900 dirhams (7680 euros) tras salir de la prisión y denunciar malos tratos.
Los hechos
Ait Mohammed Benaissa El Jid era un líder nacional de la facción estudiantil de ‘baazistas progresistas’ (Al Kaïdyyine) de inspiración marxista y que ya había pasado por prisión. Formaba parte de la representación de todas las facciones históricas de la Unión Nacional de Estudiantes de Marruecos (Unem). Hamieddine estaba afiliado a Islah wa El Tajdid (Reforma y Renovación) que, posteriormente cambió su nombre a Movimiento de Unidad y Reforma (Harakat al Tawhid wal Islah) en 1996, y ya en 1998 se convirtió en PJD.
En la Universidad de Fez el 25 de febrero de 1993, después de un acalorado debate, en la facultad de Derecho, entre estudiantes de izquierda y los islamistas, un grupo de estudiantes afiliados a dos facciones aliadas islamistas, Al Adl wal Ihsan (Justicia y Caridad) y Fasil Al Wahda Tawasoul wat (Unidad de Energía y Comunicación), -enlazadas con Islah wa El Tajdid– interceptan un taxi cerca del campus universitario en Fez en el que había dos estudiantes izquierdistas, Ait Mohammed Benaissa El Jid y Haddioui El Khemmar.
Los dos estudiantes fueron sacados del taxi y brutalmente agredidos por casi treinta islamistas cerca del campus universitario Dar el Mehraz, nombre con el que era conocida la universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah. Benaissa El Jid muere el 1 de marzo de 1993 como consecuencia de las heridas provocadas y de un fuerte golpe en la cabeza.
El otro agredido que se escondió tras la agresión por temor a represalias, Haddioui El Khemmar, es el testigo que compartió el taxi con la víctima en el momento del ataque. Afirmó que reconoció como Hamieddine participó en la mortal agresión. Fue objeto de un intento de asesinato y todavía sufre consecuencias físicas y psicológicas por lo ocurrido. El taxista, otro testigo, murió a los pocos años de lo sucedido.
La familia, después del asesinato, trasladó el cuerpo de Fez a Tata, al sur de Marruecos, siempre ha afirmado que la impunidad no es aceptable y lleva años y años solicitando que el caso sea reabierto a pesar de las posibles consecuencias políticas.
[…] se refiere a la defensa del dirigente de su partido y actual senador además de presidente de la ONG islamista Karama, Abdelali Hamieddine, quien está inmerso en un largo proceso acusado de «complicidad por […]