El próximo 1 de diciembre de 2019, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE celebrará su décimo aniversario desde que se hizo legalmente vinculante, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa aquel diciembre de 2009.
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado unas conclusiones con ocasión del décimo aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales.
En este apartado llama la atención que ciertas libertades y leyes, aunque estén aprobadas no llegan a implementarse del todo en los ordenamientos jurídicos de los Estados. En ese sentido, y en materia de discapacidad, nos vemos en la encrucijada de haber o no evolucionado como era de esperar, tras diez largos años en materia de derechos humanos.
Este avance social dista mucho de ser igual para todos sobre todo si hablamos de personas con discapacidad. Personas que a través del asociacionismo, de organizaciones involucradas y otros organismos oficiales han proclamado injusticias en materia social, especialmente con el colectivo con discapacidad.
Esta Carta nació para proteger pero sobre todo, para promover la igualdad de la condición humana, la libertad, la justicia, la solidaridad de todos los ciudadanos ante la ley y la protección de sus derechos como personas tanto económicos como sociales y culturales.
En la Carta se reitera que la Unión se fundamenta en valores comunes como el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos derechos son la piedra angular de la Unión Europea, por lo que todos los Estados miembros y las instituciones de la UE deben respetarlos plenamente.
Asimismo, el consejo reitera también su compromiso con la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que supondría un mayor refuerzo de la protección de los derechos fundamentales en Europa. De igual forma, toma nota de los informes de la Comisión y de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, y reconoce que aún quedan cuestiones pendientes en materia de no discriminación y reitera su determinación de seguir trabajando en la lucha contra todas las formas de discriminación.
El Consejo señala que, aunque el público está poco familiarizado con la Carta pide a los Estados miembros que refuercen las actividades de sensibilización y formación destinadas a todas las partes interesadas, entre las que se incluyen legisladores, empleados públicos y juristas, así como instituciones nacionales en el ámbito de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, etc. Asimismo, recuerda que el Portal Europeo de e-Justicia es una herramienta importante en este sentido y se compromete a celebrar debates temáticos y cambios de impresiones anuales sobre la aplicación de la Carta en el ámbito nacional.
Al tiempo la organización se congratula del papel crucial de la Agencia de los Derechos Fundamentales a la hora de aportar conocimientos especializados en materia de derechos fundamentales e invita a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a hacer un mayor uso de los servicios de la Agencia y subraya que estudiará detenidamente toda propuesta de la Comisión tendente a permitir que la Agencia desempeñe sus funciones de una manera aún más eficiente.
Por último, teniendo en cuenta el papel decisivo que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil a la hora de sensibilizar a los ciudadanos, acerca de sus derechos y de respaldar sus esfuerzos por ejercer y defender esos derechos, el Consejo recuerda la importancia de eliminar y evitar cualquier restricción innecesaria, ilegal o arbitraria ejercida sobre la sociedad civil.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada solemnemente el 7 de diciembre de 2000.
Sin embargo, no fue jurídicamente vinculante hasta que se integró en el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. Este año se cumple el décimo aniversario del momento en que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE adquirió carácter jurídicamente vinculante.
Esta contiene cincuenta artículos en los que se consagran derechos políticos, sociales y económicos. Los Estados miembros están obligados a respetar esos derechos y a dar cumplimiento a los principios de la Carta siempre que actúan en el marco del Derecho de la Unión. La Carta se aplica a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a sus Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión Europea. Los resultados de una reciente encuesta del eurobarómetro sobre el conocimiento que los ciudadanos tienen de la Carta muestran que solo el 42 % de los encuestados ha oído hablar de ella y solo el 12 % sabe qué es realmente.
La pregunta siempre es la misma. ¿Seguimos avanzando?
