El gobierno de Ecuador debe de hacer más para proteger los derechos humanos del Pueblo Kichwa de Sarayaku para cumplir plenamente con el fallo de una corte internacional, señala Amnistía Internacional.
Hoy hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia por la cual Ecuador debe disculparse, consultar y recompensar al pueblo Sarayaku por un proyecto de explotación petrolera que dañó sus tierras ancestrales en la región amazónica del este de Ecuador y puso sus vidas en riesgo.
“Aunque ha habido algunos progresos hacia la implementación de la sentencia, el gobierno de Ecuador todavía tiene que disculparse con el pueblo Sarayaku y regular adecuadamente el derecho a la consulta. Debe garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de llevar a cabo proyectos en su territorio” dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“El gobierno también tiene que acelerar la eliminación segura de 1.4 toneladas de explosivos de alta potencia que la compañía petrolera dejó en su territorio, conforme a los deseos de la comunidad”.
La sentencia de la Corte IDH en julio de 2012 fue aclamada como un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país y en la región.
“El fallo dio a Ecuador la oportunidad de dar ejemplo a toda la región sobre cómo evitar nuevas violaciones de derechos humanos como las sufridas por el pueblo Sarayaku”, ha dicho Guadalupe Marengo.
“Ecuador debe cumplir plenamente e introducir una legislación avanzada, conforme a los estándares internacionales sobre el derecho a un consentimiento libre, previo e informado”.
La Corte IDH dictaminó que el pueblo de Sarayaku no fue debidamente consultado sobre el proyecto petrolero realizado por la empresa argentina Compañía General de Combustibles en su territorio, en la región amazónica del Ecuador. Dijo que el Estado había violado el derecho de propiedad de la comunidad, su identidad cultural y había puesto en riesgo la supervivencia de la misma.
En el año 2012 el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo que proporciona un marco legislativo para la consulta en las zonas afectadas por los proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, Amnistía Internacional no cree que sea conforme a las normas internacionales.
“Este decreto no fue consultado y acordado con los pueblos indígenas conforme con los estándares internacionales y muchos de ellos han expresado serias dudas sobre el proceso de consulta que tuvo lugar hasta ahora bajo este decreto”, ha dicho Marengo.
A finales de noviembre de 2012, Ecuador inició un proceso de licitación pública para la apertura de grandes áreas de la región amazónica del sureste de Ecuador para proyectos petrolero. Compañías petroleras alrededor del mundo fueron invitadas para presentar ofertas con el fin de llevar a cabo la exploración y explotación del petróleo. El proceso de licitación pública sigue abierto.
El caso Sarayaku
Los Sarayaku son un Pueblo Indígena Kichwa de unos 1.200 miembros cuyos territorios ancestrales están situados en un área remota de la región amazónica al este de Ecuador.
En el 2002 una compañía petrolera ocupó parte del territorio ancestral de la comunidad indígena Sarayaku. El Estado ecuatoriano había dado a la compañía el permiso para buscar petróleo sin consultar previamente con el pueblo Sarayaku.
Durante varios meses, personal de la empresa, acompañados por soldados y guardias de seguridad privada, llevaron a cabo detonaciones, talaron árboles, excavaron más de 400 pozos, enterraron más de 1.4 toneladas de explosivos de alta potencia y contaminaron el medio ambiente con el ruido de helicópteros moviendo personas y explosivos alrededor, entre otras actividades. El Pueblo Sarayaku respondió con denuncias a nivel nacional e internacional y, finalmente, consiguieron que la empresa dejara el proyecto. Pero las autoridades no se disculparon, ni proporcionaron alguna reparación por el impacto que el proyecto de explotación tuvo en la vida de la comunidad, ni realizaron ningún tipo de compromiso para prevenir abusos similares.
Después de agotar todas las vías internas legales de reparación y garantías para la no repetición, el Pueblo Sarayaku decidió llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En julio de 2012 los jueces fallaron a favor de los Sarayaku.
Los Sarayaku y Amnistía Internacional co-produjeron el documental Los descendientes del Jaguar que trata sobre la lucha de la comunidad para defender sus derechos. La película ganó el premio como “Mejor Documental” en el año 2012 del All Roads Film Project de National Geographic que tuvo lugar en Washington en septiembre de 2012, entre otras distinciones.
