La meta fijada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de eliminar para 2005 las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria no ha sido alcanzada, destacaron a IPS especialistas mundiales en el tema, informa Gustavo Capdevila (IPS) desde Ginebra.
Estos planteamientos contrastan con el anuncio el día 7 de este mes del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, efectuado en Nueva York, de que se había conseguido ya la paridad de género en la enseñanza primaria en el mundo, entre otros logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en 2000.
La académica jamaiquina Barbara Bailey sostuvo que «a 41 millones de niñas, en todo el mundo, se les niega el acceso a la educación primaria: «Eso determina que las mujeres representen cerca de dos tercios de las 780 millones de personas en el mundo que no saben leer», dijo a IPS.
Tales cifras, advirtió, indican que «no solo hemos fracasado en conseguir el tercero de los ODM (equidad de género), sino que también es improbable que obtengamos mejores resultados en las nuevas metas sobre educación que se propondrán para después de 2015, a menos que el asunto de género se integre plenamente a esos objetivos».
En septiembre de 2015 los estados miembros de la ONU deberán adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que entrarían en vigor en diciembre de ese año, cuando prescriban los ocho ODM, que suscribieron 193 gobernantes del mundo.
El tercer ODM promueve con un grupo de metas el avance a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Una de las metas de ese objetivo es «eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finalizar 2015».
El costarricense Vernon Muñoz, asesor en educación de Plan, una organización internacional dedicada a la atención de la infancia, expresó dudas sobre el logro del tercer objetivo de los ODM, que promueve el empoderamiento de las mujeres y la equidad entre los géneros: «La paridad de género en la educación, prevista en los ODM, sigue siendo un desafío en 94 de los 149 países de los que se dispone de información», dijo Muñoz a IPS.
Bailey preside un grupo de trabajo creado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, en inglés).
El grupo sostuvo su primer encuentro en el marco de una de las sesiones anuales del Comité de la Cedaw, que se desarrolla entre el 30 de junio y el 18 de julio en esta ciudad suiza. Así comenzó un periodo de consultas para la redacción de una recomendación general sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres.
El Comité, compuesto por 23 grandes expertos independientes, emplea habitualmente el instrumento de las recomendaciones generales como mecanismo para impulsar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Bailey estimó que es muy estrecha la interpretación que hacen los estados miembros del artículo 10 de la Convención, referido a la igualdad de derechos de mujeres y varones en la esfera de la educación.
Los informes periódicos de los estados al Comité omiten referencias a la forma en que el régimen escolar, «marcado por ideologías, prácticas y estructuras patriarcales, moldea la experiencia cotidiana de las niñas y las expone a un ambiente físico, emocional y sexual abusivo», apuntó la experta.
También están ausentes con frecuencia de los informes estatales las referencias a la violencia de género en las escuelas, agregó. El abuso de sexual contra las niñas, en las escuelas o en camino a esos centros, es un fenómeno que cada año denuncian unos 60 millones de niñas afectadas, precisó.
Bailey insistió en que las escuelas pueden ser espacios violentos. «La medida en la cual la instrucción es un aporte principal a la construcción de masculinidades hegemónicas y de feminidades sumisas, y la escuela representa un sitio donde la violencia se reproduce, está, en mi opinión subestimada», declaró.
La recomendación general del Comité debe atender «asuntos como el efecto de los matrimonios precoces en la educación de las niñas, de la necesidad de una educación sexual integral y de la responsabilidad de los gobiernos para poner fin a la violencia sexual y el acoso en las escuelas», dijo a IPS la representante de Human Rights Watch, Amanda Klasing.
Klasing observó que «los conflictos armados establecen a veces barreras contra la educación». En esos casos, las niñas afrontan desafíos específicos y adicionales cuando son deliberadamente atacadas las estudiantes y maestras de las escuelas que educan niñas y mujeres, dijo.
«Grupos armados han atacado, asesinado y raptado a mujeres estudiantes porque se oponen a que niñas y mujeres reciban educación», precisó. «Desde 2005, fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados irregulares han ocupado y usado escuelas y universidades, con fines militares, en 23 países», agregó.
En una descripción preliminar de la recomendación general del Comité se incluye un punto que propone a los estados la adopción de disposiciones que aseguren planes de estudio que «respondan al mercado».
El texto dice que «los estados parte deben alentar a mujeres y niñas – a través de un currículo basado en el género o de una estructura de incentivos- a que persigan objetivos educacionales que atiendan las cambiantes necesidades del mercado».
Respecto a ese punto, Muñoz comentó a IPS que «la educación, por supuesto, tiene una relación con la economía y tiene que responder de alguna manera a las necesidades de la economía, pero otra cosa completamente distinta es pensar que debe estar subordinada a ella».
El experto costarricense observó que «los objetivos de la educación están definidos por los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, concretamente por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Cedaw, y van mucho más allá de satisfacer las necesidades de los empleadores».
«Debemos tratar de construir conocimiento para dignificar la vida y esto por supuesto va más allá de las necesidades del mercado», concluyo Muñoz, quien fue relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que en 2006 se transformó en el actual Consejo de Derechos Humanos.
Otra representante de la sociedad civil, Lucy McKernan, de la Iniciativa Mundial por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, manifestó a IPS sus preocupaciones por la discriminación de género en el contexto de la privatización de la enseñanza.
La reciente tendencia a la privatización de la enseñanza en muchos países «está demostrando tener consecuencias significativas en el derecho humano a la educación, en termino de calidad y también de accesibilidad y de asequibilidad», dijo McKernan.
La privatización «significa a menudo un aumento relativo del costo de las matriculas escolares y allí reside uno de los más importantes aspectos desde el punto de vista de la igualdad de género», alertó.
