Cuando los legisladores de Estados Unidos vuelvan a sus escaños, tras el receso por el verano boreal, deberán retomar la discusión sobre qué harán con las decenas de miles de niños y adultos de América Central que siguen ingresando por la frontera sur de este país, informa Julia Hotz* (IPS) desde Washington.
Las propuestas para que el gobierno federal maneje la inédita inmigración de la región, entre ellas dos proyectos de ley pendientes en el Congreso legislativo, se basan en dos visiones contrapuestas sobre los motivos que llevan a los emigrantes a abandonar sus lugares de origen.
«El debate de la migración es sencillo», dijo a IPS el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco. «¿La gente emigra por la seguridad y las oportunidades (en el país receptor) o por el peligro y la violencia (en el país emisor)?», se preguntó.
El último trabajo del investigador del centro académico con sede en Washington apunta a esta segunda causa.
Los «homicidios intencionales surgen como un motor más poderoso de la emigración internacional que el desarrollo humano», señala el estudio, y advierte que «los inmigrantes vienen principalmente de algunos de los municipios más poblados y violentos de El Salvador, Honduras y Guatemala.»
«En su mayoría, huyen con temor por sus vidas», dice Orozco, y aclara que esas amenazas se aplican tanto a los menores como a los adultos en América Central.
Aunque El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el llamado Triángulo del Norte centroamericano, tienen mayores índices de homicidios que zonas en guerra como Afganistán o Iraq, algunos legisladores de Estados Unidos dudan que este fenómeno sea la causa de la masiva inmigración centroamericana a este país en los últimos meses.
En cambio, atribuyen el ingreso de las decenas de miles de centroamericanos a las políticas de inmigración del presidente Barack Obama.
Para estos legisladores, la respuesta radica en reforzar la seguridad en la frontera austral del país.
Esa ha sido la prioridad de la Cámara de Representantes que, liderada por el opositor Partido Republicano, destinó más de la mitad del presupuesto de 700 millones de dólares de una de las iniciativas legislativas pendientes a redoblar la seguridad a lo largo de la frontera. El resto se utilizará para acelerar las deportaciones.
El presidente Obama anunció que vetará el proyecto de ley, al que calificó de «extremo» e «impracticable».
Orozco también considera que la estrategia concentrada en la seguridad es «miope». Él y otros proponen que los legisladores incrementen la ayuda a América Central destinada a combatir la pobreza y la violencia.
«Lo bueno es… invertir en un desarrollo económico real y al mismo tiempo abordar la situación de seguridad», señaló Adriana Beltrán, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización independiente.
1,3 por ciento
Históricamente, la ayuda de Estados Unidos a América Central ha sido baja. En 2013, la región recibió apenas 1,3 por ciento de la asistencia exterior de este país, según la Coalición de Liderazgo Global de Estados Unidos (USGLC), una red de empresas y organizaciones no gubernamentales con sede en Washington.
Pero la Casa Blanca propone reforzar esa ayuda con 300 millones de dólares adicionales.
La tercera parte de la ayuda adicional se utilizaría para mejorar la gobernanza, incluida la reforma fiscal y judicial, otro tercio se destinaría al desarrollo económico, y el resto a la prevención delictiva, los programas de jóvenes en situación de riesgo y la reinserción social, explicó a IPS el consultor de la USGLC, Larry Knowles.
Pero es improbable que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto del poder ejecutivo. A diferencia del Senado, la cámara baja no declaró la inestabilidad interna de América Central digna de los «gastos de ayuda de emergencia».
No obstante, la iniciativa recibió los elogios de algunos sectores. Orozco se mostró entusiasta y sugirió que la ayuda se utilice para mejorar la educación, la capacitación laboral y las pequeñas empresas de América Central.
«Hace falta una estrategia mucho más inclusiva que aborde todos estos problemas», recomendó.
Oscar Calvo, economista en jefe del Banco Mundial para América Central, comparte ese análisis pero advierte que la violencia es «una de las numerosas causas que llevan a la gente a trasladarse». Los programas municipales pueden ayudar, señaló.
«La delincuencia es un fenómeno muy localizado, por lo que requiere una intervención muy localizada», dijo Calvo a IPS.
Es importante compartir el crecimiento económico en América Central, subrayó Calvo, y mencionó que sus principales preocupaciones con respecto a la zona son la elevada desigualdad y las «limitadas oportunidades de avance».
«América Central se destaca porque la pobreza no ha disminuido en forma constante, aunque sí lo hizo en el resto de América Latina», recordó el economista.
Beltrán, de WOLA, reclamó más inversión en la prevención de la violencia.
«Hay evidencias de programas que trabajan con la comunidad para abordar la violencia juvenil y la seguridad», dijo. «Los servicios sociales, la policía, la iglesia y otras entidades locales pueden encontrar una solución en conjunto», sugirió.
Responsabilidad compartida
La solución de estos problemas trasciende al ámbito del Triángulo del Norte y de sus gobiernos, afirmó Orozco. «Estas cuestiones requieren la responsabilidad de los gobiernos de América Central y de Estados Unidos», aseguró.
El investigador justificó el reclamo de una mayor ayuda al desarrollo de Estados Unidos en la región por las deficiencias de los esfuerzos centroamericanos, como la falta de leyes y de iniciativas que «eviten la continua salida de los niños y niñas».
«Hasta el momento, los gobiernos de América Central no fueron muy responsables», sostuvo.
Orozco también afirma que el gobierno de Estados Unidos se niega en general a compartir la responsabilidad por los problemas de la región, a pesar del historial de hegemonía económica y política de Washington y de sus numerosas intervenciones en los países centroamericanos. Señala, por ejemplo, su absoluta despreocupación por el crimen organizado en la zona.
«Lo que hizo el crimen organizado es crear un ecosistema de actividad económica irregular que se presenta como algo rentable», señaló Orozco.
Otros analistas sugieren que Estados Unidos contribuyó con el crecimiento del crimen organizado en la región mediante su «guerra contra las drogas».
*Editado por Kitty Stapp
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