El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido reactivar temporalmente una base federal que combina registros migratorios y de la Seguridad Social para comprobar la ciudadanía de votantes. La victoria cautelar de Donald Trump reabre el debate sobre el uso electoral de datos personales y el riesgo de identificar erróneamente a ciudadanos naturalizados.
La resolución del Tribunal Supremo, adoptada por seis votos contra tres, suspende la sentencia que había invalidado la ampliación del sistema SAVE. La medida permanecerá vigente mientras continúa la apelación, por lo que no resuelve definitivamente la legalidad de la base.
SAVE se creó para comprobar el estatus migratorio de solicitantes de prestaciones. La Administración Trump lo conectó en 2025 con archivos de la Seguridad Social que contienen información sobre ciudadanos nacidos y naturalizados en Estados Unidos.
El riesgo de los registros desactualizados
La Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones sostienen que esa concentración de datos vulnera las leyes federales de privacidad y puede perjudicar a personas cuyos registros no reflejan correctamente su ciudadanía.
La magistrada Ketanji Brown Jackson, quien redactó el voto discrepante, estuvo acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Jackson advirtió de que la información desactualizada puede imponer cargas adicionales o privar del voto a ciudadanos legítimos.
La decisión permite consultas individualizadas, pero la legislación federal prohíbe completar depuraciones sistemáticas de los censos durante los noventa días anteriores a unas elecciones. Ese límite reduce el efecto inmediato del fallo sobre los comicios legislativos del 3 de noviembre.
Los estados tampoco están obligados a utilizar SAVE. California ya ha anunciado que no participará y que sus reglas electorales permanecerán sin cambios. El impacto dependerá de las decisiones de cada administración estatal y de los recursos que puedan presentar los votantes afectados.
La crónica completa del Observatorio Trump en Aquí Madrid explica el alcance de la medida cautelar, la diferencia con las demandas federales para obtener censos completos y los límites aplicables antes de las elecciones.
