El Departamento de Justicia acumula veinticinco derrotas en primera instancia, aunque todavía puede recurrir algunas resoluciones. La desestimación de la demanda contra Washington refuerza la capacidad de los estados para proteger la información personal incluida en sus censos electorales.
Un tribunal federal ha rechazado la demanda con la que el Departamento de Justicia pretendía obtener el censo electoral completo de Washington. La petición incluía nombres, domicilios, fechas de nacimiento, números del permiso de conducir y parte de los números de la Seguridad Social de más de cinco millones de votantes.
El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, había ofrecido una versión con los campos confidenciales ocultos. La Administración Trump rechazó esa alternativa y acudió a los tribunales para exigir la entrega íntegra de la base de datos.
Un límite al acceso federal
La jueza federal Kymberly K. Evanson concluyó en su resolución que la Ley de Derechos Civiles de 1960 no autoriza al Gobierno federal a reclamar un censo estatal vivo y actualizado continuamente. La demanda quedó desestimada sin posibilidad de subsanarla ante ese tribunal, aunque cabe recurso.
Según el Campaign Legal Center, el Departamento de Justicia ha sufrido veinticinco derrotas y no ha obtenido ninguna victoria en los tribunales de distrito en esta campaña nacional. El balance muestra un contrapeso judicial sostenido, pero no supone el cierre definitivo de los litigios.
No existe una encuesta que mida la reacción electoral a esta resolución concreta. Su importancia reside, por ahora, en el límite impuesto a la recopilación federal de información sensible cuando faltan una autorización legal suficiente y garantías claras sobre su utilización.
La crónica completa del Observatorio Trump que publica Aquí Madrid explica por qué Trump acumula veinticinco derrotas judiciales por exigir datos privados de los votantes.
