Una jueza federal ha impuesto el primer límite ejecutivo a la campaña de anuncios protagonizados por Donald Trump y financiados con dinero público. La medida suspende durante catorce días el contrato, los pagos y las emisiones pendientes, pero todavía no resuelve si el Gobierno vulneró las restricciones que prohíben utilizar partidas aprobadas por el Congreso para publicidad o propaganda.
La jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, concluyó de forma preliminar que los demandantes han acreditado una probabilidad suficiente de prevalecer en el litigio, un posible daño irreparable y un interés público que justifica la intervención inmediata.
La información original del Observatorio Trump publicada en Aquí Madrid detalla los cinco anuncios afectados y el contexto político y demoscópico en el que se dicta la resolución.
El tribunal bloquea una asignación de 20 millones
La orden cautelar, efectiva desde las 18:45 horas del domingo 11 de octubre, suspende el contrato que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza formalizó el 20 de septiembre con Lepugh Inc., que opera como LMD Agency.
También paraliza la asignación de 20 millones de dólares autorizada por la Oficina de Administración y Presupuesto. El Gobierno no podrá efectuar pagos futuros, reservar nuevos espacios ni renovar o ampliar acuerdos para producir o difundir las piezas mientras la medida permanezca vigente.
La Administración debe comunicar la orden a la agencia contratista y presentar ante el tribunal un informe que confirme su cumplimiento. La prohibición alcanza cinco anuncios, entre ellos uno procedente de la campaña presidencial anterior y otro dedicado a la captura de Nicolás Maduro.
La resolución no exige por ahora devolver al Tesoro el dinero ya desembolsado. Tampoco declara definitivamente ilegales los anuncios: Rochon anunció que publicará una opinión más extensa y puede prorrogar la suspensión al concluir el periodo inicial de catorce días.
La defensa del Gobierno no evitó la suspensión
El Departamento de Justicia alegó que la petición había perdido su objeto porque la campaña financiada con fondos federales terminaría el propio 11 de octubre. La jueza rechazó esa posición y consideró necesario impedir que los organismos demandados reanudaran, ampliaran o prolongaran las emisiones.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el dinero procedía de partidas del Congreso disponibles, entre otros cometidos, para conmemorar iniciativas de seguridad fronteriza. La Casa Blanca presenta las piezas como anuncios de servicio público similares a los difundidos por administraciones anteriores.
Los demandantes mantienen que la campaña no informa sobre el acceso a un servicio o una prestación pública, sino que ensalza al presidente y reproduce mensajes electorales. La proximidad de los comicios del 3 de noviembre refuerza, según su demanda, el carácter partidista de las emisiones.
Quiénes han llevado el caso ante la justicia
La demanda fue presentada por Common Cause, el candidato a la Cámara estatal de Alabama Robert Hunter, el sindicato SEIU 32BJ y su comité político Empire State 32BJ SEIU PAC.
El litigio se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional; su secretario, Markwayne Mullin; la Oficina de Administración y Presupuesto y su director, Russell Vought; la Oficina Ejecutiva del Presidente, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
El Comité Nacional Demócrata mantiene otra demanda en Washington. Ambos procedimientos cuestionan si el Ejecutivo excedió los fines autorizados por el Congreso y si empleó recursos institucionales para promover al presidente y al Partido Republicano.
Una frontera pendiente entre información y propaganda
La legislación estadounidense permite a los organismos públicos explicar sus programas, pero las leyes presupuestarias incorporan límites al uso de fondos federales con fines de publicidad o propaganda. El litigio obligará al tribunal a determinar si estos anuncios informaban sobre políticas oficiales o desviaban partidas públicas hacia una comunicación electoral.
Trump anunció el 5 de octubre que su organización política pagaría las futuras emisiones después de recibir críticas de legisladores demócratas y republicanos. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que los anuncios no debían financiarse con dinero de los contribuyentes.
Ese cambio no resolvió el destino de las cantidades ya gastadas ni impidió la revisión judicial. La medida dictada en Nueva York preserva temporalmente los fondos pendientes mientras continúa el proceso, pero deja para una fase posterior la respuesta sobre la legalidad de la campaña y cualquier posible restitución al Tesoro.
