Una sentencia federal dictada en Florida ha introducido una nueva cuestión constitucional en la campaña de Donald Trump contra el voto de no ciudadanos: si corresponde al Congreso o a los estados establecer quién reúne las condiciones necesarias para participar en unas elecciones federales.
El juez David S. Leibowitz desestimó la acusación contra Chelsea Cox, ciudadana jamaicana procesada por votar presuntamente en las elecciones de 2020. La fiscalía había recurrido a una ley federal de 1996 que convierte esa conducta en delito.
Una resolución limitada a una acusada
Leibowitz considera que la Constitución reserva a los estados la capacidad general de fijar las condiciones electorales y que el Congreso excedió sus competencias al establecer una prohibición federal independiente.
La sentencia no autoriza a los extranjeros a votar. Florida mantiene su requisito de ciudadanía y puede perseguir cualquier infracción de su legislación. La decisión se aplica únicamente a Cox, no obliga a otros tribunales y el Departamento de Justicia ya ha presentado un recurso.
El razonamiento podría influir en futuras impugnaciones de la ley SAVE America, promovida por Trump para exigir pruebas documentales de ciudadanía durante la inscripción electoral. No obstante, la sentencia no decide si ese proyecto es constitucional.
El fiscal general Todd Blanche ha informado de cincuenta acusaciones federales por presunto voto de no ciudadanos. Los casos conocidos siguen representando una proporción mínima respecto a los más de doscientos millones de electores inscritos.
Una encuesta de Angus Reid USA muestra una opinión dividida: el 49 por ciento apoya la ley SAVE America y el 37 por ciento la rechaza después de conocer los argumentos de ambas partes.
El alcance jurídico y electoral del fallo se explica en el análisis del Observatorio Trump sobre la ley federal y el voto de no ciudadanos publicado por Aquí Madrid.
