El estado de Nueva York promueve aliviar la deuda de países pobres

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, en una declaración emitida este jueves 8 de junio 2023, animaron la pronta aprobación de una ley del estado de Nueva York, en Estados Unidos, que puede llevar alivio a los países de bajos ingresos más endeudados, informa la IPS desde Ginebra (Suiza).

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Capitolio Nueva York

«Es una oportunidad de oro que permitirá a los países con sobreendeudamiento cambiar sus prioridades presupuestarias y, al proporcionar mejores condiciones de vida, reducir los riesgos para los inversores en estos países y crear mejores oportunidades», dijeron los expertos Olivier de Schutter y Attiya Waris.

Ambos juristas trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sede en suiza. De Schutter, belga, es el relator especial sobre «Pobreza extrema y derechos humanos», y Waris, keniana, es la experta independiente sobre «Deuda externa y derechos humanos».

La Ley de Prevención de Crisis de Deuda Internacional y Contribuyentes de Nueva York, que se encuentra actualmente en discusión, obligaría a los acreedores privados a participar en los esfuerzos internacionales de alivio de la deuda en términos similares a los de los prestamistas públicos.

La deuda externa acumulada de los países de ingresos medianos y bajos sumaba 9,3 billones (millones de millones) de dólares al cierre de 2021, según el Banco Mundial. De ella, 3,5 billones corresponden a deuda pública o con garantía pública.

Los expertos indicaron que alrededor de 60 por ciento por ciento de la deuda de los países en desarrollo está en manos de acreedores privados, y que las leyes de Nueva York rigen sobre 52 por ciento de esas acreencias.

«Para alivio de la deuda pública, los acreedores privados deberían estar obligados a participar en los mismos términos que los públicos», dijeron Waris y de Shutter.

Agregaron que «el alivio de la deuda debe ser efectivo y justo para todos, y sus costos también deben ser compartidos por los acreedores privados».

La legislación propuesta significa que los países de bajos y medianos ingresos en dificultades podrían proteger los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos en lugar de pagar cargas de deuda que los expertos juzgan insostenibles.

En 2021, esas naciones gastaron un promedio de 27,5 por ciento de sus presupuestos en pagos de intereses y deudas, o más que la cantidad gastada en educación, salud y protección social combinadas.

Los expertos destacaron que la pandemia de la COVID-19, la crisis energética, el aumento de los precios de los alimentos y la inflación, han llevado a un aumento de la deuda insostenible para muchos países, con un impacto particular en las naciones en desarrollo.

«Muchas personas pobres apenas pueden pagar los alimentos y las necesidades dietéticas mínimas para la salud. Es precisamente en tiempos de crisis que los Estados deben ser capaces de garantizar la protección social y la seguridad alimentaria de todas las personas de su país», señalaron los expertos.

Subrayaron que «todo el mundo tiene interés en que los países puedan invertir en protección social, salud, vivienda, educación y seguridad alimentaria, en lugar de dedicar cada vez más de sus limitados presupuestos al pago de la deuda».

Por todo ello, los expertos han dirigido comunicaciones a las autoridades de Estados Unidos, y en particular a los de Nueva York, instándoles a adoptar el nuevo texto legal.

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