Entre las facultades que se le permiten a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, elaborada por el vigente gobierno del Partido Popular -votado por una mayoría de españoles que ahora debería sentirse más que arrepentidos si fueran demócratas-, figura la de otorgar a la palabra del agente de policía que puede sobrepasarse en su celo represor la máxima autoridad.
Esto es, que la presunción de inocencia del reprimido queda reducida a la nada, a menos que el supuesto infractor recurra la sanción que se le imponga, para lo cual ha de disponer de medios económicos para hacerlo, algo harto improbable si se trata de uno de esos cientos de miles de ciudadanos desempleados, un padre de familia al que se le desahucia de su casa o un joven sin futuro ni trabajo de ese largo cincuenta y pico por ciento que tiene el deber de protestar porque padece una situación injusta.
Dice hoy mi estimado Bernardo Pérez, excelente fotógrafo del diario El País desde su fundación y autor de la instantánea que ilustra este comentario, que a él no le van a parar como profesional a la hora de dar noticia de hechos como el que representa la imagen. Yo no dudo de la palabra de mi excompañero, que ha dado a lo largo de su carrera sobradas pruebas de defender la libertad de expresión, pero puestos en lo peor y casi imprevisible -esto es, que el Partido Popular fuera elegido nuevamente por lo españoles para gobernar en una segunda legislatura-, ¿sería su periódico tan combativo como lo es ahora con la prolongación de la Ley Mordaza durante esa segunda legislatura? ¿Lo sería teniendo en cuenta que la aplicación de esa ley traería consigo una mayor represión y, por lo tanto, la posibilidad de que la violencia policial que refleja la fotografía de Bernardo se reproduzca e incremente?
Y ya que va de preguntas, todos nos preguntamos por qué un gobierno en las últimas, como el del PP, hace todo lo posible por perder las próximas elecciones con la puesta en marcha de una ley -a un par de meses de los comicios- que nos retrotrae a la Ley de Orden Público franquista de 1959, al incluir en la Ley Mordaza la ejecución de sanciones administrativas por conductas que no son delito. Si esto lo hace el gobierno de don Mariano antes de unas elecciónes, ¿qué nos podría deparar una segunda legislatura bajo su férula?
