En México, alrededor de 411 criaturas de entre cero y diecisiete años fueron víctimas de homicidio en los dos primeros meses de este año 2021: siete al día.
El pasado día 30 de abril se conmemoró en México el Día del Niño y de la Niña, cuyo Gobierno había firmado en 1924 la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño que establece que «el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad».
Sin embargo, las cifras hacen palpable que no se está cumpliendo en absoluto, y menos en la situación actual derivada de la COVID-19.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que alrededor de 411 personas, entre cero y diecisiete años, fueron víctimas de homicidio en los meses de enero a febrero de 2021, lo que se traduce en siete muertes cada día entre niños, niñas y adolescentes.
En Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México) consideran que el Estado mexicano está obligado a priorizar el interés superior de la niñez en todas sus decisiones y de los funcionarios públicos y que tiene, a su vez, la oportunidad de demostrar que no se ha olvidó de la niñez, y menos en las circunstancias actuales.
A la cultura de los adultos le resulta difícil reconocer las capacidades y conocimientos de niñas, niños y adolescentes del nuevo milenio, quienes son nativos digitales y generadores de culturas infantiles que se expresan en las redes sociales. Son ellos quienes ayudaron al mundo adulto a sobrevivir a la digitalización que forzó la pandemia en el sistema educativo, laboral y familiar desde hace un año.
Hay que destacar que la niñez mexicana ya representaba en 2020 a 38,3 millones de personas que vivían en el país, es decir que, una de cada tres es menor de dieciocho años. Además, el 49,6 por ciento vivían en situación de pobreza en 2018, según datos de Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)
La violencia también mata menores
Pese a su rol y a la importancia que tienen en la sociedad, la infancia en México padece las consecuencias de la grave situación de inseguridad que ha provocado la violencia armada en la nación. Como hemos indicado al principio, según SESNSP, alrededor de 411 personas, entre cero y diecisiete años, fallecieron víctimas de homicidio de enero a febrero de 2021, lo que se traduce en siete muertes cada día.
La inseguridad que sufre la infancia en México también se refleja en las 2720 niñas, niños y adolescentes que fueron atendidas por violencia (familiar o no) del 1 de enero al 11 de abril de 2021, en particular contra mujeres que corresponden al 77,1 por ciento de las víctimas, según la Secretaría de Salud.
Y si atendemos a las desapariciones, las cifras son espeluznantes: hasta el 28 de abril de este año, se calculaban 14.800 de entre cero y diecisiete años de edad, tal como lo señalan datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
El derecho a la educación también se ha visto mermado por un incremento del abandono escolar ocasionado por la pandemia del coronavirus, aunada a una crisis de aprendizaje en la población infantil y adolescente. En 2020, el 16,4 por ciento de las personas de tres a diecisiete años no asistían a la escuela en México; esto supone 5,3 millones. Hoy se sabe que, por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de recursos, no se inscribieron 5,2 millones de personas en el ciclo escolar 2020-2021.
Faltan recursos y voluntad política
Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, estas cifras confirman una vez más la gran deuda del Estado mexicano en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989, ONU). Y asegura que, como han señalado en anteriores ocasiones, «aun cuando se avanzó en la instauración del SIPINNA (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) después de la aprobación de la Ley General, lamentablemente no se le ha otorgado la fuerza política y el presupuesto necesario para constituirse como un sistema de alto nivel jerárquico que articule las acciones, programas y políticas de la federación, las 32 entidades federativas y los más de dos mil municipios».
Pérez García asegura que la actual administración federal ha mostrado desprecio a este esfuerzo histórico del país, amenazando su viabilidad y la protección internacional que lo respalda. Y denuncia algo que considera «lamentable»: que el jefe del Estado Mexicano haya incumplido durante más de dos años su obligación legal y constitucional de asistir a las reuniones como presidente del SIPINNA. Los retrocesos de estos dos últimos años han regresado a indicadores negativos de hace cinco o diez años atrás, según el indicador oficial que se analice.
Por ello, desde la organización hacen un llamamiento urgente a todos los niveles de Gobierno para que se comprometan a cumplir con su obligación de garantizar los derechos de todas las niñas y niños, sin importar su condición social, características o residencia, porque «el Estado mexicano y las autoridades no pueden conformarse en intervenir solamente en situaciones de emergencia o de vulnerabilidad, pobreza o abandono».
Igualmente, exigen que se cumplan los compromisos que el Estado ha asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia temática celebrada el 6 de marzo de 2020, y a que se avance con urgencia en las tareas del Grupo de Trabajo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Violencia Armada, que fue presentada el 15 de febrero 2021, a solicitud de Redim y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Especialmente, deben crear una comisión especial para atender a la niñez indígena participante de las guardias comunitarias indígenas en el Estado de Guerrero.
