La Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, acompañada por Lía Limón, abogada y exdiputada, y las organizaciones Save the Children, REDIM y GIRE, han promovido una demanda de amparo directo para 37 guarderías infantiles, y un buen número de madres, afectadas por el recorte presupuestario de más de 2000 millones de pesos (93 millones de euros) acordado por el Gobierno de México.
Hasta diciembre del pasado año, las guarderías (estancias) infantiles contaban con un programa estatal para apoyar a las mujeres trabajadoras con menores ingresos, lo cual les suponía una gran ayuda dada la precariedad de los sueldos que reciben, bastante menor que los de los hombres, por supuesto, y que no llegan a superar los 2000 pesos (94 euros) a la semana (cobran por semanas o quincenas) en el mejor de los casos. A la vez, eran beneficiarias las madres con empleos precarios o cuyos ingresos provienen de la informalidad. Es decir, de pequeños negocios de venta en la calle, una actividad extendida por todo el país.
Argumentan los siguientes puntos:
- Incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, en materia de derechos humanos, como las de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de los niños, niñas y padres de familia, y así como el principio del interés superior del menor, en particular en lo que se refiere a los niños cuyos padres no están afiliados al sistema de seguridad social.
- Violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a los niños con discapacidad cuyos padres no están afiliados a un sistema de seguridad.
- Violación a los derechos a la salud, educación, trabajo, así como sus garantías de no regresión, igualdad entre hombres y mujeres y protección al interés superior del menor.
- Omisión de realizar un test de proporcionalidad sobre la idoneidad de la medida propuesta por el Gobierno de entregar los recursos directamente a los padres.
- Violación a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad por falta de fundamento y motivación.
El Gobierno responde
Ante las protestas que surgieron desde el primer momento, el nuevo equipo se apresuró a asegurar que las guarderías adscritas a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) seguirán ofreciendo respaldo a madres y padres “a través de una estrategia nacional que cumplirá cabalmente lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil atendiendo el principio de interés superior de las niñas y los niños”.
Justifican la reducción del presupuesto debido “al trato discrecional en las asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes” en los gobiernos anteriores.
Aseguran haber hecho una auditoría de 2017 a 2018 según la cual, Sedesol no acreditó la admisión de más de 300 estancias; no atendió a su población objetivo; no acreditó la capacitación a más de 20 000 responsables de estancias; y tampoco acreditó que 659 estancias (7 % del total) contaran con el documento que formaliza la entrega de subsidios.
Dicen tener comprobado que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos. E, incluso, una sola persona llegó a contar con “redes” de estancias, en ocasiones con la intervención de personas allegadas y que el gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca recibieron las ayudas.
Los motivos que arguyen para los cambios de criterio incluyen “dejar atrás el paternalismo y transitar hacia el reconocimiento de personas que toman sus propias decisiones en total libertad”; entregar directamente los apoyos a los padres, priorizando a los más necesitados, como los niños indígenas o con discapacidad, y que quieren liminar trámites “que propician corrupción y trato discrecional”.
También han hecho públicas las cantidades que recibirán los progenitores bimestralmente: 1600 pesos (74,50 euros) por cada niño de entre 1 y 3 años; otros 1600 solo los indígenas de entre 1 y 4 años, y 3600 (167,50 euros) los que tengan alguna discapacidad, y hasta los 4 años.
Las asociaciones disienten
Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, afirma que los recortes “son un acto de discriminación institucional” que afecta a los niños más pobres, y que la reducción de los 2000 millones de pesos, un 50 % respecto a las cifras anteriores, no van a poder cubrir las necesidades de las cerca de 400 000 criaturas residentes en los lugares de mayor pobreza.
Recuerdan que este programa surgió hace una década con serios cuestionamientos por las condiciones de precariedad y calidad iniciales; a través de diversas evaluaciones, constancia en la inversión pública y certificación de las estancias infantiles, se fueron mejorando los servicios.
También destacan que una parte importante de la población beneficiada son madres de quince años sin acceso directo a los servicios de seguridad social y que pertenecen a hogares con un ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar, y que podría afectar a más de tres millones de personas.
Por último, Redim recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador que, además de Jefe del Estado Mexicano, también es presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA), y que está obligado a cumplir con el interés superior de la niñez en todas sus decisiones, como lo establece el artículo 4o Constitucional, y que es en ese organismo donde se tiene que construir la política pública a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
A mediados de febrero, Oxfam México, GIRE y Save the Children hicieron un llamamiento al Gobierno para que reconsidera la decisión anunciada sobre la sustitución del Programa de Estancias Infantiles, pues creen que esa medida aumenta la desigualdad de oportunidades y pone en riesgo el derecho de la infancia a la educación inicial.
En México hay alrededor de 13 millones de niñas y niños de cero a cinco años. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en los próximos seis años nacerán casi 12,6 millones, lo que significa que al Gobierno actual le corresponderá garantizar los derechos de casi 26 millones de niños en la etapa de primera infancia, incluyendo la educación inicial y el acceso a la seguridad social.
La asistencia a una guardería en el primer año de vida triplica la probabilidad de que los pequeños tengan un desarrollo adecuado a su edad, de acuerdo con un estudio elaborado por expertos en neurodesarrollo con casi 500 000 niños de en 9000 estancias. Por este motivo, las organizaciones consideran que la decisión de recortar el presupuesto y transferir directamente los recursos a las madres y padres para que decidan cómo utilizarlos, pone en riesgo los derechos de la niñez.
En la actualidad, Save the Children apoya 170 Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano. Según un censo reciente efectuado por la organización, 50 de estos centros, que recibían el subsidio del Programa de Estancias Infantiles, han registrado una baja del 21 % de matriculaciones desde diciembre a febrero de 2019. De mantenerse esa tendencia, podría suponer el cierre de los centros, lo cual impactaría negativamente en los derechos de la niñez y de las mujeres, a la vez que significaría el desmantelamiento de un tejido social que costó muchos años de construcción.
