El fenómeno de las desapariciones de personas en El Salvador continúa a pesar de que el régimen de excepción, la política gubernamental de detenciones masivas, pareciera que ha desarticulado a las pandillas, las mayores responsables de esos hechos en la posguerra, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
Hay además indicios de que, en el contexto de esa estrategia, al menos una persona ha desaparecido a manos de agentes del Estado, lo cual representaría un oscuro recuerdo, y acaso un retroceso, a los años de la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 a 1992.
El conflicto en ese país centroamericano dejó 75.000 personas asesinadas y unas ocho mil desaparecidas.
«Hemos documentado un caso con esas características, se trata de un joven, desaparecido en septiembre de 2022, ya en pleno régimen de excepción», explicó a IPS el abogado Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
«Las últimas personas con las que fue visto fueron agentes de la Policía Nacional Civil. No está preso, no está procesado (registrado en los tribunales), está desaparecido», añadió.
En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele impulsó el régimen de excepción, aún vigente, con el que inició una lucha frontal contra las pandillas, las organizaciones criminales conocidas también como «maras».
Las autoridades de seguridad han encarcelado desde entonces a unas 70.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, aunque se han confirmado variadas capturas arbitrarias de gente sin vínculos con esos grupos criminales.
En todo caso, un importante porcentaje de los detenidos, cuya cifra se desconoce, ha sido encarcelado arbitrariamente, de acuerdo a varios reportes de organizaciones de derechos humanos que han investigado esos hechos.
Por su parte, el gobierno ha liberado ya a unas cinco mil personas detenidas, al poder demostrar que no tenían participación en pandillas.
Persisten las desapariciones
Y a pesar de que las pandillas han sido golpeadas y han dejado de tener presencia territorial, las desapariciones continúan en El Salvador, aunque se entiende que en menor escala, en la medida en que las maras han sido anuladas.
Hay que considerar que otros actores del crimen organizado también han desaparecido a personas.
Ha habido además feminicidios en los que los asesinos enterraron los cuerpos de las víctimas, como el caso de María Flor García, de 33 años, extraviada en marzo de 2021.
Un caso muy sonado, en pleno estado de excepción, ha sido el de Paola Arana, de dieciocho años.
Ella salió de casa, en las cercanías de Ciudad Delgado, al norte de San Salvador, el 26 de mayo de 2022, dos meses después de que comenzaron las redadas policiales, y no regresó más.
Arana había sido detenida el 26 de abril por presuntamente pertenecer a pandillas, y pasó un tiempo en prisión pero fue dejada en libertad posteriormente al no encontrarse evidencias en su contra.
Previo al régimen de excepción, cuando el gobierno salvadoreño ya se vanagloriaba de ir reduciendo la ola de homicidios en el país, las familias seguían reportando a parientes desaparecidos.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos reveló en abril que 2022 registró 306 casos activos de personas desaparecidas, según la información que le proveyó la policía.
Sin embargo, si bien la policía brindó el dato consolidado, el Observatorio advirtió que debido a que el gobierno mantiene en reserva el detalle de esa información, se desconoce si esos casos son nuevos, es decir, generados en 2022, o son parte de los expedientes acumulados de años anteriores.
En otro estudio, publicado en junio, Fespad analizó el fenómeno de las desapariciones durante buena parte del actual periodo del presidente Nayib Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019. El informe abarcó desde enero de 2019 a junio de 2022.
Esa organización estimó que 6443 personas fueron desaparecidas durante ese periodo, mientras que unos 2397 casos, se mantienen activos, sin resolverse, en la Fiscalía General de la República.
Se entiende que el resto de los casos fueron resueltos por las autoridades y colocados en las categorías de «encontrados con vida» y «encontrados sin vida», entre otras.
El estudio de Fespad también advirtió que las cifras son estimaciones a partir de varias fuentes, incluyendo declaraciones de funcionarios.
También se desconoce si las cifras surgidas de fuentes oficiales, como la policía, están actualizadas, debido a las restricciones a la información.
