A quienes hemos conocido y tratado a generosos y honrados dirigentes históricos de la UGT, nos ha dolido que el calificativo histórico -aplicado en el pasado a militantes que perdieron su vida, sufrieron exilio y cárcel por defender la libertad sindical y política- haya sido empleado con José Ángel Fernández Villa, a raíz de hacerse pública la investigación que la Fiscalía Anticorrupción le sigue desde hace más de un año por haber ocultado a la Hacienda Pública casi millón y medio de euros.
Según se ha podido saber ahora, Villa, de 71 años, notificó estos fondos en el marco de la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno en marzo de 2012 y la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación sobre el origen del capital, según señalan fuentes cercanas al caso, tal como se hizo con el banquero recientemente fallecido Emilio Botín. Las diligencias de investigación se han prorrogado en una ocasión y volverán a ampliarse en los próximos meses a medida que se acumulen nuevos indicios sobre el presunto origen delictivo del dinero.
Que se sepa, los únicos ingresos conocidos de Fernández Villa corresponden a su actividad como sindicalista, llevada a cabo a los largo de los últimos treinta y cuatro años como secretario general del Sindicato de Obreros Mineros Asturianos (SOMA), sus cargos como diputado regional y senador del PSOE por Asturias, y su pertenencia al Consejo de Administración de la empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa), según la base de datos Informa.
Se cumple este mes, en estas mismos fechas, el octogésimo aniversario de la Revolución de Asturias, aquel trágico y épico episodio protagonizado por la alianza obrera entre UGT- SOMA, la CNT y otras organizaciones proletarias, que combatió la posibilidad del fascismo en España -tal como había ocurrido en otros países europeos- con la entrada de la CEDA de Gil Robles en el gobierno de Alejandro Lerroux durante el llamado bienio negro. La fallida intentona se saldó con una brutal represión, que dio al traste bajo la dirección de Franco con los afanes emnacipadores de los insurrectos, condenados por su aislamiento a una derrota previsible. Autores como David Ruiz o Julián Casanova cifran en más de un millar las víctimas mortales entre los revolucionarios y trescientas entre las fuerzas de seguridad y el ejército. Otros historiadores hablan de más de dos mil, con entre 200 y 300 muertos por parte de las fuerzas armadas. El número de encarcelados se acercó a los 40.000 y miles de obreros perdieron sus puestos de trabajo.
No puedo evitar hacer balance de esta memoria -también olvidada o tergiversada en nuestros días-, con las incuestionables diferencias históricas que separan aquellas circunstancias de las actuales, al leer en los titulares de los periódicos el lamentable caso del líder histórico Fernández Villa. La celeridad del PSOE y la UGT en expulsar a este militante no evita la espesa y nefasta densidad de una nueva mácula sobre la trayectoria de los sindicatos y partidos mayoritarios, recientemente afectados por el asunto de las tarjetas negras de Caja Madrid y Bankia.
Dejemos el calificativo histórico, por favor, para aquellos dirigentes y militantes socialistas que se lo merecen por haber sido coherentes con su ideario hasta el extremo de jugarse la vida en el empeño. Quienes, muy al contrario, se sirvieron de esa historia de luchas en pro de la emancipación obrera para hacer el mismo tipo de sucias granjerías que potentados banqueros y honorables presidentes, solo pueden merecer el mayor de los desprecios. El mismo que el régimen de corrupción e impunidad que ha propiciado tan degradante paso a la historia de la ignominia de un secretario general del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, aquel que con los anarcosindicalistas y comunistas hizo posible en esa región hace ochenta años la UHP (Unión Hermanos Proletarios).
