La periodista saharaui Nazha El Khalidi vio aplazado su juicio al 24 de junio tras la decisión adoptada este 20 de mayo de 2019 por el Tribunal de El Aaiún, donde iba a ser juzgada por grabar una manifestación. Se enfrentaba a dos años de cárcel y una multa de 120 dirhams (11 euros) a 5000 dirhams (460 euros) acusada de “usurpación de la profesión” por no tener un título oficial.
Es el segundo aplazamiento tras la decisión ya adoptada en marzo de 2019 de pasarlo a este 20 de mayo. La decisión viene motivada por inspeccionar su teléfono móvil.
El Khalidi, de 27 años, es miembro del colectivo Equipe Media y corresponsal de RASD TV, cubrió el 4 de diciembre de 2018 una manifestación convocada a raíz de la reanudación de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra para resolver el conflicto en el Sahara.
Según declaró la informadora: “la gente salió a la calle para manifestar su apoyo a la resolución del conflicto. Yo estaba grabando en la avenida Smara; no duré allí ni cuatro minutos cuando me detuvieron, me golpearon y me llevaron a la fuerza a un coche de policía. Estuve en comisaría horas, sufriendo malos tratos y bajo interrogación”.
En comisaría fue interrogada y maltratada durante cuatro horas sin que se le informara sobre los cargos. Se le confiscó el teléfono móvil y no le fue devuelto. Ese mismo día fue puesta en libertad
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) había denunciado la aplicación del artículo 381 del código penal marroquí que alude a esa supuesta usurpación de funciones de la profesión.
Para la ONG, la invocación de este artículo “es incompatible con la obligación de Marruecos de respetar el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, garantizado por la declaración universal de derechos humanos”.
También mostraron su solidaridad con la periodista saharaui la sección española de Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y diferentes ONG escandinavas.
Previamente al juicio, el domingo 19. cinco abogados españoles, acreditados por el Consejo General de Abogacía Española: María Dolores Travieso y Ruth Sebastián García de Canarias, Lourdes Baron y Ramon Campod, de Aragón y Mohamed Taleb Buya de Madrid, así como dos observadores noruegos de la ONG Rafto for Human Rights, Kjersti Brevik y Vegard Fosso, fueron deportados de Marruecos desde el aeropuerto de El-Aaiún.
Su intención era ejercer de observadores en el proceso judicial, pero las autoridades marroquíes no les permitieron asistir por lo que fueron trasladados a Casablanca para su posterior expulsión.
