España no cumple el Convenio de Estambul
El partido verde EQUO señala que las cifras contabilizadas por el Ministerio del Interior de España respecto a violaciones muestran que lo ocurrido estos días durante las fiestas de San Fermines no es un hecho aislado, porque los datos arrojan 9040 violaciones denunciadas desde 2009 a 2015.
Ante esto hechos desde EQUO se reclama la aplicación inmediata del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer firmado en 2011 y que entró en vigor en España en agosto de 2014 con el compromiso por parte del ejecutivo de llevar “a cabo las modificaciones que sean necesarias en su ordenamiento jurídico interno a los efectos de la aplicación del Convenio en su totalidad”. El convenio es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y el tratado internacional de mayor alcance estableciendo una tolerancia cero.
A pesar de ello, en España, tal como ha sido denunciado por numerosas plataformas y organizaciones feministas queda mucho camino para conseguir una ley integral contra la violencia machista que recoja todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas las agresiones sexuales. Se trata no sólo de actuar y reaccionar cuando se produzca la violencia contra las mujeres, sino que debe incluir políticas de prevención y educación que permitan actuar sobre las causas de la violencia machista.
Para la coportavoz de EQUO Rosa Martínez “cuando una mujer es agredida, golpeada o asesinada por el simple hecho de ser mujer estamos hablando de violencia machista, y esta realidad cotidiana de miles de mujeres no se recoge específicamente en nuestras leyes. Reconocerla, tipificarla y actuar contra ella es la única manera de prevenir y actuar contra sus causas”.
El convenio de Estambul ratificado por España contempla como delito la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto implica que España debe introducir en su sistema jurídico estos delitos.
