El congreso de los diputados ha aprobado por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá votar a 100 000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo en España.
La propuesta, impulsada por el PSOE procurará que, tras su aprobación en el Parlamento, se tramite en el Senado con la suficiente celeridad como para que estas personas puedan optar al sufragio universal en las próximas elecciones de la Comunidad Andaluza, convocadas para el 2 de diciembre. Con este tratado, el Estado garantiza el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación, tanto política como pública.
Con esta ley, ni jueces ni tribunales podrán decidir si una persona reúne las condiciones necesarias para ejercer su derecho al voto. Esta ley ha suprimido los apartados del artículo tercero en donde rezaba la frase; «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme así como los internados en un hospital psiquiátrico, con autorización judicial durante el período que dure su internamiento. Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera».
«La democracia, justo en el 40 aniversario de la Carta Magna, va a incluir a todas las personas», ha celebrado Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), promotor desde hace quince años de una revisión legal.
La impulsora de esta acción ha sido Mónica Silvana en la Asamblea de Madrid, actual responsable del área de Movimientos sociales y diversidad del PSOE. Con ello España es el octavo país de la Unión Europea que reconoce el sufragio universal y no aplica restricciones por razón de discapacidad junto con Austria, Croacia, Holanda, Letonia, Italia, Reino Unido y Suecia.
