España aportará 32.599.650 euros a programas y fondos internacionales

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este 21 de julio de 2020 autorizar contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 32.599.650 euros, gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en el primer semestre del año.

Este presupuesto se asigna a las siguientes diecisiete organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional:

Organización Mundial de la Salud (OMS)
3.250.000 euros

La OMS es el organismo de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.

La contribución propuesta para este año financiará las líneas del organismo más estrechamente relacionadas con la mitigación del impacto de la crisis del COVID 19 en los países socios, con énfasis en el fortalecimiento de sus sistemas de salud. Asimismo, se mantendrá el apoyo a otros programas del organismo con los que viene colaborando la cooperación española, relacionados con otras enfermedades que también requieren atención en el contexto actual.

Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.531.650 euros.

La OPS es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y es la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, la OPS se encarga de las emergencias y desastres en la región de América Latina y el Caribe.

La aportación contribuirá a desarrollar, entre otras, acciones relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países ricos, así como acciones de respuesta a emergencias y desastres naturales y, específicamente, las vinculadas a la crisis del COVID. En la contribución también se incluyen sendas líneas de apoyo al «Plan de Cooperación Técnica de inmunización integral de la familia en Venezuela» y al proyecto «Mejora de la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud en Paraguay».

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
5.018.000 euros.

UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo.

La contribución de este año se orientará hacia los programas y acciones, que contribuyan a paliar los efectos de la crisis del COVID en los países socios, tales como reducir la transmisión y mitigar los efectos colaterales de la pandemia, garantizar la continuidad de servicios sanitarios esenciales para niños/as, mujeres y poblaciones vulnerables; garantizar la continuidad de los servicios educativos y de protección social de los niños y niñas, asegurar el acceso a los servicios relacionados con la violencia por razón de género, perturbados por la pandemia, y recogida y análisis de datos sobre los efectos secundarios de la crisis en los/as niños/as y las mujeres.

Además, se proponen dos líneas específicas de colaboración con UNICEF en el ámbito de agua y saneamiento en Brasil y Filipinas, así como una línea específica para la ejecución de un proyecto en Brasil, dirigido a la comunidad indígena local y a la población migrante venezolana.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
2.750.000 euros.

El FNUAP es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva que trabaja junto a gobiernos, socios y otras agencias del sistema de las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 3 sobre salud y bienestar y el 5 sobre igualdad de género.

La contribución de este año se orientará principalmente hacia los programas y acciones que contribuyan a paliar los efectos de la crisis COVID en los países socios, centrando esfuerzos en áreas de intervención que incidan especialmente en reducir la transmisión y mitigar los efectos colaterales de la pandemia en los sistemas de salud, garantizar la respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva, fortalecimiento de los sistemas de salud, (iv) la adquisición y entrega de suministros, la protección y respuesta contra la violencia de género, y la evaluación de necesidades.

En la contribución también se propone una línea para el proyecto «Mejora de la capacidad de respuesta institucional a la trata de personas y delitos conexos en Paraguay».

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
2.800.000 euros.

La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo último poner fin al hambre en el mundo, lograr la seguridad alimentaria y garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para todos.

La contribución de este año se orientará hacia los programas y acciones que puedan contribuir a paliar los efectos de la crisis COVID en nuestros países socios tales como asegurar la producción de ganadería y agricultura, evitar rupturas de cadenas y canales de distribución de alimentos; asegurar acceso a productos frescos y de calidad; trabajar en temas relacionados con la inocuidad de alimentos y mercados locales/ferias libres; agricultura familiar; alimentación con enfoque de derechos humanos, incluyendo a todas las poblaciones, atenuación del impacto de la crisis en la población rural y en concreto en las comunidades de ganaderos y pastores, entre otros.

Además, se apoyará el proyecto de reforma y desarrollo de los mercados, cadenas de valor y asociaciones de productores en el sector agrícola en Palestina y se propone una aportación para financiar el Proyecto de apoyo a la alimentación escolar sostenible vinculada a la protección agrícola en Haití.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
250.000 euros.

La OIT es la agencia de las Naciones Unidas para el mundo del trabajo. Establece las normas internacionales del trabajo, promueve los derechos en el trabajo, y favorece la creación de oportunidades de empleo decente, la mejora de la protección social y el fortalecimiento del diálogo sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo.

La aportación propuesta permitirá contribuir a la recuperación de medios de vida y transición hacia el empleo decente de 130 trabajadores/as independientes afectados por el impacto socioeconómico del COVID-19 en un distrito de la ciudad de Lima.

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
1.000.000 de euros.

La SEGIB, que presta apoyo institucional y técnico permanente a la Conferencia Iberoamericana de la que forman parte los veintidós países iberoamericanos, tiene como objetivos fortalecer la Comunidad Iberoamericana y asegurar su proyección internacional; promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, valorando la diversidad entre sus pueblos; apoyar la preparación de las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y dar cumplimiento a sus mandatos, e implementar y fortalecer la Cooperación Iberoamericana.

La aportación propuesta permitirá principalmente la implementación del II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (PACCI), prestando especial atención a las líneas que puedan ser más pertinentes en el contexto de la crisis del COVID-19, para fortalecer el espacio iberoamericano como espacio de encuentro y de cooperación horizontal en el que compartir experiencias y lecciones aprendidas de cara a la crisis del COVID-10. Asimismo, se prevé la financiación de acciones dirigidas al fortalecimiento de la Conferencia Iberoamericana, clave en la efectiva implementación del PACCI.

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
200.000 euros.

La COMJIB es una organización de carácter intergubernamental creada en 1992 por el «Tratado de Madrid», que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los países de la Comunidad Iberoamericana.

La aportación propuesta permitirá reforzar, en el marco de los desafíos que plantea la crisis del COVID-19, la cooperación jurídica iberoamericana, así como el papel de coordinación de la Secretaría General de la COMJIB en la transferencia de know-how y experiencias de los distintos países en el sector justicia durante la crisis del COVID-19, reconocido por el Ministerio de Justicia de España en carta de 3 de abril de 2020 dirigida al secretario general de COMJIB.

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
30.000 euros.

El CLAD es un organismo internacional que tiene como misión promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regiones.

La contribución financiará acciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe, facilitando mejoras en políticas públicas a favor del desarrollo humano sostenible en la región.

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)
2.000.000 de euros.

UNRWA nació en 1949, con el objetivo de ofrecer ayuda de emergencia y programas de asistencia social a la población palestina refugiada. Su misión actual es ofrecer asistencia y protección a los refugiados palestinos que actualmente habitan en campamentos de Jordania, Siria, Líbano y Palestina, a la espera de una solución a su estatus.

A la recurrente crisis de financiación que atraviesa UNRWA, agravada tras la negativa estadounidense a financiar a la Agencia en 2018, se ha unido la pandemia mundial provocada por el COVID-19 y su fuerte impacto tanto en los servicios de salud, como en los medios y condiciones de vida de la población refugiada. Por ello, UNRWA ha realizado un llamamiento de emergencia ante la situación actual. Las consecuencias sobre la viabilidad económica de UNRWA pueden ser de un alcance imposible aún por determinar, por lo que resulta prioritario mantener la contribución española a la organización.

La aportación se destinará al mantenimiento de los gastos corrientes de UNRWA para el buen funcionamiento de los servicios de educación, salud y programas sociales, ofrecidos por la Agencia de Naciones Unidas a la población refugiada en Palestina y países de acogida.

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres)
350.000 euros.

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Como respuesta a la pandemia, la aportación contribuirá al Programa SAWASYA II (Palestina), para el acceso a la justicia y mejora de la seguridad de las mujeres en Palestina, a través de la prestación de servicios sensibles al género, combatir la discriminación institucionalizada y mejorar el acceso a la justicia, los servicios de protección a mujeres y niñas y las capacidades de las instituciones públicas responsables.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
70.000 euros.

El PNUD es el organismo mundial de las Naciones Unidas que respalda los procesos que se llevan a cabo a nivel nacional para acelerar el progreso en materia de desarrollo humano, para erradicar la pobreza mediante el desarrollo, el crecimiento económico equitativo y sostenido y el fomento de las capacidades, logrando mejoras reales en las vidas de las personas y en las opciones y oportunidades de las que disponen.

La contribución incluirá una línea de financiación para el sostenimiento del Grupo de Donantes para la Eficacia de la Ayuda en Etiopía (DAG), cuyo objetivo último es facilitar la coordinación y armonización entre donantes y el diálogo de políticas con el Gobierno etíope.

Asimismo, se contempla otra línea para apoyar al PNUD en las labores de Secretariado del G15 en Senegal, que es el grupo que representa a los socios técnicos y financieros presentes en Senegal para armonizar sus intervenciones de acompañamiento a la ejecución de las prioridades nacionales en materia de desarrollo, así como para llevar de forma ordenada un diálogo conjunto entre el Gobierno de Senegal y los actores de cooperación para el desarrollo, de los que España es uno de los principales impulsores.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
350.000 euros.

La OCDE es un foro relevante en lo que a gobernanza se refiere y en el que los gobiernos pueden trabajar compartiendo experiencias y soluciones a problemas y España un país con trayectoria muy activa en este foro. España ha sido y es país clave y sólido en el apoyo del dialogo regional OCDE-países MENA en el marco de la Gobernanza desde el año 2004, participando muy activamente en el Programa Regional Gobernanza de la OCDE

La contribución de este año se orientará hacia aquellas acciones concretas del organismo que, sin perder de vista los objetivos anteriores, contribuyan a paliar los efectos de la crisis del COVID en el país.

El proyecto actual que se propone: «Hagamos de los ciudadanos y de los jóvenes, aceleradores/dinamizadores de la modernización de la administración local marroquí» de dos años de duración (2020-2021).

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)
9.000.000 de euros.

OCHA es el departamento de la Secretaría General de las Naciones Unidas responsable de coordinar a los actores humanitarios para garantizar una respuesta coherente a las emergencias, para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.

Esta aportación constituye una contribución anual regular en la planificación de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID desde hace más de diez años. Este año se hace especialmente relevante el rol de coordinación que OCHA está ejerciendo en la respuesta a la crisis del COVID-19, en el marco del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria al COVID-19. OCHA está trabajando estrechamente en todo el sistema de Naciones Unidas, con los Estados miembros de la ONU y el sector privado para garantizar que haya fondos y equipos disponibles para luchar contra COVID-19 en los países más vulnerables del mundo.

Por otra parte, OCHA tiene entre sus competencias actuar como administradora del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), que incluye un componente de subvención sobre la base de contribuciones voluntarias, como un instrumento para mejorar la respuesta del sistema humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
2.600.000 euros.

El Estatuto del ACNUR estipula que el Alto Comisionado, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección internacional, bajo los auspicios de Naciones Unidas, a los refugiados que se encuentren en el ámbito de actuación del Estatuto y de buscar soluciones permanentes para el problema de los refugiados ayudando a los gobiernos y, con la aprobación de los gobiernos afectados, a organizaciones privadas para facilitar la repatriación voluntaria de los refugiados, su integración en las nuevas comunidades nacionales o su reasentamiento en terceros países. España es miembro del Comité Ejecutivo del ACNUR desde 1994.

La contribución busca financiar los programas de este organismo en los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (a través del apoyo en el sector salud y en sus servicios de seguridad, que resultan absolutamente esenciales para los actores humanitarios presentes en los campamentos); en el Líbano (dando continuidad a un programa de protección con asistencia en efectivo dirigido a la población siria refugiada en el país); en Níger (en el sector de protección de las comunidades de acogida y población maliense refugiada en las regiones fronterizas con Mali); en Venezuela (apoyando el enfoque de protección y la asistencia y prevención del desplazamiento en los estados fronterizos con Colombia, a través de la adecuación de un espacio de alojamiento colectivo temporal y asesoramiento jurídico y migratorio); en Colombia (en el sector de protección y asistencia humanitaria a población venezolana refugiada y migrante en el país, población colombiana retornada, desplazada internamente y comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad), y en el Norte de Centroamérica (apoyando la labor de protección de las personas con necesidad de protección internacional, garantizando espacios seguros y asistencia a lo largo de las principales rutas migratorias).

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
100.000 euros.

UNDRR es el punto focal designado en el sistema de las Naciones Unidas para la coordinación de los esfuerzos internacionales en la reducción del riesgo de desastres, guiando, monitoreando e informando sobre el progreso en la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

La contribución que se propone tiene el objetivo de acelerar la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, en particular, pretende incidir en el incremento de información sobre el riesgo para la toma de decisiones.

Un vacío importante para alcanzar esta meta es la falta de una versión en español de la Guía de la palabra a la acción «Desarrollo de estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres». A través de esta aportación se pretende contribuir a la elaboración de la edición en español de esta guía, junto con otros documentos complementarios, con el objetivo de proporcionar orientación para la elaboración de planes nacionales y, por lo tanto, contribuir a la meta e) del Marco de Sendai.

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
1.300.000 euros.

El PMA es un programa de la Organización de las Naciones Unidas con la misión de apoyar todos los esfuerzos para reducir el hambre y la pobreza, fundamentalmente, a través del apoyo logístico para garantizar la distribución de alimentos a la población con mayor necesidad.

Ante la emergencia sin precedentes que supone el COVID-19, es esencial minimizar su impacto en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, apoyando las operaciones del PMA y proporcionando los recursos necesarios para abordar la necesidades alimentarias y nutricionales de los 87 millones de personas vulnerables a las que este organismo presta asistencia.

Para ello, se propone financiar intervenciones concretas del PMA en el Sahel (Mali y Níger), Palestina y Guatemala, en el sector de seguridad alimentaria y nutrición. Igualmente, en Mali y Níger, dado el contexto de inseguridad, se apoyará la provisión de servicios aéreos humanitarios que proporciona el PMA, clave para proporcionar a las ONG, a las agencias de la ONU, a los donantes y a las misiones diplomáticas un acceso seguro, eficaz y eficiente a la población beneficiaria y a los lugares de ejecución de proyectos, así como el transporte de carga ligera (como suministros médicos, alimentos de alta energía y equipos de información y telecomunicaciones) y asegurar la evacuación del personal humanitario en caso de necesidad.

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