Amnistía Internacional ha valorado la retirada, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del País Vasco 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1999, anunciada en el Consejo de Ministros del 3 de agosto de 2018.
Amnistía lleva años denunciando que las víctimas de tortura y malos tratos en España no son atendidas de acuerdo al derecho internacional. “El Estado no investiga ni deja que se investiguen este tipo de delitos, y tampoco presenta medidas de reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Cuando las Comunidades Autónomas, como el País Vasco o Navarra, han adoptado iniciativas a favor del reconocimiento y reparación de las víctimas de estos delitos, el Gobierno central las ha obstaculizado, sin proponer medidas alternativas que visibilicen y avancen en la reparación de las víctimas, contribuyendo a consolidar la impunidad ante este tipo de violaciones de derechos humanos”, asegura Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional en España.
Aunque la organización valora la pertinencia de iniciativas autonómicas en el reconocimiento de las víctimas, como la ley del País Vasco 12/2016, Amnistía Internacional considera que debe haber un marco legislativo a nivel estatal que garantice que todas las víctimas de tortura y malos tratos disfrutan de todos sus derechos, incluido el acceso a justicia y reparación, sin limitaciones geográficas o temporales.
Además, la retirada del recurso acordada en el pasado Consejo de Ministros viene acompañada de un acuerdo entre el gobierno central y el vasco para que la ley sea objeto de una serie de modificaciones. Tal y como aseguró el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka el pasado 24 de julio, algunas de las modificaciones de esta ley acordadas pretenden garantizar que no se invaden competencias del poder judicial o salvaguardar los derechos al honor y a la presunción de inocencia.
“En cualquier caso, la reforma de la Ley del País Vasco 12/2016 debe seguir teniendo como referencia el derecho internacional de los derechos humanos y debe avanzar en la promoción de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos”, concluye Álvarez.
Por otro lado, la organización lamenta la anulación parcial por el Tribunal Constitucional de la Ley Foral 16/2015, del Parlamento y Gobierno de Navarra, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, arguyendo entre otras cuestiones que esta ley invade competencias propias del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios de sus preceptos, en una sentencia dictada el pasado 19 de julio. Amnistía Internacional ha lamentado que con este recurso, se impida que las comunidades autónomas tomen este tipo de iniciativas por considerar que se extralimitan en sus competencias, pero tampoco se presenten medidas de reparación y garantías de no repetición para las víctimas de este tipo de delitos.
Negación de la tortura en España
Tanto Amnistía Internacional como diversos mecanismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, llevan décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, y en concreto en el País Vasco, cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vía pública, en dependencias policiales, y dentro del contexto de la lucha antiterrorista, que no han sido debidamente investigadas o sancionadas.
Una práctica, atenuada en los últimos años, que no puede considerarse superada, ni esporádica, donde la ausencia de investigaciones exhaustivas contribuye a invisibilizar aún más a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. De hecho, desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas sobre alegaciones de tortura formuladas por personas detenidas en régimen de incomunicación. La última de ellas, de febrero de 2018, por primera vez llevó al tribunal de Estrasburgo a considerar que España había vulnerado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos también en su vertiente material, al concluir que Portu y Sarasola habían sufrido malos tratos durante su privación de libertad.
Amnistía Internacional presentó en septiembre de 2017, tanto al Gobierno central como al vasco, su informe “sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura”, en el que denunciaba cómo España sigue sin atender, conforme a sus obligaciones internacionales, a las víctimas de tortura y malos tratos. Este informe también señala que el derecho internacional reconoce la posibilidad de buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a través de diferentes mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales.
Finalmente, la Ley del País Vasco 12/2016 fue objeto de un informe elaborado en abril de 2017 por Fabián Salvioli, actual relator de Naciones Unidas para la Promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, quien afirmó que esta ley estaba en consonancia con la normativa y estándares internacionales en materia de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos.
